En el 2017 se aprobó una ley que dispone el uso de pulseras o tobilleras electrónicas para personas procesadas o privadas de su libertad, esto con el objetivo de reducir la población carcelaria. A seis años de ser sancionada, la legislación aún no fue reglamentada y por ende no puede ser aplicada, por lo que piden dar celeridad a esta etapa. “No sé por qué se dan tantas vueltas”, expresó el abogado Óscar Tuma, impulsor del mencionado proyecto.
“Fue un proyecto que presenté en su oportunidad con otro diputado, eso se convirtió en ley pero hasta ahora y después de que pasaron seis años, no se está reglamentando y es súper necesario porque en primer lugar se descomprimen las correccionales las que hoy están totalmente saturadas”, manifestó el exdiputado en conversación con la 650 AM.
La Corte Suprema de Justicia es la institución encargada de reglamentar la mencionada legislación, sin embargo, hasta la fecha no hubo avances en la misma por lo que piden que se trabaje en ella puesto que ya pasó demasiado tiempo. “Realmente no sé por qué nunca se avanzó, por esas cosas extrañas hay cosas que funcionan en el resto del mundo y nosotros hacemos que acá no funcionen”, lamentó.
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Tuma negó que la adquisición de pulseras o tobilleras electrónicas representarán un gasto adicional para el Estado, dado que se previó que la misma debe ser costeada por quien desee acceder a dicha alternativa procesal. “Quien diga que quiere la libertad ambulatoria o arresto domiciliario se hace cargo del costo de las pulseras, ni siquiera termina siendo un costo para el órgano jurisdiccional”, aseguró.
Mencionó que en el país ya se encuentran instaladas varias empresas que cuentan con dicha tecnología, por lo que no será complicado acceder a las mismas. “Es demasiado simple a mi forma de ver, es copiar el modelo que tienen los países vecinos, no sé por qué tantas vueltas tenemos que dar, somos el único país que tardamos tanto tiempo en aplicar algo como esto”, manifestó.
Actualmente es “una ficción” el arresto domiciliario, afirmó Tuma, dado que no existen la cantidad de efectivos policiales necesarios que controlen que la persona realmente cumpla con esta disposición. Con la aplicación de esta ley, se podrá realizar un monitoreo de la ubicación de la persona, y el dispositivo dará aviso al sistema de la Policía Nacional en caso de infringir el radio de movimiento permitido.
“También será un ahorro para las penitenciarías en el sentido del sustento de la alimentación y los cuidados de las personas que están recluidas, no es nada nuevo, no es nada que inventamos, es algo que se utiliza en la mayoría de los países y está demostrado que funciona”, alegó.