El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, repudió el posicionamiento que mantienen las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezado por Vicente Bataglia, quienes indican que la obligación de remitir los documentos sobre la deuda de la previsional con las empresas proveedoras de insumos y medicamentos afectaría los servicios y demoraría el pago a las mismas.
“Yo especulo que lo que quieren hacer desde el IPS es que los proveedores del Estado y el servicio de salud se den vuelta y digan que la Contraloría es un enemigo porque ahora con la excusa de que llevaron todos los documentos al Poder Judicial ellos impusieron suspender todo tipo de pago en el IPS. Ahora todo el mundo nos mirará y dirán que somos los culpables de que el IPS no tenga más servicios y de que no hayan remedios porque los laboratorios no pueden cobrar”, sostuvo.
Las documentaciones guardan relación con la millonaria deuda que ronda los 240 millones dólares, según las afirmaciones de las autoridades de la institución. Meses atrás, incluso el Ejecutivo promulgó la ley que autoriza al IPS la posibilidad de que la institución adquiera nuevos préstamos para saldar la cuenta con las proveedoras, es decir, realizar un bicicleteo.
“Desde el día uno nosotros dijimos que este proceso no puede suspender las actividades en el IPS, las entidades públicas, incluso las privadas son sujetas de controles permanentemente y que el hecho de que se les controle no impide que ellos puedan continuar su labor tradicional. Esto no puede ser, ya que nosotros no impulsamos un allanamiento fiscal que incautan para siempre”, explicó el contralor.
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“Estamos pidiendo datos específicos”
Varias organizaciones y sindicatos, pertenecientes principalmente a la previsional, mantienen una fuerte sospecha de que los recursos de la adquisición de los nuevos préstamos habrían sido utilizados para la campaña política del mandatario Mario Abdo Benítez, excandidato a la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
“Nosotros estamos pidiendo datos específicos, me atrevería a decir que esos camiones con documentos ni siquiera tienen relación con lo que se está pidiendo, porque al enviar de esa manera vuelven locos al juzgado que tiene poco funcionarios, cómo harán ellos para digitalizar todas esas documentaciones y encima advierten que si se pierden documentos es culpa nuestra, esto ya es extremo, amenazan. Todo el mundo entonces tiene miedo”, dijo Benítez mediante una entrevista en la radio 1080 AM.
“Decisión poco feliz y una burla”
El pasado viernes, desde la previsional se había montado un show mediático mediante la utilización de dos camiones para la entrega finalmente de los documentos requeridos por la Contraloría en un total de 57 cajas. El requerimiento del órgano había sido efectuado entre el 15 y 18 de noviembre del 2022.
“Es una decisión poco feliz y una burla para todos porque en primer lugar las documentaciones fueron requeridas en formato digital, no de papel original. El hecho de que ellos no tengan estos documentos digitalizados ya denota una mala administración y que no lo puedan hacer también. Esto es una superirresponsabilidad, simplemente denota la forma en que esa institución se ha manejado, hasta parece un juego”, lamentó.