Concejales de Villa Elisa urgen a la Contraloría General de la República (CGR) la fiscalización de la administración del exintendente de dicha ciudad Ricardo Estigarribia, ante las sospechas de varios hechos de corrupción. El político liberal renunció al cargo en octubre de 2022 para abocarse a su candidatura por la Concertación para la gobernación del departamento Central.

”Las instituciones encargadas deberían entrar y fiscalizar lo que nosotros no podemos hacer, es muchas veces, porque tenemos limitaciones”, expresó el edil Luis Carlos Gamarra en una entrevista en el programa “La caja negra”, emitido este martes pasado por Unicanal. Gamarra y su colega Diana Recalde habían remitido el 10 de octubre del 2022 una nota al órgano extrapoder requiriendo la realización de una auditoría específicamente al ejercicio fiscal correspondiente entre el año 2021 y el segundo cuatrimestre del 2022.

De acuerdo a los denunciantes, la administración de Estigarribia no rindió cuentas a la Junta Municipal sobre las supuestas gestiones realizadas en el 2021 con los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Ante la nula transparencia los concejales se vieron obligados a hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública encontrando de esa manera diversas irregularidades vinculadas a las obras y órdenes de pagos.

Entre las inconsistencias señaladas figura, por ejemplo, que Estigarribia habría otorgado en el 2021 una autorización irregular a la firma Ecototal SA, concesionaria del servicio de recolección de basura de la localidad, para que pueda subcontratar a otra empresa, AS Soluciones Ambientales, la cual pertenece a Ramón Agustín Mendiola, exfuncionario de la municipalidad, para que se haga cargo de la recolección de los residuos de la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar).

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El proceso fue realizado sin que la empresa subcontratada cuente con los requerimientos establecidos en el pliego de bases y condiciones para efectuar el servicio. De esta forma, la firma logró facturar un total de 6.320.160.000 guaraníes, solo en 6 meses.

“Hay una causa penal en la Fiscalía y también lo denunciamos en la Contraloría que tampoco hasta el día de hoy llegó a la municipalidad para fiscalizar para determinar lo que está mal. Esa institución hace 12 años no realiza auditorías en nuestra ciudad y casualmente el gobierno del PLRA estuvo en todo ese periodo. Incluso la Contraloría había calificado con 0 al control interno de la municipalidad. Le pido al contralor Camilo Benítez que haga su trabajo y más cuando hay denuncias concretas”, indicó Gamarra en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

El concejal del Partido Colorado detalló también que el exintendente impulsó un “modo operandi” en la municipalidad, el cual consistió en rendir cuentas respecto al uso de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) mediante documentos de contenido falso.

Detalló que Estigarribia presentaba las rendiciones de cuenta sin que las obras impulsadas durante su administración hayan culminado en el tiempo establecido. “Como ejemplo se encuentra la construcción de una muralla en la escuela Virgen del Carmen. Yo me voy en el mes de marzo del 2022 para realizar una filmación y constaté que la obra todavía no estaba, pero él ya había rendido cuentas sobre la obra en el 2021. En ese año se gastaron aproximadamente 2.000 millones de guaraníes en las obras y el mismo modo operandi hizo en todos los casos”, detalló.

Por otra parte, el concejal Luis Carlos Gamarra agregó que casi todas las adquisiciones realizadas por el municipio de Villa Elisa en el 2021 supuestamente no cumplieron con los principios y normas establecidos en la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas.

“El caso de Estigarribia llama bastante la atención porque él se instaló de forma mediática. Hay un dicho que dice que en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey”, argumentó Gamarra sobre la notoriedad que tomó el liberal durante el inicio de la pandemia del COVID-19, situación que lo motivó a lanzarse como candidato a gobernador del décimo primer departamento.

“Si hubiese hecho una buena gestión y si realmente le interesaba la salud de sus ciudadanos, él hubiese transferido los 6.650 millones al consejo local de salud que se encuentra establecido dentro de la ley de descentralización. Nosotros, no solamente durante la pandemia íbamos a estar en condiciones de poder construir una sala de emergencia en la localidad, sino construir un hospital”, detalló.

En la extensa nómina de las presuntas irregularidades figura también la sobrefacturación en la construcción de un polideportivo, el cual fue presupuestado inicialmente a G. 7.983.934.387, pero posterior a la finalización de la obra sufrió un aumento de G. 1.303.336.494, quedando finalmente a G. 9.287.270.881.

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