La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, inauguró una nueva sede de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UDEA), buscando reforzar la manera en la que se desarrollan las labores en contra de los mencionados delitos abordados por el Departamento del Ministerio Público.
“Inauguramos la nueva sede como parte del plan de fortalecimiento institucional en la lucha contra la corrupción y delitos conexos”, resaltó la titular de la Fiscalía. La administración de Quiñónez se ha enfocado en trabajar en el constante mejoramiento de los enfoques de trabajo del Ministerio Público y los refuerzos de los departamentos fiscales forma parte de esa línea de gestión que la fiscal general del Estado plantea continuar hasta el día de su salida.
La mencionada ceremonia de inauguración contó con la presencia de la fiscal adjunta de la UDEA, María Soledad Machuca Vidal y el asesor legal residente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Brian Skaret. Con la presencia del representante estadounidense también se deja entrever el constante apoyo y acompañamiento del gobierno norteamericano a la contribución del mejoramiento de la justicia y la lucha contra la corrupción.
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Sobre el punto, los representantes del FBI y la DEA ya habían destacado los resultados expuestos por la Unidad Especializada de Narcotráfico, por ejemplo, en materia de trabajos operativos e incautaciones, detenciones y condenas. Esto con el objetivo de seguir coordinando la cooperación y colaboración mutua en materia operativa y jurídica, a fin de impulsar casos contra la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Por otra parte, más allá de la renovación de la sede de la UDEA, la fiscal general del Estado había dispuesto la creación de dos unidades más en el Departamento de Delitos Económicos y Anticorrupción. El objetivo central recae en reforzar las actuaciones de la unidad especializada, aparte de modernizarla y disponer en la misma mayores herramientas para priorizar la lucha contra la corrupción.
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