Agentes penitenciarios denuncian que hace dos meses no perciben sus salarios
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El Sindicato de Agentes Penitenciarios denuncia que no perciben sus salarios desde hace dos meses y realizara movilizaciones para exigir el cumplimiento del pago de sus haberes. De acuerdo al representante de este sector, son un total de 970 funcionarios afectados; además, recordó que existe una ley de emergencia penitenciaria para paliar esta situación, que fue extendida por 6 meses más, que incluye el pago de sueldos.
“Son 970 que han dejado de cobrar y están trabajando gratis estos días. El decreto presidencial se firmó hace 15 días para ampliar 6 meses más. Aquí hubo una falencia”, indicó Modesto Báez, delegado del Sindicato de Agentes Penitenciarios, en entrevista a la 650 AM.
Mencionó que al parecer no se previeron los trámites teniendo en cuenta que solo en diciembre salió un memorando. “Creo que el 20 de diciembre salió un memorándum. No se previeron los trámites. Esta es una ley y debe salir el decreto para que se hagan los contratos y, por lo que veo, en el Ministerio de Justicia no agotaron las instancias”, explicó el delegado sindical.
Por otra parte, cuestionó que, en el caso de que a falta del cumplimiento de los salarios los funcionarios decidan dejar sus puestos, podría representar un gran riesgo para la seguridad en las cárceles. “2.500.000 por ahí ganan con descuento por jubilación y ya no están cobrando. Imaginate si esta gente que está trabajando y por falta de pago deciden dejar de trabajar, ¿qué sería de las cárceles? Además que detrás de ellos hay gente necesitada”, puntualizó.
El proyecto de ley “que amplía la vigencia de la Ley N° 6.365, que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios del territorio de la República, amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019; y establece los objetivos del plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las fuerzas públicas”, busca la continuidad del concurso de las fuerzas públicas en la seguridad y vigilancia de los establecimientos penitenciarios de la República debido a la sobrepoblación de los centros penitenciarios.
Blanqueo a Bataglia: fiscal alega desconocimiento de nueva auditoría en curso al IPS
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La desestimación de la denuncia por desfalco de G. 1 billón al Instituto de Previsión Social (IPS) por parte de su expresidente, Vicente Bataglia, generó la reacción de la Contraloría y de la propia previsional, las cuales manifestaron su sospecha ante los fuertes indicios de hechos punibles. A pesar de esto, los fiscales intervinientes se defendieron y aseguraron que se agotó la investigación.
“Yo desconozco a qué auditoría se están refiriendo, la auditoría que hace a la investigación que hicimos fue con base a las auditorías de Contraloría, esos reportes hemos argumentado fundamento por fundamento a partir de informes técnicos porque si nosotros vamos a someternos a un proceso, debemos tener elementos”, expresó el fiscal Luis Piñánez.
En contacto con “12/8″, emitido por GEN/Nación Media, el agente afirmó que desconocía que existía una nueva auditoría en curso por parte de la Contraloría a la previsional, la que también incluye a la administración de Bataglia e indicó que todos los elementos remitidos por el órgano contralor, fueron analizados durante la investigación.
“Agotamos una investigación, tomamos una conclusión y eso va a estar bajo el análisis del órgano jurisdiccional”, añadió el fiscal y aseveró que la labor del Ministerio Público no es “refrendar” lo que dicta un órgano administrativo, esto respondiendo a los cuestionamientos tanto de la Contraloría como del IPS por desestimar la denuncia.
“Esto es el resultado de los elementos en los que el Ministerio Público determinó que no existen elementos suficientes para establecer que existe una conducta punible de lesión de confianza. El juez de Garantía va a tomar la decisión, si a él le parece o no o si le da algún tipo de trámite”, sostuvo. De acuerdo a la Contraloría, durante la gestión de Bataglia se habría ocasionado un perjuicio al IPS por G. 1.630.414.082.023.
El médico Vicente Bataglia y sus exconsejeros durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 al IPS. Foto: Gentileza
Blanqueo a Bataglia: IPS entregó a Fiscalía auditoría de posibles irregularidades
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El abogado José González Maldonado, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS) lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.
González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías los pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.
Agregó que es llamativo que una auditoría del máximo órgano contralor del Estado no haya sido considerada, además. El reporte final de Contraloría General “es cuanto mínimo indicio de posible hecho punible”, recordó.
Por otro lado, el director jurídico explicó que la previsional lleva adelante en la actualidad una auditoría sobre numerosas inconsistencias, así como inexistencia de pruebas documentales en la administración de Vicente Bataglia. En ese sentido, recalcó que los agentes fiscales están obligados a tener cuenta los elementos de cargo y descargo.
El pedido de desestimación al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez. “Ellos estaban en conocimiento de que hay una auditoría pendiente”, dijo González.
El expresidente Donald Trump afirmó que en Pensilvania se están haciendo trampas nunca antes vistas y que en las redes sociales suceden “cosas muy feas”. Foto: AFP
Trump arremete y denuncia “trampas a gran escala” en las elecciones presidenciales
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Donald Trump aprovechó las irregularidades constatadas por las autoridades para afirmar que se han hecho “trampas” en las elecciones presidenciales estadounidenses, dejando entrever que podría negarse a reconocer su derrota si pierde, como hizo en 2020.
El candidato republicano se niega sistemáticamente a comprometerse a reconocer vez el resultado de los comicios.
Este miércoles denunció “trampas” a “una escala nunca vista antes” en Pensilvania, uno de los estados clave que decidirán el resultado de las elecciones del próximo martes.
La víspera afirmó en las redes sociales que suceden “cosas muy feas” en este estado y pidió a la policía que haga “su trabajo, sin tardar”.
El viernes, las autoridades judiciales de un condado de Pensilvania anunciaron la apertura de una investigación sobre un lote de 2.500 solicitudes de inscripción electoral que contenían información de identidad incorrecta.
Se están haciendo verificaciones en otros condados, según la prensa local.
Trump, empatado con la vicepresidenta Kamala Harris en las encuestas, quiere “utilizar su estrategia habitual, donde crea el caos y aviva las divisiones y el miedo”, acusó el martes Josh Shapiro, el gobernador demócrata de Pensilvania, en declaraciones en la CNN.
El expresidente perdió este estado por solo 80.000 votos frente a Joe Biden en 2020.
El 6 de enero de 2021, partidarios del Trump enardecidos por sus acusaciones de fraude asaltaron el Capitolio para intentar impedir la certificación de la victoria de Joe Biden.
El expresidente Evo Morales insistió en culpar al gobierno de su exministro Luis Arce, con quien está enfrentado por la candidatura de la izquierda oficialista para 2025. Foto: AFP
Bolivia: Evo Morales exige renuncia de ministros del gobierno de Luis Arce tras atentado
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El expresidente boliviano Evo Morales exigió este lunes la destitución de los ministros de Gobierno y de Defensa por el atentado contra su vida que, según él, perpetró un grupo militar y policial. El domingo el exmandatario de 65 años denunció en un video un ataque a tiros contra el vehículo en que se movilizaba en la región cocalera del Chapare, en el centro del país.
Morales -quien salió ileso del atentado en el que resultó herido su chofer- insistió en culpar al gobierno de su exministro Luis Arce, con quien está enfrentado por la candidatura de la izquierda oficialista para 2025. “Si Luis Arce no dio las órdenes de matarnos debe destituir y procesar de inmediato a sus ministros de Defensa y de Gobierno, Edmundo Novillo y Eduardo Del Castillo”, señaló el exmandatario en la red social X.
De acuerdo siempre con su denuncia, su vehículo recibió 14 disparos. El gobierno de Arce prometió “una inmediata y minuciosa investigación” para esclarecer la denuncia de Morales “de un presunto atentado contra su vida”. El incidente elevó la tensión social y política en Bolivia.
Desde hace dos semanas seguidores del expresidente -el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019- realizan bloqueos de carreteras en el centro del país en protesta contra la probable detención de Morales por orden de la Fiscalía.
El exmandatario está siendo investigado por el presunto abuso de una menor cuando ejercía el poder. Morales rechaza la acusación como una “mentira más” orquestada por el gobierno de Arce para sacarlo de la carrera presidencial. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, no descartó que haya sido un “autoatentado”.
El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) negó que esté implicada en el supuesto atentado que denunció Morales y llamó a sus seguidores a la “calma”, luego de que estos amenazaran con tomar los cuarteles.