El abogado Carlos Palacios, representante legal del presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, habló en el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, sobre la situación real y actual de las empresas del Grupo Cartes, donde existen más de 150.000 empleos directos e indirectos vinculados a los emprendimientos; así como abordó la decisión del expresidente de la República de apartarse accionariamente de sus empresas.

Sobre el punto, explicó que fue una decisión personal y que la tomó con un alto sentido de responsabilidad social, donde la prioridad es preservar el bienestar de la gente que trabaja para el Grupo Cartes. Sobre la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informada por la embajada norteamericana en Asunción, Palacios señaló que esto tiene una repercusión importante sobre el funcionamiento de las empresas, pero no al nivel en que muchos han salido a exponer de que esta situación sería el fin o incluso calificaban de “catastrófica”.

“Esto no es así porque las sanciones que dispone el Departamento del Tesoro tienen un alcance y una jurisdicción limitados. La primera consecuencia de este tipo de sanciones es lo que se denomina el bloqueo de los activos que tiene la persona sancionada, pero no en todas partes del mundo, sino de los activos que tiene la persona sancionada en el territorio de los Estados Unidos, es decir, dentro de la jurisdicción americana. Entonces, esto indudablemente afecta a las compañías que fueron mencionadas en la declaración del Departamento de Estado que son básicamente dos: Bebidas USA y Tabacos USA, y luego hay otras dos empresas que fueron explícitamente mencionadas en la declaración”, explicó Palacios.

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El abogado aclaró que, además de estas cuatro compañías que hoy están bloqueadas, existe un número importantísimo de empresas cuyos negocios están 100% concentrados acá en Paraguay; del rubro del cemento, bebidas, combustible, etcétera, que pueden seguir operando con la más absoluta normalidad.

“El alcance adicional de esta sanción es una prohibición general para que personas que son consideradas personas americanas (eso incluye a ciudadanos americanos, residentes americanos y compañías norteamericanas y sus sucursales en cualquier parte del mundo) son los sujetos que quedan prohibidos de celebrar transacciones con la persona sancionada. Pero, además de ese universo, de los activos que están en los Estados Unidos y las personas americanas que no pueden contratar con el señor Cartes, todas las demás empresas y todas las demás personas que no califican como personas americanas pueden seguir contratando y celebrando libremente negocios con él y las empresas del grupo”, añadió.

Sobre la decisión de Horacio Cartes de apartarse accionariamente de sus empresas, Palacios explicó que fue una decisión personal y que la tomó con un alto sentido de responsabilidad social. Mencionó que la prioridad en esta coyuntura es preservar el bienestar de la gente que trabaja para el Grupo Cartes y también por respeto a las relaciones con las entidades financieras que han apoyado a lo largo de todos estos años con un financiamiento importantísimo a las inversiones y los desarrollos comerciales de las empresas que conforman el grupo.

“Es un mensaje de transmitir tranquilidad y el mensaje implícito en toda esta decisión es hacer lo que se tenga que hacer por un interés mayor, que es la preservación de los empleos de la gente en el Paraguay. La norma no le exige al señor Horacio Cartes apartarse por completo de sus empresas. Él podría conservar una participación minoritaria en las compañías que conforman el grupo Cartes porque solo aquellas empresas donde él tiene un 50% o más de participación son aquellas que podrían verse afectadas por la aplicación estricta de la norma”, puntualizó.

Agregó que la decisión fue mucho más allá justamente para preservar la sensibilidad que existe principalmente en el sector financiero de operar con empresas que puedan estar vinculadas a cualquier persona incluida en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

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El abogado del actual titular de la ANR aclaró que las empresas del grupo están operativas, salvo, obviamente, las que están en los EEUU, que, sin embargo, siguen operando con normalidad porque, en la determinación adoptada por el Departamento del Tesoro, esas cuatro empresas que fueron designadas gozan de una licencia hasta finales del mes de marzo para seguir operando y culminando sus operaciones en curso.

“Eventualmente estas cuatro compañías tendrán que entrar en un proceso más detallado de reestructuración, pero las demás empresas que están en Paraguay, y el 95% de las empresas del Grupo Cartes, operan en Paraguay. Las compañías paraguayas están operando con normalidad. Obviamente las que operan en negocios de comercio internacional, importaciones y exportaciones están sufriendo dificultades, pero están siendo debidamente administradas”, describió.

El experto en derecho refirió que las gestiones que debe hacer Cartes para lograr el levantamiento de sanciones impuestas corren por un canal totalmente diferente que debe realizar de la mano de abogados en los Estados Unidos en vista de que existen vías recursivas que están previstas en las propias normativas de la OFAC.

“Este no es un proceso sencillo. Va a tomar su tiempo, entonces la decisión de apartarse de las empresas obedece principalmente al objetivo de normalizar el funcionamiento de las compañías del grupo para que las mismas no se vean afectadas por su situación personal. En este momento se está en la fase de contratación de servicios para que un estudio especializado en relaciones con el gobierno americano pueda empezar a realizar contactos y consultas para ver caminos adecuados y gestionar el levantamiento de la sanción”, refirió.

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Agregó que son procesos que toman tiempo y se deben separar por completo las dos vías de acción; por un lado, la preservación de las empresas y, por el otro, el camino que va a hacer Horacio Cartes con sus abogados de Washington para gestionar con el tiempo el levantamiento de esa sanción. “Nosotros no tenemos conocimiento de la existencia de ninguna investigación o ningún proceso que se haya abierto en los EEUU. Acá nosotros estamos hablando de una sanción económica aplicada por el Departamento del Tesoro, no es una sanción del Departamento de Justicia”, señaló.

“Para que se abra un proceso a nivel del Departamento de Justicia estamos hablando de delitos, tiene que haber un proceso penal y no tenemos conocimiento de que esto pueda llegar a una escalada a ese nivel y para que pueda haber un proceso de extradición, esto tendría que escalar a una investigación de hechos criminales en los cuales EEUU tenga jurisdicción, hay una gran diferencia entre una cosa y otra”, finalizó.