Teniendo en cuenta el avance de los trabajos de cara a las elecciones generales en nuestro país, representantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se reunieron con la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira, con el objetivo de delimitar y fortalece más el trabajo llevado adelante en materia de control del financiamiento político y prevención del uso de recursos económicos ilícitos en campañas políticas.
“Hemos coordinado las estrategias para abordar nuestra tarea de prevenir y combatir el flujo de recursos ilícitos en el financiamiento de campañas políticas, de esta manera avanzamos en la implementación de la reglamentación específica que regula los mecanismos que deben implementar los partidos políticos, concertaciones, alianzas y candidatos en general al momento de recibir dinero para financiar sus campañas”, indicó la viceministra al finalizar la reunión.
Los representantes del TSJE destacaron el compromiso demostrado por la institución de impulsar y apoyar acciones para continuar con trabajos de regulación y supervisión que ayuden a transparentar el financiamiento político en procesos eleccionarios, subrayando la importancia de la supervisión y el involucramiento en los mencionados procesos por parte de entes estatales buscando la protección de la democracia y la transparencia.
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Desde la mesa técnica conformada por la Seprelad concluyeron que teniendo en cuenta que los partidos políticos son sujetos obligados y que están sujetos a informar de sus contribuciones, así como lo hacen otros sectores obligados, con ello se podría realizar un monitoreo antes, durante y después de los comicios por parte del ente regulador con el apoyo de la Justicia Electoral.
En el mencionado punto, desde el TSJE en varias ocasiones hicieron notar el trabajo de seguimiento hacia las candidaturas y su financiamiento, inclusive pudiendo detectar irregularidades que no fueron subsanadas o en otros casos sujetas a investigaciones formales, demostrando así también que el proceso de control aplicado por la institución funciona, invirtiendo en algunos casos en más tecnología en la gestión.
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