La Contraloría General de la República (CGR) encontró varias irregularidades en la administración del exintendente del municipio de Cambyretá, el liberal Javier Pereira, actual candidato a gobernador de Itapúa. De acuerdo a la institución de control, en la rendición de cuentas del tercer cuatrimestre del 2022, de los recursos del Fonacide y royalties se dieron incumplimientos en esta rendición en cinco licitaciones.
Las licitaciones con irregularidades en la refacción y ampliación del Colegio Nacional de Cambyretá; provisión de combustible ad-referendum plurianual; adquisición de tubos de hormigón ad-referendum; contratación de consultor individual para asesor de la UOC; y construcción de empedrado con cordón cuneta en la calle Tte. Rojas Silva y calle Juana María de Lara del barrio Jardín. Mientras tanto, desde la municipalidad mencionaron que estas irregularidades tienen que ver con la falta de documentos en la institución relacionadas a las licitaciones.
Por su parte, el encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Cambyretá, Gonzalo Miño, afirmó que existen varios procedimientos que cuentan con irregularidades que fueron indicados por la Contraloría. “Nosotros hemos recibido la administración a fines de octubre y yo estoy a partir del mes de noviembre, entonces son procedimientos que corresponden al periodo anterior y actualmente hemos remitido las documentaciones requeridas por la Contraloría”, sostuvo Miño.
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Sin embargo, desde la Contraloría enviaron la respuesta mencionando que esas documentaciones no corresponden, a raíz de esta situación el encargado de la UOC explicó que recurrieron al administrador anterior del municipio a fin de señalar donde se encuentran esos documentos requeridos por la institución contralora.
“Hasta el momento no hemos recibido nada al respecto. Las documentaciones serían las cartas de invitaciones, cada procedimiento de contratación, ya sea de forma directa o de recursos de oferta necesita obligatoriamente invitaciones a cinco empresa, cinco potenciales oferentes”, y son estas documentaciones las que hasta el momento no son encontradas en la UOC, donde se encontraba anteriormente la funcionaria Nora Mabel Martínez.
“No obran en la oficina, en la Unidad Operativa no obran los documentos ni en formato físico ni en formato digital. Es un requerimiento que nos exige la contraloría, pero no estamos pudiendo cumplir. La Contraloría exige ya sea las cartas de invitaciones o presupuestos de las empresas para poder subsanar esos inconvenientes”, dijo Miño.
Agregó además que la normativa actual establece que para la obtención de un precio referencial de los presupuestos, por lo que la UOC realizó ese procedimiento, “se desglosó los presupuestos que se solicitaron a esas empresas, lo cual fue rechazado otra vez”, puntualizó.