El senador Líder Amarilla remarcó que, teniendo en cuenta la presentación de tres propuestas antinepotismo, desde la Cámara Alta se debe colaborar en torno a la unificación de las reglamentaciones a ser estudiadas. Indicó que resulta innegable la necesidad de contar prontamente con una ley con reglas más claras en torno a los casos de nepotismo, pero que la misma debe poseer todos los buenos factores recomendados.

“En la Comisión de Legislación se va a estudiar el proyecto artículo por artículo para analizar el proyecto en limpio. Veremos cómo ir fusionando todas las propuestas con el objetivo de sacar una ley que beneficie al país en general y sea tanto aplicable como productiva”, señaló el senador, enfatizando en la necesidad de avanzar con el mayor consenso posible en torno a la propuesta legislativa.

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Recordó que entre las propuestas se encuentra la iniciativa popular, la cual cuenta con sugerencias interesantes, además de la planteada por el senador Eduardo Nakayama y otra presentada por el senador Basilio Núñez. Puntualizó que se debe analizar muy bien varios factores, como los derechos ya adquiridos para los trabajadores, los cuales no pueden ser vulnerados, sino más bien garantizados.

“Ese tipo de cuestiones se debe ajustar, por lo que trabajaremos para hacerlo bajo el marco constitucional y ofrecer un proyecto realmente beneficioso para la ciudadanía en general, sin atropellar derechos adquiridos. Sería una combinación de proyectos, para así sacar lo que más convenga”, afirmó el congresista para la 1020 AM, con el objetivo de trabajar bajo una reglamentación suficientemente abarcativa.

Si bien aclaró que aún no ha tenido la oportunidad de interiorizarse por completo sobre cada una de las propuestas presentadas, está consciente de que para avanzar sobre una ley definitiva la misma debe ser integradora y contener las respuestas más urgentes a las problemáticas más reclamadas en torno a los casos de nepotismo. Reiteró la importancia del proyecto y la posibilidad de contar con una reglamentación más resolutiva.

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El titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, dio a conocer los parámetros a tener en cuenta en toda iniciativa popular a la hora de recolectar firmas y plantear proyectos a ser debatidos en el Congreso. Primeramente, detalló que la comisión promotora de la propuesta debe solicitar al TSJE el cierre del proceso de recolección de firmas, para así seguir con las exigencias requeridas para el mecanismo.

“El Tribunal Electoral de la capital, una vez recibida la comunicación, cuenta con tres días corridos para declarar cerrado el proceso de recolección de firmas y remitirlo a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación para que se habilite el módulo de control ciudadano”, se detalla también en el comunicado publicado por el ministro Rossel.

Además, especificó que se dará apertura a un módulo de control ciudadano, durante diez días, para que la población pueda verificar su firma, eliminarla en el caso de que no haya autorizado su acompañamiento al proyecto o, así también, retirar su apoyo en caso de cambiar de opinión.

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“Transcurrido el plazo mencionado, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación inicia el cruce del listado de firmas con el Registro Cívico Permanente (RCP), a fines de determinar si los firmantes son electores y corroborar que entre los mismos no existan fallecidos, menores de edad o duplicidad de firmas”, aclara la especificación documental del TSJE.

Luego de la verificación, corresponde que la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación determine la coincidencia entre la cantidad de firmas con el RCP y su porcentaje respectivo, para remitir el informe realizado al Tribunal Electoral de la Capital. Esta instancia se encargará de emitir una resolución y luego comunicarlo al TSJE.

“El TSJE emite una resolución, en la cual se menciona el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 266 de la ley que establece el Código Electoral paraguayo y dicha resolución será comunicada al presidente del Congreso y a los representantes de la comisión promotora de la iniciativa popular, a los efectos pertinentes”, finaliza el comunicado.

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Un grupo de ciudadanos se encuentran trabajando para promover la recolección de firmas para reforzar la ley antinepotismo y hacerla más reactiva ante los cuestionados casos, para evitarlos en la medida en que se dieron a conocer en las últimas semanas. Una de las innovaciones más resaltantes que se busca aplicar es otorgar a los ciudadanos un rol más contralor y que así ellos puedan dar seguimiento a los casos.

“La innovación más importante tiene que ver con el control ciudadano, básicamente le vamos a dar más fuerza a la famosa ley de acceso a la información pública. Además, cualquier ciudadano tiene derecho a pedir a la institución contratante solicitar en qué condiciones fue contratada tal persona”, detalló Cano para la 1330 AM, dijo Robert Cano.

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Así, indicó que si la institución del Estado sobre la cual se busca acceder sobre determinados datos de sus funcionarios no facilita las informaciones requeridas, se facultará al ciudadano la posibilidad de iniciar acciones ante la Fiscalía. Esto se podrá elaborar si en 15 días, la entidad en cuestión no brinda los datos solicitados y si las informaciones socializadas cuentan con evidencias efectivas de que un ciudadano fue contratado de manera irregular.

“Propondremos que lo que hoy no está configurado como nepotismo, sea tratado como tal. Los parientes de esas autoridades que están en la lista de leyes de nepotismo van a estar en una especie de lista de observación, son como alertas; entonces, ningún pariente o afín de esas personas que están en esta lista van a poder ingresar o ser contratadas en la función pública, sin concurso”, subrayó.

Otra innovación tiene que ver con la figura del comisionamiento, pero las personas que están en la lista de observación, tampoco van a poder ser comisionadas a menos que sea por concurso. Con este tipo de actualizaciones, se busca terminar con las lagunas jurídicas que posee actualmente la ley contra el nepotismo, pues el exviceministro de Educación afirmó que la reglamentación requiere de un mayor fortalecimiento.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) emitió una resolución este 13 de julio, mediante la cual se aprueba el procedimiento para la recolección de firmas para la presentación de iniciativas populares. Este documento establece los mecanismos que permitirán a la ciudadanía impulsar proyectos de leyes u ordenanzas municipales.

La resolución 175 detalla la manera en que se deberá realizar la recolección de firmas, ya sean ológrafas o electrónicas, así como también los métodos para la validación, certificación y posterior comunicación a las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el Anexo I de la mencionada resolución, el primer paso es la conformación de una comisión promotora de la iniciativa popular, que deberá estar integrada por cinco electores, quienes tendrán la representación legal exclusiva para todos los trámites referentes al proyecto, además de liderar el proceso de elaboración de la iniciativa legislativa.

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De acuerdo con lo establecido por la Justicia Electoral, una vez finalizada la primera etapa, se deberá solicitar ante el Tribunal Electoral de la capital de turno, la habilitación para la recolección de firmas y posteriormente se verificarán los documentos solicitados por la mencionada entidad, y recién a partir de este momento quedará autorizada la recolección de firmas ya sean manuscritas o electrónicas.

“Estas planillas firmadas estarán en poder de la comisión promotora, la que está obligada a cargar periódicamente los datos de los firmantes de las planillas en el módulo de carga de firmas ológrafas, cuyo acceso le será habilitado por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. De esa manera, el contador de firmas de cada iniciativa popular tendrá, en todo momento, la cantidad total de firmas electrónicas y ológrafas que la apoyan”, señalan en la resolución.

Es de destacar que una vez culminado el proceso de recolección de firmas, estas deberán ser entregadas al Tribunal Electoral de la capital y posteriormente se iniciará un proceso de verificación por parte de la Dirección de Tecnologías, instancia que deberá comunicar al TSJE, de modo que este emita un acto administrativo de que se dio cumplimiento al proceso.

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“La comisión promotora presentará el proyecto de iniciativa popular ante la mesa de entrada de la Cámara de Senadores o de Diputados para su admisión”, señala el documento, el cual aclara que los miembros de la comisión promotora son responsables de la autenticidad de las firmas ciudadanas ante la Justicia Electoral.

Para acceder al documento completo, puede ingresar a la página oficial de la Justicia Electoral.