Hace dos semanas se reanudó en Estados Unidos el juicio del FIFAgate, caso en el que se investigó el pago de sobornos, empresas fantasmas, contratos de consultoría falsos entre otros delitos y que derivó en otra investigación al fallecido dirigente deportivo paraguayo Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), institución de la cual presuntamente se desviaron millonarias sumas de dinero. En Paraguay, el caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas del Grupo Zuccolillo.

En comunicación con “Así son las cosas”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el periodista Jorge Torres indicó este miércoles que este caso reflota nuevamente dado que se ha reanudado el juicio en su segunda etapa, donde se juzgarán a dos empresarios, uno de origen argentino y otro mexicano, Hernán López y Carlos Martínez, respectivamente, quienes están involucrados en un esquema de pago de coimas a la Conmebol, cambio de contratos de transmisión de partidos amistosos de la Copa Libertadores y otros eventos futbolísticos.

El caso terminó impactando en nuestro país puesto que desde la misma Conmebol, bajo la administración de Alejandro Domínguez, se denunció la existencia de llamativas operaciones que se dieron bajo la administración de Nicolás Leoz, que saltaron a la luz luego de una auditoría forense que el actual presidente de la entidad deportiva ordenó en 2016 al asumir el cargo.

“Ahí salta lo del fideicomiso con el banco Atlas en condiciones muy extrañas, porque esas operaciones se concretan en febrero del 2016, y es llamativo porque Nicolás Leoz ya tenía encima una prensa negativa, orden de prisión, etcétera”, detalló Torres, conductor del programa “La caja negra”, que dedicó una nota de su emisión de este martes último por Unicanal a esta investigación internacional.

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Leoz realizó dos operaciones fiduciarias con el banco Atlas por un total de US$ 6 millones, entre los documentos presentados por el expresidente de la Conmebol, se alegó un ingreso de US$ 120.000 en concepto de pago para el expresidente de la mencionada institución. Lo llamativo es que al momento en que se concretó la operación, Leoz aún era titular de la Conmebol y que no hay registros de otros expresidentes que perciban un ingreso como tal.

Atlas es señalado por no haber contrastado la validez y la veracidad de los documentos presentados por Leoz, así como también por no haber activado los mecanismos de prevención de lavado de activos. Además, se presume que el banco de los Zuccolillo lavó presuntamente unos US$ 200 millones que habrían sido desviados de la Conmebol.

Las hijas de Leoz devolvieron a la Conmebol US$ 2 millones por “reparación de daño” a la institución, este hecho fue catalogado como una medida para evitar que todas las empresas de la familia sean incluidas en la investigación por la participación en el esquema de lavado de dinero.

“Hay producción de documentos de contenido falso, fraguaron el perfil de Leoz en el banco, recibieron una fotocopia de un ingreso de US$ 10.000 al mes sin constatar si era cierto. Cómo vas a hacer dos contratos de fideicomiso sin hacer diligencias cuando en ese momento la persona que estaba haciendo el trámite tenía una orden de captura internacional, pedido de extradición y prensa negativa”, señaló Torres, en entrevista para el programa “Así son las cosas” de Universo 970 AM.

Pese a que la investigación en Estados Unidos ha tenido un gran avance y ya se encuentra desarrollando dos de las tres etapas del juicio; en Paraguay, la pesquisa ha tenido prácticamente un nulo avance, puesto que el Ministerio Público se ha topado con trabas al momento de requerir informaciones.

Torres señaló que la Secretaría Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no ha remitido a la Fiscalía toda la información que fue requerida, así también la Superintendencia de Bancos no ha demostrado gran predisposición y el banco Atlas no ha colaborado con los agentes designados a la causa, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera.

“De los US$ 200 millones, US$ 128 millones se llegaron a recuperar gracias a las diligencias de la justicia norteamericana y suiza, esto porque instituciones y personas afectadas ya reconocieron el hecho para evitar ir al banquillo de los acusados o tener sanción alguna”, señaló el periodista.

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Las sanciones de Estados Unidos hacia instituciones financieras contemplan la imposibilidad de volver a realizar operaciones en dicho país, hecho que es perjudicial para cualquier banco del mundo porque lo restringe del uso del dólar. Solamente un banco de Suiza devolvió US$ 32 millones que movió el FIFAgate, esto para evitar ser objeto de sanciones.

“Aparte de que se utilizó al banco Atlas para blindar una parte del dinero de Leoz, porque cuando hace esa operación (el fideicomiso) le estaban embargando todo, está el caso de la Inmobiliaria del Este SA, que también figura en la auditoría forense de la Conmebol. Para lavar dinero que sacaba de la Conmebol, fruto del soborno, compraba propiedades, le entregaba a su amigo Zuccolillo y este a través de la inmobiliaria se encargaba de lotear y le iba depositando a su cuenta”, observó Torres acerca de más operaciones entre Leoz y empresas de los Zuccolillo.

Dos exejecutivos del gigante estadounidense Fox y la empresa argentina Full Play se sientan en el banquillo de la justicia en Nueva York, desde el 15 de enero pasado, acusados de corrupción, fraude bancario y lavado de dinero, en el marco del megaescándalo de sobornos en la FIFA que estalló en 2015.

Se trata del mexicano-estadounidense Carlos Martínez y el argentino-estadounidense Hernán López, que trabajaron en la empresa 21st Century Fox y el grupo Full Play, una agencia de marketing deportivo con sede en Buenos Aires (Argentina), y propiedad de los acusados argentinos Hugo y Mariano Jinkis, prófugos de la justicia estadounidense.

La justicia estadounidense alega que entre 2005 y 2015, “los acusados acordaron pagar, pagaron y facilitaron el pago y la ocultación de sobornos anuales y pago de comisiones ilegales” a funcionarios de la Confederación de fútbol de Sudamérica (Conmebol) a cambio de lucrativos contratos de transmisión de partidos amistosos de la Copa Libertadores y otros eventos futbolísticos, y obtener información privilegiada para hacerse con los derechos de transmisión en Estados Unidos de los partidos de los Mundiales de 2018 y 2022.

En la misma causa también está acusado el español Gerard Romy, expresidente de la empresa deportiva Imagina. El 9 de abril de 2020, en plena pandemia de covid, los dos acusados se declararon no culpables y acordaron pagar una fianza de 15 millones dólares cada uno para aguardar el juicio en libertad.

Según el FBI (policía federal), los acusados “corrompieron durante muchos años la gobernanza y los negocios del fútbol internacional con sobornos y comisiones ilegales, y se involucraron en esquemas criminales fraudulentos que causaron un daño significativo al deporte del fútbol”.

“Sus esquemas incluían el uso de empresas fantasma, contratos de consultoría falsos y otros métodos de ocultación para disfrazar los sobornos y los pagos de comisiones ilegales y hacerlos parecer legítimos”. Los cargos conllevan penas máximas de prisión de 20 años por cada delito.

El principal testigo de la fiscalía, Alejandro Burzaco, aseguró el jueves 19 de enero que tras el revés que sufrió el partido de la entonces presidenta Cristina Fernández en las elecciones legislativas de 2009, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, le llamó para anunciarle la rescisión del contrato de la concesión de los derechos televisivos de los encuentros de la primera división argentino que tenía la empresa Torneos y el grupo Clarín.

“Grondona decidió que este contrato debía acabar para nacionalizar dichos derechos” con el fin de difundir los partidos en la televisión abierta, en una campaña que se denominó “Fútbol para todos”, explicó Alejandro Burzaco a la fiscal Kaitlin Farrell. Y para no perder los derechos sobre el resto de competiciones del fútbol argentino que tenían dichas empresas, “empezamos a pagar al gobierno argentino”, lo que hicieron “de 2011 a 2012″, aseguró Burzaco.

Según el testigo, Grondona le dijo “que estaba obligado a hacerlo” para no poner “en riesgo” su presidencia de la AFA. Burzaco, expresidente de Torneos, aseguró que esta empresa y Clarín denunciaron al entonces jefe del fútbol argentino, fallecido en 2014, por la terminación del contrato.

El miércoles, Burzaco dijo que su empresa T&T Cayman, (25 por ciento propiedad de Torneos y 75 por ciento de Fox Panamerican Sports) había pagado entre 30 y 32 millones de dólares en sobornos a exjecutivos de la Conmebol, entre ellos al propio Grondona, para garantizarse los derechos televisivos de los encuentros de los torneos regionales. Burzaco se declaró culpable en 2015 de corrupción y llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense que incluyó el pago de una multa de al menos 21,6 millones de dólares.

Romy está acusado asimismo de conspiración para delinquir por pagar una coima de 3 millones de dólares al exjefe de la Concacaf Jeffrey Webb, a cambio de los derechos de transmisión de partidos de clasificación para los Mundiales de 2018 (Rusia) y 2022 (Catar), según la fiscalía.

El caso forma parte del denominado ‘FIFAgate, el escándalo de corrupción que sacudió a la autoridad del fútbol mundial en 2015, y que le costó el puesto al entonces presidente Sepp Blatter. La justicia estadounidense ha acusado a unas 45 personas y a varias empresas deportivas de más de 90 delitos y de pagar o aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos.

De ellos, 27 se declararon culpables -cuatro de ellos han muerto-; otros acusados que se declararon culpables fueron sentenciados, y otros que se declararon culpables aguardan todavía sentencia. Otros dos fueron declarados culpables en un juicio y condenados a diferentes penas.

Asimismo, cuatro empresas se declararon culpables, otras dos alcanzaron acuerdos de procesamiento diferido y otras dos pagaron multas. La adjudicación de las sedes de los Mundiales de 2018 (Rusia) y 2022 (Catar) estuvo marcada por la corrupción, según la justicia estadounidense.

Con información de AFP.