Desde julio del 2020, el gobierno de los EEUU sancionó a 25 referentes políticos de América Central y del Sur con la prohibición de la entrada en su país. No obstante, en la región del Sur, solo Paraguay, Ecuador, Colombia y Venezuela figuran entre los países con personas sancionadas por los estamentos norteamericanos, dejando de lado así a Brasil, Argentina, Uruguay y otros países más de la región.

En Paraguay, las últimas designaciones de EEUU son las del expresidente de la República y actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, el vicepresidente de la República Hugo Velázquez y Juan Carlos Duarte, quien se desempeñaba como exasesor de la Binacional Yacyretá.

En cuanto a Venezuela, se observa el nombre de Maikel José Moreno Pérez, quien se desempeña como magistrado principal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; en Ecuador se encuentran el expresidente Abdala Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram; mientras que en Colombia se sancionó al exfiscal Carlos Julián Bermeo y al exsenador Luis Alberto Gil.

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El abogado Pedro Wilson Marinoni expresó en sus redes sociales que las asignaciones de EEUU son selectivas, al no observarse en la lista a argentinos, brasileños o uruguayos. “Por lo visto en esos países no existe corrupción o tienen un gobierno fuerte que no deja que nadie se meta en su política interna”, sentenció el profesional.

No obstante, solo en Argentina se encuentra el caso de la expresidenta y actual vicepresidenta de la República, Cristina Kirchner, quien fue condenada en diciembre por administración fraudulenta en la causa Vialidad, pero no carga con ninguna designación de EEUU, pero algunas voces en el país norteamericano, como Marshall Billingslea y Ted Cruz, exigieron que argentina fuera también sancionada por la nación.

Billingslea, exenviado especial y vicesecretario del Tesoro de Donald Trump para combatir el financiamiento del terrorismo, tuiteó: “Kirchner ha sido condenada. ¿Quizás ahora, Departamento del Tesoro, puedas imponer sanciones relacionadas con la corrupción?”. Agregó que “castigar a uno de los políticos más corruptos del mundo probaría que el gobierno (de Biden) es serio sobre combatir la corrupción”.

En la misma línea se encuentra el actual presidente de Brasil, reelecto por tercer periodo, Lula da Silva. El primer mandatario estuvo tres años en prisión por acusaciones de hechos de corrupción que había recibido por la llamada Operación Lava Jato; pero la causa se terminó anulando por aspectos técnicos referentes a un presunto mal proceder en la fase de juzgamiento.

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