El arquitecto Jorge Enrique Bonavita, de 55 años, que estaba a cargo de la construcción que se estaba realizando en el edificio que desplomó en Villa Gesell, fue el sexto detenido en la investigación. Mientras un tercer cuerpo fue hallado ayer sábado, el sobrino de Rosa Stefanic, exdueña del establecimiento hotelero, y quien también murió en el lugar; mientras continúa la búsqueda de otras cinco personas que estarían debajo de los escombros.

Rescatistas hallaron el jueves pasado a la segunda víctima fatal del derrumbe de un hotel en obras ocurrido el martes último en la ciudad argentina de Villa Gesell. “Lo sabemos por una confirmación que hizo la familia a través de la fotografía de un tatuaje que ella tenía en el brazo derecho”, confirmó el ministro de Seguridad local, Javier Alonso, en una improvisada conferencia de prensa desde el lugar del derrumbe, acerca de la exdueña fallecida.

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Desde que ocurrió el siniestro, cuatro personas fueron detenidas: dos albañiles, un capataz y otro sujeto vinculado a la obra, que se encuentran bajo investigación por “estrago culposo agravado” y podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó el lugar del derrumbe el miércoles y se reunió con el Comité de Crisis.

“Vamos a continuar trabajando sin descanso hasta que removamos todos los escombros, encontremos a las víctimas y se pueda establecer qué ocasionó tamaña tragedia”, escribió en la red X. El Apart Hotel Dubrovnik, fundado en 1986 y emplazado a poco más de 200 metros de la playa, se desplomó hacia la 1:00 local (4:00 GMT) del martes.

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Tres de los diez pisos del complejo cayeron sobre un edificio lindante matando a un hombre de más de 80 años e hiriendo a su esposa, una mujer de 79 que fue trasladada a un hospital. Los rescatistas trabajan desde entonces con perros, drones, sonares, sondas con cámaras y micrófonos y una grúa para remover paredes, losas y vigas.

Se desconocen las causas del derrumbe, pero el municipio de Villa Gesell informó en un comunicado que en el hotel se llevaba a cabo una obra “en forma clandestina, sin cumplir con la normativa municipal” y que ya había sido detenida en agosto.

Fuente: AFP.

El gremio de escribanos, del sector notarial, geógrafos y algunos sectores campesinos, encabezan una movilización en las inmediaciones del Congreso en el marco del tratamiento del proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), mediante el cual se pretende fusionar Catastro y Registros Públicos.

“Lo que venimos a pedir es la postergación, si no son tenidos en cuenta nuestros reclamos, nosotros nos abocamos al rechazo de la ley”, expuso el escribano Fernando Báez en contacto con La Nación/Nación Media. El profesional lamentó que sus recomendaciones no hayan sido tenidas en cuenta debido a que consideran que como está planteada la ley, no se cumplirá el objetivo de abaratar costos y reducir plazos para la titulación de propiedades.

“Hay que dejar en claro que el proyecto, así como está del RUN, no vemos como una solución real porque nos estamos encontrando con dos instituciones que están totalmente recortadas presupuestariamente y eso se traduce en un resultado ineficiente de la gestión de cada una, vamos a fusionar dos instituciones que están con problemas”, afirmó.

Para Báez, aprobar la fusión de Catastro y Registros Públicos, tal y como lo establece el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, podría resultar en un proceso “traumático”. Añadió que un ejemplo similar a esto fue la creación del Registro del Automotor, el cual demoró alrededor de 24 años en llegar a un buen funcionamiento como el que tiene actualmente. “Lo que se busca es que sea lo menos traumático posible”, refirió.

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Los objetivos principales de esta iniciativa es la celeridad y la economía registral catastral, no obstante, la redacción del proyecto contempla un aumento en ciertos plazos procesales y costos de las tasas que se tienen actualmente, por lo que, consideran que de aprobarse de esta manera, no se estaría cumplimiento con la misión central que se expresa en la exposición de motivos a favor de esta ley.

“En cuanto a lo que tiene que ver con la celeridad de los trámites, actualmente un certificado de dominio tarda en salir en 10 días, la ley establece que debe ser en ese plazo, sin embargo, en el proyecto aumenta ese plazo y va a 15 días, las escrituras en lugar de 20 días ahora pasan a demorar 30 días con esta media sanción”, señaló.

Los escribanos ya tuvieron reuniones con legisladores donde pudieron exponerles estas situaciones, sin embargo, sus reclamos no fueron considerados ni se realizaron ajustes al proyecto, lo cual es una situación lamentable para el sector, puesto que son quienes operan en el sistema, mencionó Báez.

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“Estamos encontrando que en lugar de bregar por lo que ellos mismos pregonan en su exposición de motivos, que son la celeridad y economía, en este caso no se ve reflejado en el proyecto, entonces los que estamos en el tema encontramos esas situaciones presentes en este proyecto de ley”, sostuvo.

Al menos una persona murió y alrededor de otras diez eran buscadas entre los escombros este martes tras el derrumbe de un edificio en la ciudad argentina de Villa Gesell, informaron las autoridades.

“El hecho ocurrió aproximadamente a la 1 de la mañana, cuando el edificio de 10 pisos donde funcionaba el Hotel Dubrovnik (...) se derrumbó”, indicó la municipalidad de Villa Gesell, 350 km al sur de Buenos Aires, en un comunicado.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a la que pertenece Villa Gesell, dijo que los equipos de rescate recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre de 89 años y a una mujer herida, que fue trasladada al hospital. Cerca de 300 rescatistas, con drones y perros entrenados, trabajan en el lugar desde la madrugada.

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“No sabemos cuánta gente (había) porque aparentemente el edificio no estaba funcionando como hotel. Tenemos oídas de vecinos (...) Creemos que entre nueve y once personas más puede ser que estuvieran en el lugar”, dijo Alonso a periodistas.

El alcalde de Villa Gesell, Gustavo Barrera, también señaló a la prensa local que serían cerca de diez personas. El municipio informó que en el hotel se estaba llevando a cabo una obra “en forma clandestina, sin cumplir con la normativa municipal” y que ya había sido paralizada en agosto.

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El capataz de la obra y dos albañiles fueron detenidos preventivamente como parte de la investigación, según fuentes judiciales citadas por La Nación. Villa Gesell es una ciudad balnearia de unos 40.000 habitantes ubicada en la costa atlántica argentina y su principal actividad es el turismo.

Fuente: AFP

Hoy se cumplen 4 años del asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven hijo de paraguayos ultimado a golpes por rugbiers a la salida de una discoteca en Villa Gesell, Argentina. En ese marco se prevé la realización de una celebración interreligiosa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La semana pasada Graciela Sosa y Silvino Báez se reunieron con la ministra de Seguridad del país vecino, Patricia Bullrich, quien remarcó que “hechos trágicos como el de Fernando son heridas que afectan a toda la sociedad. Personalmente, siento en el alma el dolor y la angustia de esta familia”.

El acto al cual convoca la familia se desarrollará en la Facultad de Derecho, donde el joven de 18 años en ese entonces iniciaba la carrera. Los padres esperan conocer en breve el fallo de la Sala II del Tribunal de Casación Penal tras la presentación hecha por la Fiscalía y los abogados de la familia Báez Sosa en la que piden que se modifique la condena para tres rugbiers que fueron sentenciados a 15 años de cárcel, mientras que la defensa de los jóvenes también apeló la sentencia.

En febrero del 2023 un tribunal resolvió que Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron coautores penalmente responsables del crimen por homicidio doblemente agravado y alevosía, y fueron condenados a prisión perpetua. En tanto que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron condenados como partícipes secundarios a la pena de privativa de libertad de 15 años de prisión.