Este martes se trató en la sesión extraordinaria del Senado la ampliación de la vigencia de la ley de emergencia en las penitenciarías del país. La misma fue aprobada con modificaciones, contando con 23 votos a favor y habla de una extensión por 120 días, plazo en el cual también se debe llevar a cabo la renovación de los contratos de funcionarios penitenciarios haciendo un llamado a concurso para priorizar la profesionalización de los agentes en los centros carcelarios.
“De acuerdo a los datos que tenemos, además de la mala preparación y mala formación de muchos de los agentes penitenciarios, contamos con un guardiacárcel por cada 100 o cada 120 presos, cuando los estándares deberían ser 1 por cada 30 o 40. Hay incapacidad en cuanto a políticas públicas, pero no podemos dejar más debilitada la situación del sistema penitenciario”, detalló el senador Hugo Richer, señalando la importancia de insistir en el concurso de los agentes.
Esto lo enfatizó haciendo referencia a que la mencionada ley tiene por objetivo central la continuidad del concurso de la fuerza pública en la seguridad y vigilancia de los establecimientos penitenciarios de todo el país, así como la manutención de los objetivos de los planes de seguridad penitenciario. Para el parlamentario resultó indispensable la aprobación de la ley, garantizando así la persistencia de la fuerza pública por la realidad del hacinamiento que se encuentra en algunas penitenciarías.
Por otra parte, el senador Patrick Kemper anunció que solicitará a la Contraloría General de la República la intervención en el Ministerio de Justicia, ante presuntas irregularidades en torno a la contratación de personal penitenciario sin la suficiente profesionalización requerida. Con esto, el congresista considera crucial conocer todos los procesos llevados a cabo desde la cartera de Estado en torno a las contrataciones, licitaciones, adquisiciones de productos, etc.
Otra modificación aprobada fue para agregar el artículo referente a que “cumplido el plazo establecido en la presente ley, no se podrá contratar a ningún funcionario a prestar servicio en las penitenciarías”. De este modo, la propuesta pasa a la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo.
En cuanto a la falta de capacitación que recae sobre muchos funcionarios de Justicia, la senadora Desirée Masi expuso ante el pleno la nula priorización sobre la profesionalización de los agentes penitenciarios a la hora de ser contratados. Así, refirió que, por ejemplo, llegaron a ser contratados jugadores de fútbol incluso, sin contar con la mínima experiencia, siendo exclusivamente operadores políticos.