El presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, convocó a una sesión extraordinaria de la Cámara Alta para este martes a las 11:00 con el objetivo de tratar la extensión de la emergencia penitenciaria. El estudio se daría sobre la vigente Ley 6365/2019, que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios del territorio de la República y establece los objetivos del plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las Fuerzas Armadas.

Al respecto, este lunes el ministro de Justicia, Daniel Benítez, llevó a cabo una conferencia de prensa en la cual insistió con la presentación de un pedido de urgimiento para ampliar la vigencia de la declaración de emergencia penitenciaria por cuarto año consecutivo. Esto debido a que 970 funcionarios podrían quedar sin la renovación de sus contratos si no se promulga la ley de ampliación.

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“El personal que tenemos hoy no es suficiente para cubrir los equipos penales y si nos sacan a estos 970 compañeros, nos van a golpear muchísimo como ministerio. Nosotros contamos con los recursos suficientes, lo que tenemos es un impedimento legal que no nos permite renovar todos los contratos que fenecieron el 31 de diciembre”, detalló Benítez en la conferencia de prensa.

Debido a la mencionada desvinculación y la manera en que el Ministerio de Justicia queda de manos atadas al no poder renovar los contratos, el ministro informó que se están llevando a cabo movilizaciones de funcionarios en Coronel Oviedo, San Pedro, Ciudad del Este y Misiones, que a lo largo de los días se replicarían en Cordillera y Tacumbú.

De los casi 2.000 guardiacárceles, el 60% de los funcionarios que hacen guardia en las penitenciarías son contratados dentro de la mencionada ley. Por otra parte, los nombrados son pocos, por lo cual el ministro de la cartera de Estado afirma que resulta urgente mantener la ley de emergencia como alternativa directa a la carencia existente en la cobertura de resguardo de las cárceles del territorio nacional.

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