El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, destacó la decisión del gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, en evaluar y levantar las sanciones por supuestos hechos de corrupción que fueron aplicadas a varios líderes políticos por el Departamento del Tesoro durante la gestión de Joe Biden.

“Es muy alentador ver que las cosas que se hicieron mal se revisen y se rectifiquen, que no exista ese corporativismo de dejar las cosas como están para no afectar la institución. Que ellos puedan verificar, auditar, revisar y revocar una sanción mal dada”, sostuvo este miércoles a la 1020 AM.

Las afirmaciones de Ovelar surgieron tras informarse que Trump levantó las sanciones aplicadas contra Antal Rogán, jefe de gabinete del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El abogado aguarda que lo sucedido sea replicado a favor de su cliente.

“Estamos en directa comunicación y por sobretodo dejando que los abogados de la ciudad de Washington tomen las medidas administrativas, jurídicas para que esto sea revisado. Esto lo hacemos con mucha paciencia y con buena letra, sin atropellar o saltar procesos. Todo se hace en los Estados Unidos”, remarcó.

Detalló que la realización de un lobby político dependerá de las instrucciones que sean impartidas por los abogados que ejercen la defensa legal de Cartes en el país norteamericano. “Las sanciones contra Cartes finalmente fueron motivadas políticamente por el Departamento de Estado, pero ellos requieren antes de una fundamentación y análisis jurídico, de esto dependemos”, dijo.

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Asimismo indicó: “Desde el principio nosotros hemos sostenido que estas sanciones se trataban de una cuestión política. Abogados de Estados Unidos con trayectoria y experiencias importantes, nos dijeron que se encuentran sorprendidos por el manejo discrecional y sin criterio que se tomó hasta el último día del gobierno de Biden”.

Por otra parte, Ovelar manifestó que el gobierno de Trump debe impulsar una investigación sobre el esquema de persecución política contra Cartes, que fue desplegado por el exmandatario Mario Abdo Benítez y el exembajador norteamericano Marc Ostfield.

“Había una cercanía y connivencia tremenda entre ambos. El Departamento de Justicia debe investigar la conducta de Ostfield y de su cómplice en el Paraguay. Desde nuestro país se motivaron todas las acciones que terminaron con la sanción. Las sanciones no vieron desde Estados Unidos naturalmente, fueron provocadas, auspiciada desde Paraguay”, refirió.

El requerimiento de Ovelar se da tras la filtración de un documento interno enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre del año 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez.

Además Ostfield ejerció una inexplicable defensa hacia Abdo Benítez, a quien calificaba como un “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19.

“A partir de esto que se hizo público, amerita que Paraguay proteste por el nivel de injerencia política que hubo y más todavía cuando escuchamos al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, contar algo gravísimo. Cuando ellos eran candidatos en la embajada de Estados Unidos en Paraguay, les indicaron que no debían temer a la alternancia. Quienes son ellos para estar por encima del soberano que es el pueblo paraguayo, quien en mayoría debe decidir quien estará al frente de un gobierno”, puntualizó.

Ovelar siguió argumentando que “¿Por qué debe existir la alternancia? Dónde en la Constitución Nacional se determina que esto debe existir. En ninguna parte dice la alternancia es una obligación o algo que debe ocurrir sí o sí”.

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El abogado Claudio Lovera se refirió al urgimiento realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), consistente en impulsar la causa judicial abierta por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

“Desde la Conmebol entendemos que este tipo de investigaciones financieras tienen sus niveles de complejidad. Para que pueda ser desarrollado se requiere de las sospechas de un hecho punible en concreto, hay ciertos pasos procesales que no se pueden realizar si no existe esto”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Lovera indicó: “En este proceso penal en el año 2021 la Fiscalía allanó la sede del banco Atlas. Un allanamiento implica que existe la sospecha de un hecho punible, incluso esa sospecha está avalada por un juez que otorga el allanamiento. La Fiscalía ya exteriorizó que existe la sospecha de un hecho punible”.

A la organización deportiva le preocupa de sobremanera que ocurra la prescripción de la causa judicial, atendiendo al largo período transcurrido y los pocos avances obtenidos en la pesquisa realizada en Paraguay.

El banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

“La Fiscalía también allanó la Superintendencia de Bancos y esto también implica que se sostenga las sospechas de un hecho punible. Luego la Fiscalía pidió cooperación al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para tratar de obtener la información que estos dispongan respecto a ciertas operaciones financieras, lo cual en Paraguay, también implica la existencia de sospechas de un hecho punible”, sostuvo.

El abogado siguió sosteniendo que “ninguno de estos pasos procesales se pudieron realizar sin que existan sospechas, esto implica que la denuncia de la Conmebol es fundada porque a veces se escucha que esta denuncia no tiene fundamentos. Estos tres pasos procesales claramente denotan que un órgano de persecución estatal entendió que existen sospechas”.

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En junio del 2017 fue presentada la primera denuncia penal ante el Ministerio Público del Paraguay, con base en la información recopilada y disponible hasta ese momento. La segunda denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero fue presentada el 4 de febrero del 2021.

“Lo que señalamos es que ante estos pasos y ya las informaciones recopiladas, la Fiscalía está en condiciones de pronunciarse sobre el fondo del asunto para poder impulsar la persecución penal. Sería lamentable que una causa de esta envergadura no se resuelva sobre la base del fondo del asunto, sino por el mero transcurso del tiempo”, dijo Lovera.

La confederación ya consiguió recuperar más de USD 130 millones en el extranjero, sin embargo, esto no ocurre en Paraguay a causa de la inacción de las autoridades competentes. Los agentes fiscales del caso son Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdez.

“La Conmebol seguirá impulsando con fuerza la sanción de los responsables y la privación de las ganancias ilegítimas a través de estas operaciones. La Fiscalía es la única jurisdicción que en el transcurso de todos estos años no tuvo un pronunciamiento de fondo, pese a que las operaciones principales de perjuicio patrimonial de la Conmebol ocurrieron en Paraguay, y la Conmebol tiene su sede en el país. Esto sorprende a cualquier observador objetivo, Paraguay no puede dejar de pronunciarse sobre este hecho”, sentenció.

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El Gremio de Ingenieros Asociados de Itapúa comenzó una investigación y análisis de los planos del edificio en construcción que se derrumbó el pasado 2 abril en la ciudad de Encarnación, donde fallecieron dos personas. Este trabajo se inició a pedido del Ministerio Público, quien también solicitó un informe para avanzar con los trabajos investigativos y llegar hasta los responsables.

Este trabajo es realizado por ingenieros calculistas que se encuentran analizando e investigando los planos del edificio derrumbado en Encarnación. Los profesionales pertenecen a la Asociación Paraguaya de Estructuras y colaboraron con grandes proyectos como en la Hidroeléctrica Itaipú, y otras obras, por lo que son de amplia trayectoria.

Según el ingeniero Jacob Oda, presidente del gremio, desde la asociación están muy preocupados por la forma en que se da autorización a las obras por parte de autoridades de las comunas. Afirmó que la Ley orgánica municipal y la “ordenanza municipal n.° 56/75: de construcciones y loteamientos de la ciudad de Encarnación” no son muy limitantes a la hora de fiscalizar planos de construcciones.

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“La preocupación es sobre el tema de las leyes vigentes, nos dimos cuenta de que tenemos que tratar de separar las competencias o roles en cuanto a los ingenieros y arquitectos. Se debe poner límite en las competencias, existen más especializaciones en cuanto a estructura que puedan firmar planos para este tipo de estructuras”, detalló Oda, en entrevista con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Explicó que son los ingenieros civiles los que están capacitados para las estructuras y son los arquitectos los que se dedican al diseño. “Creemos que la falla en esta construcción fue por falta de un estudio más minucioso en todos los sentidos. Pudo ser el hormigón, el terreno o lo constructivo. La Fiscalía fue la que nos pidió ayuda para iniciar esta investigación y se conformó un grupo con los datos remitidos por la fiscal”, confirmó.

Agregó que los controles se tienen que intensificar a partir de esta tragedia y que una situación como esta no se vuelva a repetir. “Nosotros como gremio nos pusimos a disposición de la municipalidad como de la gobernación para poder hacer estos controles y poder actualizar las ordenanzas. Así también, buscamos modificar la ley que es muy generalizada y no especifica”, puntualizó.

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Por Lourdes Torres

lourdes.torres@nacionmedia.com

Caio Manhanelli, consultor político del Brasil, brindó su parecer respecto al caso de espionaje que llevó a cabo la Agencia Brasileña de Investigación (Abin) durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Explicó que la publicación de este hecho se debió a una investigación que actualmente lleva adelante el gobierno de Luiz Inácio “Lula” Da Silva, ante las evidencias que el gobierno de Bolsonaro utilizaba la Abin para intereses personales.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el analista brindó detalles sobre cómo repercutió este tema en las esferas políticas y sociales en su país. Por un lado, señaló que la Abin por mandato de Bolsonaro operó de manera paralela y no de forma oficial, basado en acciones de investigación que se rijan en parámetros legales. Lamentó que este hecho se concretó poco antes de la fecha de caducidad para la renegociación del acuerdo del Anexo C del Tratado de Itaipú.

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Explicó que la Policía Federal actualmente está investigando la existencia de una especie de agencia paralela a la Abin, que opera de manera legal, como otras agencias de inteligencia en otros países como la CIA (Agencia Central de Inteligencia en EE.UU), o KGB (Comité para la Seguridad del Estado, conocido por sus siglas en ruso).

Indicó que esta agencia funciona como un órgano de información y de actuación a nivel nacional como internacionales. Dijo además que lo normal, es cuando se tiene un agente de inteligencia desplazado de un país para el otro, si es un país amigo, las autoridades saben de la presencia de este agente en su país.

“Con Paraguay no había ningún motivo en verdad, para llevar estas acciones de inteligencia en el país que el propio gobierno paraguayo no pudiera saber. Entonces, lo que se está indagando ahora es por qué en el gobierno de Bolsonaro se empezó a crear una especie de agencia paralela que al revés de trabajar para la nación brasileña trabajaba para los intereses personales del propio presidente Bolsonaro”, explicó.

A su criterio, la acción de Bolsonaro era para demostrar su poderío, generando conflictos sin razón de existir, alimentando su propio ego o la de su entorno político. Insistió que no había ningún motivo para hacer una incursión investigativa contra Paraguay.

“Desde mi perspectiva analítica, hay que mirar lo que fue el gobierno de Bolsonaro en el sentido de acciones hacia afuera de Brasil, es un tipo que igual a Donald Trump, igual a Javier Milei, y a algunos otros de estos actores, pero en especial, estos dos de américa, Milei y Trump, que son personas que, en vez de crear sinergia entre los países entre los Estados, busca en verdad crear conflicto sin razón de existir”, acotó.

Agregó que, el gobierno de Bolsonaro en relación a lo que fue las acciones internacionales se puede observar una actitud posible, muy posible, para la cabeza de Bolsonaro y la cabeza del gobierno pasado. “Una actitud que no se basa en motivos factibles o reales. Era el único hecho de hacerlo porque siente que podría hacerlo. No había justificativo para hacer una incursión investigativa al Paraguay, parte de la Abin”, remacó.

Resulta llamativa la diplomacia que había entre Brasil - Paraguay y viceversa en ese tiempo, ya que los dos países son bastantes transparentes y cercanos uno al otro. Eran gobiernos alineados, de cierta manera Mario Abdo Benítez, tenía una cierta relación positivo con Bolsonaro, dijo el analista.

“Existía de hecho la perspectiva y el horizonte en la negociación con Paraguay, que no sería una negociación tan sencilla, en relación a la tarifa energética y claro, tener informaciones, hasta en el nivel personal, lo que sea de la vida pública de la vida personal, privada de ciertos actores del prokceso, podría dar algún tipo en la mesa argumentos que no serían oficiales, argumentos torpes, pero argumentos al fin, adentro de la negociación. Solo en la cabeza de un tipo que no tiene noción de lo que es gobernar un país y de lo que es vivir en democracia, esto podría pasar y que finalmente pasó”, remarcó.

El analista brasileño señaló que en su país se percibe que el gobierno de Lula está muy seguro de que se llegará pronto a una solución para retomar la negociación sobre el Anexo C, sobre este punto, consideró que el mayor perdedor fue el gobierno de Brasil, por trabarse esta negociación. No obstante, indicó que a nivel político interno esta situación no está generando ningún daño político, ni social para el gobierno de Lula, ni tampoco fue abordada de manera profunda por la clase política.

El gobierno de Lula Da Silva, con el actual ministro de Justicia no tienen problema en ser transparente; obviamente expone estos hechos, señalando que realmente se pasó la raya. Bien podría el Gobierno dejar en cubierto esto; pero no, es una investigación sigilosa es una investigación pública y se mantuvo público los hechos que recién se descubrieron. Infelizmente fue en el mismo tiempo del cierre del acuerdo sobre el Anexo C.

“Ni en lo político, ni en lo social está afectando el tema, se está tratando de una manera muy técnica. No existe, no hay un ruido tan intenso que podría molestar a la aprobación del gobierno Lula, ya que su gestión tiene una aprobación de al rededor del 50 %; pero esto no tiene que ver con el tema Paraguay, porque no toca la opinión pública de una manera contundente en Brasil, ni la suspensión de la negociación del Anexo C. Lo que hizo de hecho fue nuevamente dar la oportunidad a que se enseñe la buena intención de este gobierno en relación a sus pares internacionales”, precisó.

No obstante, resaltó que el gobierno pierde con esto; pero está muy seguro de poder transparentar esto, sin preocupaciones. “El gobierno de Brasil está muy seguro de que los gobernantes paraguayos también van a comprender la situación y llegaran a un buen término”, acotó.

Finalmente, lamentó lo que está sucediendo, porque una vez más, sale a luz las cosas que el gobierno de Bolsonaro les perjudica en términos de Nación. “Fueron muchas cosas desde que entró la persecución política, el mal hecho durante la Pandemia, la mala gestión, las malas posturas en relación a autoridades internacionales y este es una más de un largo resumen de los resultados negativos que la gestión Bolsonaro dejó en el país”, concluyó.

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