Los hechos que están siendo investigados por el Ministerio Público, específicamente a través de la Unidad Especializada en Delitos Electorales, parten de una denuncia realizada por un apoderado del Partido Patria Querida, y fueron registrados específicamente en la Escuela Básica “Natividad de María” del barrio Santa María de Asunción, local de votación de los partidos que integran la Concertación Nacional.
Las denuncias y la posterior imputación de siete personas, todas ellas vinculadas al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), detonaron como una bomba en los partidos de la oposición. A través de las imágenes del circuito cerrado, fue posible observar la secuencia de cómo aparentemente fueron cargadas las urnas de votación el día 18 de diciembre pasado en un local asignado a la Concertación Nacional. El canal GEN/Nación Media, a través del programa “Info+”, emitió el viernes pasado las grabaciones que son base para la imputación por irregularidades electorales.
El Tribunal Electoral Independiente (TEI) del PLRA había desechado y hasta desmeritado las denuncias similares realizadas por varios candidatos del partido sobre estos hechos que habrían afectado a sus posiciones en las diferentes listas, por lo que la cantidad de elementos que probarían estos delitos hizo que la Fiscalía imputara a seis miembros de mesa y a un funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Silencio de dupla presidenciable
Ante esta situación, la institución electoral del PLRA, que encabeza la Concertación de la oposición, queda muy comprometida con respecto a su imagen, y por supuesto, en lo que respecta a la transparencia. También se cierne un manto de duda sobre la imagen y el discurso de la dupla presidencial integrada por Efraín Alegre y Soledad Núñez, quienes hasta ahora y a pesar de “llenarse la boca” hablando de corrupción y mafia, no han dicho nada sobre estos hechos en sus internas.
Otro elemento que surge del mismo sector involucrado en el presunto fraude electoral es que también estarían intentando posicionar la idea que todo planteamiento contrario solo forma parte de un ataque orquestado por contrincantes, además, según la candidata a vicepresidente Soledad Núñez, también forma parte del “discurso de odio” y de “una campaña de desinformación financiada con muchos recursos”, algo ya advertido por otros referentes políticos.
Los siete imputados son Filemón Rojas Doldán; delegado electoral, Jaime Alfredo Salinas Alfonzo, Lourdes R. Martínez, María Griselda Bobadilla, María Estela Cristaldo D., Paola V. Kiese y Laura M. Fernández P. La investigación está a cargo de los fiscales Giovanni Grisetti y Eugenio Ocampos, ambos miembros de la Unidad Especializada de Delitos Electorales del Ministerio Público.