El defensor del Pueblo, el abogado Rafael Ávila presentó este jueves una denuncia penal contra personas innominadas ante el Ministerio Público tras constatar el intento de cobro irregular de indemnizaciones como supuestas víctimas de la dictadura.

“Esta mañana nos apersonamos a la Fiscalía General y hemos presentado la denuncia formal, una denuncia penal”, confirmó Ávila a la 1000 AM. Comentó que mediante revisiones internas se comprobó la existencia de resoluciones apócrifas que fueron entregadas por personas, tratando de darle trámite para su cobro.

“Las resoluciones que se agregaron al expediente son falsas, nos dimos cuenta porque no coinciden los números, verificamos y nos dimos cuenta que fue un burdo montaje”, refirió. El defensor del Pueblo explicó que se hicieron las investigaciones pertinentes y se llegó a identificar a un abogado que habría realizado el trámite, aunque no reveló la identidad del profesional.

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“Empezamos a investigar y llegamos a estos dos expedientes, uno fue presentado por un profesional, hasta la fecha él no se presentó y creímos conveniente denunciarlo”, acotó. Detalló que una resolución hace a una indemnización de 1.000 jornales y la otra al equivalente a 2.000 jornales.

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La carátula

En redes sociales, la Defensoría del Pueblo oficializó la presentación de la denuncia y reveló la carátula del expediente fiscal. “El Defensor del Pueblo, en ejercicio de sus atribuciones, formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Publico, por la comisión de hechos punibles tipificados como producción de documentos no auténticos y otros c/ personas innominadas”, se publicó en Twitter.

Asimismo, se relató que al realizarse los controles internos fueron detectadas dos resoluciones apócrifas sobre cobro de indemnización a víctimas de la dictadura, por lo cual el defensor del Pueblo dio las instrucciones correspondientes para la presentación formal de la denuncia penal. “De esta manera, la Defensoría del Pueblo bajo esta nueva administración, se encuentra abocada en la transparencia institucional para precautelar los intereses de la ciudadanía”, añadió.

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