La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formal­mente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brí­tez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indaga­ción sobre la entidad banca­ria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.

De acuerdo a las informacio­nes a las que accedieron perio­distas de la radio 1020 AM, de fuentes judiciales, existi­ría una intención de apriete político debido a que el banco privado inició acciones lega­les para proceder al cobro de millonaria deudas impa­gas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.

El informe periodístico de la 1020 AM señala el escanda­loso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influen­cias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedren­tar a ueno bank, para evi­tar cumplir con sus compro­misos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha rea­lizado el pago de sus cuotas.

De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos que señala que el 26 de junio de 2023, la entonces Finan­ciera Ueno SAECA (actual­mente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Óscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; con base en el pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.

El documento señala, ade­más, que durante la trami­tación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de fal­sedad”, alegando que las fir­mas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pen­diente de resolución.

En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir, que las fir­mas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá anali­zarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.

Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concer­tación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación cre­diticia, en calidad de codeudor solidario.

La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formalmente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indagación sobre la entidad bancaria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.

De acuerdo a las informaciones a las que accedieron periodistas de la radio 1020Am, de fuentes judiciales, existiría una intención de apriete político, debido a que el banco privado inició acciones legales para proceder al cobro de millonaria deudas impagas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.

El informe periodístico de la 1020 Am señala el escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedrentar a ueno bank, para evitar cumplir con sus compromisos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha realizado el pago de sus cuotas.

De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos señala que el 26 de junio del 2023, la entonces Financiera ueno S.A.E.C.A. (actualmente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Oscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; en base al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.

El documento señala, además, que durante la tramitación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de falsedad”, alegando que las firmas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pendiente de resolución.

En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir que las firmas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá analizarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.

Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concertación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación crediticia, en calidad de codeudor solidario.

Por tanto, observando estos documentos que fueron divulgados por el medio de prensa, denota un escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través del pedido de informes, subyace una intención de amedrentar a ueno bank para evitar el pago de su millonaria deuda, que en su momento fue concedido a la nucleación política y que a la fecha no fue honrada.

Este sería el verdadero interés político de la oposición al iniciar una persecución contra ueno bank, buscando no solamente atacar al gobierno de Santiago Peña, sino que al mismo tiempo con el propósito de debilitar a la entidad bancaria, en el intento de no cumplir con las obligaciones crediticias que a la fecha se encuentran en mora y siendo reclamadas judicialmente por el banco.

Siga informado con: Sector liberal busca “un nuevo Mesías” para guiar a la oposición, dice diputado

El Gobierno, a través del Viceministerio de Transporte, presentó el anteproyecto de ley que plantea la reforma del transporte público, que tiene como prioridad la disminución del tiempo que los pasajeros pasan esperando en los buses, así como del tiempo de viaje, indicó el viceministro Emiliano Fernández en el programa “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media.

“Si digo que voy a mejorar las vías o voy a dar nuevas vías estoy hablando de la travesía, más buses significa también más frecuencia y menos tiempo de espera. El tiempo es una de las variables claves que se debe intervenir, el foco principal es el tiempo, eso buscamos”, aseguró Fernández.

El viceministro fue uno de los invitados de “Fuego cruzado”, este domingo, donde puntualizó que la reforma tiene el objetivo de introducir cambios en todos los aspectos que componen el sistema de transporte y, para esto, el Estado prevé una inversión de USD 300 millones en este periodo de gobierno, en alianza con el sector privado.

“Tenemos que cambiar el modelo de cómo se gestiona el sistema, la ley nos va a dar una puerta jurídica para llevar adelante todas estas acciones, vamos a ver que las finanzas del sistema estén bien estructuradas, porque como está actualmente va en contra de leyes económicas y eso nos impide las renovaciones y ampliaciones”, explicó el alto funcionario.

El titular del Viceministerio de Transporte detalló que la reforma no solo se trata de una inversión económica, sino también de adecuaciones de normas de tránsito, ordenamiento semafórico, entre otros factores que ayudarán a que el tráfico sea más fluido. Otro de los puntos contemplados en el anteproyecto es contar con carriles exclusivos en todos los tramos donde sea posible.

“Entendemos que es posible hacer un carril exclusivo en la travesía de Mariscal Estigarribia hasta Calle Última, vamos a buscar carriles en otros circuitos, vamos a trabajar en nuevos carriles de aceleración”, sostuvo Fernández a través de la pantalla de Nación MEdia.

Otro de los invitados del programa fue el ingeniero Roberto Vera Vierci, quien también habló sobre alternativas que se pueden realizar desde el punto de vista de la ingeniería con el fin de mejorar el flujo vehicular y de los buses, además de generar un impacto en la reducción de tiempo en el tránsito, algo anhelado por todos.

“Adicionar tres vías elevadas, sin interrumpir los demás carriles, y exclusivas para transporte público, que tiene su velocidad y frecuencia diferente al tránsito vehicular normal, serían en extremo interesante. Imaginamos y estudiamos en principio un sistema que permita su realización en un tiempo corto, sin alterar las condiciones del tránsito de esas vías ya muy exigidas hoy día y que tenga un costo razonable que justifique”, expuso.

Vera señaló que una de las alternativas para abaratar costos y tiempo son las vías elevadas 100 % prefabricadas, que permitirá que todos los trabajos largos se hagan fuera y sin interrumpir el tránsito. Su colocación será rápida e inmediata. “Planeamos tramos relativamente cortos de viaducto, no los que vemos los viaductos de 30 metros que requieren equipamiento especializado y muy potente para realizarlos”, refirió.

Tanto el ingeniero como el viceministro coincidieron en que la necesidad prioritaria es contar con una ley que reglamente todas las condiciones que va a regir el nuevo sistema de transporte. “Sin esa base cualquier proyecto es parcial y de poco efecto”, aseveró Vera Vierci.

Desde la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), resaltaron varios puntos positivos en el anteproyecto de ley de reforma del transporte público impulsada por el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, mediante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Entre los puntos positivos que destaco del anteproyecto de ley es que se propone realmente una reforma total desde el aspecto económico del sistema, que es la causa principal del deterioro que tenemos actualmente. Plantean abandonar la licitación por itinerario”, afirmó el secretario general de la organización, Mauricio Maluff.

Sobre este punto, comentó que el gobierno propone un sistema de unidad funcional. “Una misma empresa estaría licitando todo un sector de entrada a la ciudad, con sistema troncales, ramal y trasbordo, no dijeron que será gratuito, pero sí más barato”, puntualizó.

Refirió que otro de los aspectos destacados se centra en la adquisición de una flota de 1000 buses nuevos. “Dijeron que estos buses se mantendrán como propiedad del Estado y las empresas pasarán a ser una operadora, esto también me parece positivo, tiene sus ventajas”, mencionó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez considero como un aspecto relevante el cambio en el sistema de pago, resaltando de esta manera la creación de un fideicomiso para el sostenimiento del transporte público. En lugar del esquema actual, donde las empresas dependen del dinero recaudado por el pasaje, el anteproyecto prevé que el pago sea por kilómetro recorrido y cantidad de pasajeros.

“Si el plan termina teniendo todos estos aspectos sería un gran avance sobre el sistema que tenemos. El pasaje iría directamente al Estado y luego este pagaría a las operadoras, lo que permitiría un mayor control del sistema”, comentó.

Lea también: Payo invita a Efraín y anuncia tempranera candidatura presidencial 2028

No obstante, advirtió que la falta de un control en la calidad del servicio y la superposición de competencias y regulaciones continúan siendo puntos conflictivos a resolver. La iniciativa del Ejecutivo establece la creación de una nueva agencia reguladora, pero aún no fue definido sus funciones ni el modo en que operaría.

El documento fue presentado el pasado lunes ante el Congreso Nacional, antes de su entrega formal para su tratamiento en ambas cámaras. Desde el gobierno indicaron que la iniciativa apunta a tener un transporte público moderno y seguro para todos los ciudadanos del área metropolitana, y que los cambios a introducir serán hechos de manera gradual.

Sostienen a la vez que las acciones buscan brindar bienestar al ciudadano que utiliza el transporte público, reduciendo los tiempos de espera y viaje, brindando certeza, seguridad, calidad y menor gasto para el usuario, así como asegurar la movilidad todo el tiempo.

Te puede interesar: Anexo C: Diputados designa a integrantes de la Comisión Nacional