Brasil se encuentra en un estado de vulnerabilidad civil debido a la crisis desarrollada por la toma del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema. Con estos factores en cuenta, para el analista político brasileño Caio Manhanelli el conflicto en el vecino país ha tomado un nuevo tinte al registrarse la comisión de crímenes por la irrupción en instituciones públicas claves como organismos de alta relevancia gubernativa.

“Hasta ayer solo eran manifestaciones, pues con la irrupción en instituciones públicas se consolida el crimen cuando grupos sociales invaden el patrimonio público, convirtiéndose en personas imputables. Desde acá en adelante creo que existen recursos judiciales para investigar a estas personas”, subrayó el analista para el programa “Así son las cosas”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

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Manhanelli sentenció que los ataques registrados en el Brasil están motivados por ideas que van totalmente en contra del respeto a las herramientas democráticas, dejando de lado la postura de que la instalación de estos conflictos están propiciados por la falta de representatividad encontrada en Lula da Silva.

“Esta gente no es la mayoría de la población porque hablamos del 10 al 15% de personas que tendrían afinidad con estos hechos, llevando a la seguridad de que esto no representa un movimiento masivo; lo de ayer llegó a este punto únicamente porque la Policía bajó la guardia. Aparte, hay políticos que buscan posicionarse como líderes de este movimiento, lo cual se interpreta como algo arriesgado, teniendo en cuenta que ya se habla de crímenes cometidos”, aseguró Manhanelli.

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El analista brasileño puntualizó que probablemente la administración de Lula da Silva y la gobernabilidad que se desarrolle en los próximos días o semanas podría resultar más llevadera o fácil debido al registro de crímenes que deben ser analizados en medio de una investigación exhaustiva. Explicó que si todo se mantenía con las movilizaciones, sería más difícil en términos de gobernabilidad, pero el escenario cambió cuando se irrumpió en estamentos estatales, afectando a la democracia.

“Quizás el peor momento ya pasó y lo que vimos ayer sería el principio del fin de este tipo de comportamientos. En Brasil tenemos fuerzas investigativas y opresivas del Estado bastante estructuradas para llegar a iniciar una cacería sobre este tipo de gente; hablamos no solo de quienes cometieron los delitos, sino también de quienes patrocinaron los hechos, lo financiaron y alentaron”, apuntó.

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