El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.

Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.

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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.

“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.

Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.

“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.

Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.

“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.

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El contralor gene­ral de la República, Camilo Benítez, se refirió a la aprobación con modificaciones en el Senado del proyecto de ley “Que establece el Régi­men Nacional de Integri­dad, Transparencia y Pre­vención de la Corrupción de la República del Para­guay”. Aclaró que el plan no dictará funciones sobre la Contraloría.

“La idea que tenemos es la instalación de un consejo que unifique criterios, pero de ninguna manera dicho consejo le dirá al contra­lor qué controlar. Esto no tiene relación, solo se vin­cula a los estándares y cri­terios de integridad y trans­parencia”, explicó Benítez ante los medios en el Con­greso.

Del mismo modo, se esta­blecerán reglas más claras. Por ejemplo, que el acceso a la función pública sea igual en todas las instituciones del Estado, creando ade­más un plan estratégico, en torno a la transparen­cia; para ello, se recurrirá también a controles ciuda­danos.

Benítez recordó que la ini­ciativa ya había sido pos­tergada y data de 12 a 13 años, desde que se creó la Secretaría Anticorrupción. El contralor detalló cómo la ley se intentó promover, pero nunca había podido consensuarse, para tratar de complementar los tra­bajos existentes.

“Especialmente en un enfo­que de prevención y unifica­ción de criterios en cuanto a integridad y transparen­cia. Un parlamentario había expresado que hay muchas entidades que controlan la corrupción y no se debe­ría crear otra más, pero esa figura justamente ordena todo eso, no crea otra ins­titución para controlar”, indicó.

La Contraloría aspira a tener estándares naciona­les en materia de integri­dad y transparencia, y la obligación de atender todas las denuncias ciudadanas. El contralor, junto con dos de sus asesores jurídicos, acompañó constantemente el proyecto, atendiendo el nivel de preponderancia de la iniciativa.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, se refirió a la aprobación con modificaciones en el Senado del proyecto de ley “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”. Aclaró que el plan no dictará funciones sobre la Contraloría.

“La idea que tenemos es la instalación de un Consejo que unifique criterios, pero de ninguna manera dicho consejo le dirá al contralor qué controlar. Esto no tiene relación, solo se vincula a los estándares y criterios de integridad y transparencia”, explicó Benítez ante los medios en el Congreso.

Del mismo modo, se establecerán reglas más claras. Por ejemplo, que el acceso a la función pública sea igual en todas las instituciones del Estado, creando además un plan estratégico, en torno a la transparencia; para ello, se recurrirá también a controles ciudadanos.

“Se habló también sobre las organizaciones de la sociedad civil. Las mismas están intentando promover esta ley justamente porque le otorga más participación a la ciudadanía, para que puedan realizar denuncias contra los funcionarios”, señaló el contralor.

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Benítez recordó que la iniciativa ya había sido postergada y data de 12 a 13 años, desde que se creó la Secretaría Anticorrupción. El contralor detalló cómo la ley se intentó promover, pero nunca había podido consensuarse, para tratar de complementar los trabajos existentes.

“Especialmente en un enfoque de prevención y unificación de criterios en cuanto a integridad y transparencia. Un parlamentario había expresado que hay muchas entidades que controlan la corrupción y no se debería crear otra más, pero esa figura justamente ordena todo eso, no crea otra institución para controlar”, indicó.

La Contraloría aspira a tener estándares nacionales en materia de integridad y transparencia, y la obligación de atender todas las denuncias ciudadanas. El contralor, junto con dos de sus asesores jurídicos, acompañó constantemente el proyecto, atendiendo el nivel de preponderancia de la iniciativa.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, manifestó que el proyecto de ley del “régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción”, a ser tratado en la sesión ordinaria del Senado, debe pasarse cuanto antes para su la aprobación.

“En líneas generales, creo que el espíritu de la normativa está consensuado en que se debe aprobar”, expresó para “Arriba Hoy”, por GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Puntualizó que se efectuó el lapso necesario para aclarar algunos cuestionamientos a la norma, realizados por algunos parlamentarios.

Así, se deja en claro que no habrá violaciones a la Constitución nacional ni tampoco sobrecargas en la competencia de la Contraloría. Por otra parte, se encuentra lo referente a las denuncias anónimas, aclarando que la figura solo está para proteger a aquellos subordinados que deseen denunciar a sus superiores.

“Hay puntos que creo que se van a debatir y es la estipulación de la ley sobre la reglamentación de la política de integridad, la cual tendrá carácter vinculante. Esto generó una suerte de duda, pero si se quita esa palabra, no se cambia el fondo de la cuestión”, puntualizó el contralor.

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Benítez garantizó que desde la institución se acatará al 100 % lo que diga el Congreso. Con respecto al apuro para materializar la ley, se debe centralmente a la necesidad de brindar labores más determinantes y específicas a los funcionarios de la Secretaría Anticorrupción, la cual se encuentra acéfala.

“Esta ley fue confeccionada en un principio por la Secretaría Anticorrupción. Esto teniendo en cuenta que el enfoque de la corrupción no debe ser solo represivo, sino también preventivo, aparte de promocionar la cultura de transparencia y de rendición de cuentas”, explicó.

La iniciativa a ser estudiada desde la Cámara Alta reúne a los tres poderes del Estado, al igual que la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público, para una estrategia nacional de lucha contra la corrupción.

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