El asesor jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), Darío Ortega, efectuó un balance del trabajo desplegado en diferentes instituciones públicas. Afirmó que este 2022 se realizaron más de 200 auditorías, en tanto el perjuicio económico contra el Estado desde el 2019 suma unos 100 millones de dólares, como consecuencia del mal manejo de la administración pública.

“Superamos las 200 auditorías en este año y todos los resultados están en la página web de la Contraloría. Tenemos más de 100 millones de dólares de perjuicio al Estado por parte de instituciones desde el 2019″, aseveró. El funcionario del ente fiscalizador comentó que se realizaron denuncias ante los organismos pertinentes de las irregularidades confirmadas en distintas reparticiones estatales.

“En principio las denuncias que nosotros hicimos rondaban los cien millones de dólares. Esto es de acuerdo a las auditorías que hemos realizado, muchas de ellas no podemos hacer porque no tenemos la capacidad humana para realizar en todo el territorio nacional”, refirió.

Ortega insistió en que las cifras son asombrosas si se toman como referencia los datos acumulados de los últimos tres años. “Desde el 2019 hasta hoy es mucha plata. Todos los reportes se remiten a la Fiscalía”, puntualizó.

Sobre los casos investigados y que tuvieron una sanción, Ortega dijo que “todavía no tenemos un reporte exacto de los que hayan llegado a juicio oral”. “Mucho avance todavía no estamos teniendo, al menos a partir del recorrido que hacen algunos profesionales designados al efecto. Mucho avance todavía no hay en la Fiscalía sobre los reportes que hemos realizado”, finalizó.

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Una de las instituciones que rechazan someterse al control es el Instituto de Previsión Social (IPS), presidido por el médico Vicente Bataglia. La Contraloría General de la República (CGR) anunció que comunicará a la Comisión Permanente del Congreso Nacional que los directivos del ente previsional se negaron a responder al pedido de informe sobre el millonario préstamo para pagar deuda a farmacéuticas. Se barajó incluso la posibilidad de remitir los antecedentes a la Justicia.

La directora de Control Gubernamental de la CGR, Gladys Fernández, informó que el lunes 26 de diciembre venció el plazo para que las autoridades del instituto remitieran todos los datos requeridos sobre el préstamo para pagar a proveedores de fármacos e insumos, pero no lo hicieron. En cambio, a un pedido de informe anterior sobre otro tema respondieron con información no requerida, por lo que la Contraloría interpreta que hubo mala fe por parte del presidente del Consejo de Administración, Vicente Bataglia.

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