El 17 de noviembre del 2018 falleció Lidia Meza Burgos, una joven de 18 años que recibió 16 puñaladas durante su visita a la celda del capo del grupo criminal brasileño Comando Vermelho, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias “Marcelo Piloto” o “Piloto”, alojado en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Con este crimen a sangre fría a esta desafortunada víctima, el líder narco hizo una última jugada desesperada tratando de evitar su extradición a Brasil.

La víctima del terrible suceso era de la zona de General Resquín, del departamento de San Pedro, quien fue atacada por Piloto con un objeto punzante cerca de las 14:00 horas de aquel sábado, hace 6 años. El crimen generó inmediatamente la indignación generalizada de la ciudadanía atendiendo a que sucedió dentro de una sede policial de máxima seguridad. Luego de ser derivada hasta el Hospital de Barrio Obrero para su atención, la joven no respondió y falleció.

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La familia de Lidia Meza quedó destrozada. Su papá, Francisco Meza, de profesión albañil, comentó la joven había regresado de la Argentina en mayo del 2018 y que, un mes antes del crimen, trabajaba cuidando a una mujer de 90 años, en zona del Mercado 4 de Asunción.

El hombre se enteró de la muerte de su hija cuando un pariente le preguntó por teléfono si Lidia se encontraba en la casa, ya que se enteraron sobre lo sucedido a través de la televisión. En aquella época, Meza compartió a la prensa acerca del mensaje final que recibió de su hija: “El último audio que me envió fue a las 12:17, y me dijo que a las 15:00 iba a estar en casa”.

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Marcelo Piloto recurrió al plan de perpetrar un asesinato para que la extradición pueda posponerse, suponiendo que una imputación por homicidio doloso podría evitar que vaya al Brasil. Pero está situación no surtió efecto y, dos días después, por la madrugada del lunes 19 de noviembre, Piloto fue trasladado hasta su país, donde soporta condena de 26 años de cárcel por varios hechos, en la Penitenciaría Federal de Catanduvas, en Paraná. En agosto de 2019 fue imputado por el crimen de la joven Lidia Meza.

Con una jerarquía en Comando Vermelho solo superada por Fernandinho Beira-Mar, Pinheiro Vega huyó a Paraguay en 2012, según investigaciones de la Policía Civil de Brasil, luego de la ocupación de la favela de Manguinhos (Rio de Janeiro) por fuerzas de seguridad. El 13 de diciembre de 2017 fue arrestado en Encarnación por fuerzas especiales de inteligencia y seguridad pública brasileñas; sin embargo, su trámite de extradición se aprobaría en setiembre de 2018 y estaba prevista inicialmente que se efectúe en diciembre de ese año. Pero el asesinato en prisión aceleró su deportación.

Detenido en Paraguay por contar con documentos falsos y tenencia ilícita de armas; en Brasil, el juzgado de Ejecuciones Penales del Estado de Río de Janeiro lo sentenció en dos causas, con una condena a 21 años de reclusión en uno de los casos, y en la otra por 5 años y cuatro meses. Adicionalmente, su abogada Laura Casuso fue asesinada a tiros por un sicario, el 12 de noviembre de 2018, cuando abandonaba un templo masónico en Pedro Juan Caballero.

La Justicia del Brasil rechazó la extradición de Teófilo Samudio González, alías “Samura” quien se fugó de la justicia de nuestro país en el año 2019, luego de una balacera en la que falleció el comisario Félix Ferrari. Según el documento del vecino país que lleva la firma de los magistrados Edson Fachin, Nunes Marques, hubo unanimidad en cuanto a la improcedencia de la solicitud de la justicia paraguaya.

Samudio González se encuentra detenido en la Penitenciaría Federal de Catanduvas por lo que se le insta a cumplir con las debidas precauciones legales, si no es arrestado por ningún otro motivo.

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El pasado 11 de setiembre del 2019 a la salida de la Costanera Norte de Asunción se produjo el rescate de Teofilo Samudio, alías Samura. En esa liberación resultó víctima fatal el comisario Félix Antonio Ferrari. El criminal es un peligroso narcotraficante de la organización brasileña Comando Vermelho, quien estaba encargado de enviar toneladas de cocaína a Europa y Brasil.

Por la liberación de Samura ya fueron condenados a 7 años de pena privativa de libertad Héctor Ramón Lazarte Arguello, Ceferino Encina Esquivel, Lucio Irala Martínez, Jacinto Aquino, Francisco Diosnel Candia Esquivel. Los hechos punibles que fueron encontrados culpables son por detentación, producción de riesgos comunes, tráfico ilícito, y hechos punibles conexos, de la Ley 4036/10 de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, Municiones, Explosivos, Accesorios y Afines.

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Las autoridades de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y del Ministerio Público de la República del Paraguay firmaron, en un acto virtual, el instrumento de Cooperación Técnica que crea el equipo conjunto de investigación (ECI) en las causas que se llevan a cabo, tanto en la República de Colombia como en la República del Paraguay por el homicidio del fiscal de nuestro país Marcelo Pecci Albertini, hecho ocurrido en Barú, Cartagena, Colombia, el 10 de mayo de 2022.

El acuerdo suscrito entre ambas fiscalías tiene como base legal la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del año 1988 y la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal del año 1992 y constituye el primer acuerdo de investigación transnacional conjunta firmado en la historia del sistema de justicia entre ambas fiscalías.

La directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía colombiana, Adriana Mercado, extendió el saludo de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo y su complacencia por la suscripción del acuerdo del Equipo Conjunto de Investigación (ECI). Al tiempo, agradeció y felicitó a los equipos de trabajo de ambos países por hacer posible la materialización del acuerdo de investigación conjunto.

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Por su parte, el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales de la Fiscalía paraguaya, transmitió las felicitaciones del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández y su sincero deseo de un trabajo intenso y fructífero que permita alcanzar la verdad real y el enjuiciamiento de los responsables del crimen de Pecci.

Con la firma de este instrumento de cooperación técnica, las autoridades competentes en materia de investigación criminal de ambos países y que integran el ECI, podrán realizar un abordaje más integral de las fases pertinentes en la investigación del crimen del fiscal Marcelo Pecci Albetini y coordinar esfuerzos in situ en ambas jurisdicciones, para definir las mejores estrategias de investigación y enjuiciamiento de los responsables del magnicidio del fiscal paraguayo.

El ECI fue firmado por la fiscal adjunta Matilde Moreno (por la Fiscalía de Paraguay) y por el director de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Raúl González Flechas (por la Fiscalía de Colombia). Como coordinadores del ECI y responsables de la fase operativa, han sido designados el fiscal Francisco Cabrera Sanabria (por la Fiscalía de Paraguay) y el fiscal Juan Pablo Fajardo Lanza (por la Fiscalía de Colombia).

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Brasil solicitará a Argentina la extradición de brasileños prófugos investigados por el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia en enero de 2023, informó ayer miércoles una fuente diplomática brasileña a la AFP. 37 pedidos de extradición llegaron a la embajada brasileña en Buenos Aires, que los presentará ante las autoridades argentinas, confirmó una fuente de esa representación diplomática.

Se espera que en las próximas horas lleguen solicitudes sobre más prófugos. La prensa brasileña sostiene que el trámite abarca a 63 personas. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, había elevado el martes los pedidos de extradición al Ministerio de Justicia, que a su vez los dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores para su entrega a las autoridades argentinas.

La petición de Moraes atiende a una solicitud de la Policía Federal, responsable de la investigación sobre el asalto a Brasilia, considerado por el gobierno brasileño como un intento de “golpe de Estado” contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El 8 de enero de 2023 centenares de simpatizantes del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro invadieron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el STF, inconformes con el retorno al poder del líder de izquierda.

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Después de la asonada, la policía identificó a decenas de involucrados, algunos de los cuales fueron condenados a penas de hasta 17 años de cárcel por delitos como intento de golpe de Estado, asociación criminal armada y daños a edificios y monumentos históricos.

Pero los investigadores descubrieron meses más tarde que muchos de ellos habían escapado hacia Argentina, Uruguay y Paraguay, según la prensa brasileña.

En junio pasado, las autoridades argentinas confirmaron que más de sesenta prófugos se encontraban en su territorio. Varios de los investigados iniciaron un proceso para pedir asilo político, cuya resolución está pendiente.

Bolsonaro respaldó públicamente el pedido de asilo y confió en que el gobierno de su aliado, el ultraliberal Javier Milei, proceda a su favor. Sin embargo, las autoridades argentinas han evitado pronunciarse sobre el tema.

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Una fuente diplomática brasileña explicó que, actualmente, los prófugos en Argentina tienen un estatus provisorio de refugiados, que se otorga automáticamente a personas que lo solicitan de acuerdo con la jurisprudencia internacional.

La Comisión Nacional para los Refugiados aún debe definir si les da el estatus permanente, lo que implicaría reconocerlos como perseguidos políticos, o si lo niega, lo que abriría las puertas a la extradición a Brasil.

Ezequiel Silveira, uno de los abogados de los prófugos, dijo a la AFP que “las familias de los exiliados no necesitan preocuparse”, porque la decisión final “corresponde al gobierno argentino, que ya informó varias veces que cumplirá con la ley en estos casos”.

Se trata de un asunto políticamente sensible para la administración de Milei, cuyas relaciones con Brasil, principal socio comercial de Argentina, se encuentran deterioradas debido a varios desencuentros con Lula.

Fuente: AFP.