El apoderado general de Fuerza Republicana, Juan Rafael Caballero González, fue designado como asesor jurídico de Itaipú en abril de este año y fue señalado como planillero luego de haber sido visto en actividades políticas del oficialismo en plena jornada y horario laboral. El abogado también estuvo involucrado en el contrato entreguista del espectro de VOX.
Caballero González, quien recibe una remuneración de unos G. 119.500.901, entre salario y honorarios, es considerado como uno de los que ejerce una gran influencia dentro de la binacional, dado que fue uno de los que se opuso al pago de compensaciones a los extrabajadores de Itaipú, y fue una de las incorporaciones realizadas al tiempo en que el oficialismo ya llevaba adelante una fuerte campaña proselitista.
Es uno de los apoderados generales de Fuerza Republicana y junto con Wildo Almirón son los principales gestores del movimiento oficialista, y logró ubicarse en la binacional en un momento electoral y que tiene a sus puertas la negociación del Anexo C de Itaipú en el 2023.
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Antes de formar parte de Itaipú, el actual asesor jurídico fue procurador general de la República y por sus manos pasó el borrador de acuerdo entre VOX y la empresa norteamericana Rivada Networks, a la que la administración de Sante Vallese le iba a otorgar el espectro de la telefónica por US$ 10 millones de manera confidencial.
Su influencia en la binacional también toma relevancia luego de que se haya tomado conocimiento sobre el anuncio de Brasil sobre la reducción de la tarifa energética de Itaipú en un 38,9% al costo vigente en este momento que es del US$ 20,75 por kW, y que se estaría fijando en US$ 12,12,67. Este costo propuesto por el vecino país de manera “provisional” fue realizado sin previo acuerdo con el Paraguay.
El ingeniero Pedro Ferreira, en comunicación con La Nación/Nación Media, indicó que si nuestro país cede ante la pretensión brasileña, al término del pago de la deuda que se tiene en la hidroeléctrica, Paraguay se arriesga a perder unos US$ 740 millones de forma anual y Brasil se quedaría con el 80% de la ventaja económica que genera la binacional.
La vinculación de Caballero González en otro de los acuerdos entreguistas de Mario Abdo genera preocupación dada la permanente resistencia de la margen paraguaya de mostrar las documentaciones que guardan relación con los acuerdos que lleva la hidroeléctrica.