El proyecto de gobierno de Mario Abdo Benítez de humanizar las penitenciarías impulsando cambios en el sistema con la reducción del hacinamiento, mejoras en las infraestructuras, personales en contantes capacitaciones y con el cobro de un sueldo digno, quedaron dentro de la extensa lista de las promesas vacías durante su campaña proselitista.

La era abdista totaliza seis cambios en la conducción del Ministerio de Justicia en cuatro años marcados por renuncias, sustituciones y destituciones desde Julio Javier Ríos, Éber Ovelar, Cecilia Pérez, Édgar Olmedo, Édgar Taboada y Daniel Benítez Romero, lo que terminó evidenciando una crisis de seguridad, en ocasiones totalmente fuera de control como indican hechos emblemáticos.

De esta manera, con un debilitado sistema penitenciario se terminó instalando una política de privilegios a favor de peligrosos criminales como los pertenecientes a carteles que dominan las fronteras como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), ambas facciones de origen brasileño atraídas por el Paraguay, principalmente a raíz de los negocios del tráfico de drogas.

A la lista se sumaron los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que terminó colocando de rodillas al gobierno de Abdo Benítez, en octubre pasado, tras ceder al chantaje realizado por una de las principales cabecillas del grupo terrorista, Carmen Villalba, quien exigió al Ministerio de Justicia el ingreso del ataúd de su hermano, el también criminal Osvaldo Villalba (abatido en el norte por la Fuerza Tarea Conjunta), hasta la penitenciaría de mujeres del Buen Pastor, localizado en la capital del país.

En esa ocasión, Villalba había amenazado al gobierno con impulsar un amotinamiento. De esa forma, la mujer logró que se concrete su solicitud generando el inmediato repudio ciudadano que terminó con la destitución del entonces ministro Taboada, designado para el cargo pocas horas antes; la directora de la penitenciaría, Marian Vázquez Valdez, y la coordinadora general de establecimientos penitenciarios, Ana Dina Coronel.

Sin embargo, Abdo buscó nuevamente lavarse las manos ante los cuestionamientos indicando que se enteró de la decisión de complacer a Villalba por los medios de comunicación. La destitución de Coronel levantó inmediatamente otra polémica tras denunciar que proporcionó información al gobierno sobre el paradero del exvicepresidente de la República, el liberal Óscar Denis, secuestrado hace 2 años por el EPP.

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Al respecto, la mujer apuntó directamente contra el exministro de Justicia Olmedo, calificado por Abdo como uno de sus hombres de confianza, y contra el actual titular Benítez, al referir que ambos contaban con la información sobre el lugar donde el grupo armado pudo haber enterrado a Denis. La grave denuncia motivó la apertura de una investigación fiscal sin mayores avances.

Por otra parte, el trabajo en el Ministerio de Justicia también estuvo plagado por el descontrol en las cárceles a nivel país, con amotinamientos constantes, fugas de reos en su mayoría concretados con la complicidad de los propios guardiacárceles, muertes tras grescas violentas, entre otros ataques.

Los duros cuestionamientos también se centran en el Ministerio del Interior, institución estatal que se mostró complaciente con la terrible ola de inseguridad que vive el país, con la presencia de motochorros y sicarios en las calles. Esta institución también sufrió varios cambios en su liderazgo desde Juan Ernesto Villamayor, Arnaldo Giuzzio, Euclides Acevedo y Federico González.

La realidad paralela en la que constantemente vive el mandatario lo llevó a consolidar la problemática solo como una “sensación” de inseguridad, permitiendo incluso el avance del crimen organizado hasta la capital del país. De acuerdo a las informaciones proveídas por el propio González (leal al mandatario), a mediados del presente año la mayoría de los delitos como robos y asaltos son cometidos por jóvenes de entre 14 y 25 años.

Respecto al porcentaje proporcionado en el mes de julio, el 80% de los jóvenes están en drogas y el 82% son reincidentes. No se descarta que la cifra haya aumentado en los últimos meses teniendo en cuenta las constantes denuncias ciudadanas. El delito urbano se da principalmente en Asunción, Central y en las capitales departamentales.

Por otra parte, también desde la administración de Abdo Benítez se ha minimizado la instalación de la industria del secuestro en el país, flagelo instalado hace 21 años con el plagio de la empresaria María Edith Bordón de Debernardi, en el año 2001, ejecutado por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La nómina de las víctimas de la industria del secuestro en el país no solo se centra en familias con gran poder económico, ya sean empresarios o políticos, sino también está conformada por empleados de estancias, productores, jóvenes estudiantes, así como agentes policiales, como es el caso del suboficial Edelio Morínigo, que continúa desaparecido, entre otras tantas víctimas.

Incluso la institución se vio manchada por el ex alto funcionario de Estado Arnaldo Giuzzio, quien fue destituido del Ministerio del Interior tras comprobarse su vinculación con el presunto capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien era el principal objetivo del operativo Turf y uno de los hombres más buscados en el Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos.

Actualmente, Giuzzio se encuentra imputado por el Ministerio Público por cohecho pasivo agravado. La causa sigue estancada teniendo en cuenta las constantes chicanas presentadas por el exfiscal y extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

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