Pobladores de la ciudad de Hohenau, departamento de Itapúa, denunciaron un nuevo caso de soborno al elector por parte de dirigentes del movimiento Fuerza Republicana, faltando horas para la realización de las elecciones internas partidarias previstas para este domingo 18 de diciembre.
Al respecto mediante una comunicación con el diario La Nación/Nación Media acusaron al director de la Instituto de Previsión Social (IPS), de la zona, Ronald Gutiérrez, de violar las leyes electorales con el fin de lograr respaldo a su precandidatura como miembro de seccional.
Mediante un vídeo registrado este sábado se puede observar a Gutiérrez, junto a otros integrantes de su equipo repartir pequeñas bolsas de víveres utilizando una nómina con los nombres de las personas que aparentemente según las denuncias habrían accedido a vender sus votos.
El titular del IPS, responde al liderazgo del diputado y también precandidato a senador para el próximo periodo legislativo Colym Soroka, quien es uno de los principales aliados y defensores del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el Congreso Nacional.
Los denunciantes quienes solicitaron que sus nombres sean reservados por temor a represalias indicaron que no se descarta que el oficialismo haya invertido también una gran cantidad de dinero para comprar el voto del electorado.
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Por otra parte, señalaron que Gutiérrez logró acceder a la titularidad de la previsional mediante el apoyo de Soroka, hace aproximadamente un año tras la destitución del anterior, quien se sumó a la nómina de los trabajadores de blanco que sufrieron las persecuciones políticas en la gestión del presidente del IPS, Vicente Bataglia, en el marco de la campaña proselitista del movimiento Fuerza Republicana.
Añadieron que actualmente la institución bajo la supervisión de Gutiérrez, se encuentra en un estado de abandono, sin insumos y medicamentos, entre otras denuncias. Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) recordaron que constituye un delito electoral la coacción a un elector para votar en un sentido determinado o para impedir el voto mediante la fuerza, presión económica, abuso de relación, dependencia profesional o económica. De acuerdo al artículo 278 del Código Penal, se prevé una pena de 5 años de cárcel o multa.