El consejero Miguel Doldán intentó eximir de responsabilidad al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, alegando que la autorización del préstamo no es personal, sino institucional. A través de una cuestionada ley, el ente consiguió apelar a créditos con elevados intereses otorgados por el sistema financiero para pagar su millonaria deuda con farmacéuticas.
“Por supuesto que este tipo de situaciones se discuten en el consejo. Por su puesto que hay todo un esquema que los bancos manejan. Hay toda una estructura, administrativa y financiera, que analiza la situación, se hizo una licitación pública para obtener los fondos permitidos por la ley”, señaló Doldán a la 680 AM.
El representante de los empleadores arguyó que las instituciones financieras ofertaron con una tasa conveniente y el consejo aceptó la propuesta. Sin embargo, buscó salvar de una eventual investigación y/o responsabilidad penal a Bataglia al indicar que la firma de los documentos no se realiza a título personal, sino institucional.
“El presidente firma muchos documentos él solo. Nosotros los consejeros solamente firmamos las resoluciones. Pero los contratos, todos los documentos legales de la institución los firma el presidente. Eso no significa que el presidente sea el responsable, la institución es la responsable”, sostuvo.
Inconcebible
Las críticas arrecian desde diferentes sectores al procedimiento empleado para el pago de la millonaria deuda por medicamentos e insumos. Desde la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) también criticaron que la previsional haya contratado un préstamo a una tasa del 12,5%, cuando esta tiene depositado su dinero en entidades bancarias a una del 6%.
Eduardo Aguayo, miembro de esta agrupación, aseguró que les llama la atención el hecho de que el crédito se haya otorgado a sola firma, dado que este no es el proceder de ningún banco, entidad que debe garantizar que se cumpla con el pago de la deuda.
En tanto, en algunas bancadas en el Congreso Nacional se habló de la posibilidad de plantear la derogación de la ley que tendrá un fuerte impacto y que, según analistas, pondrían en riesgo el futuro de las jubilaciones de los trabajadores.