La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este viernes al Estado paraguayo como el responsable del asesinato del periodista Santiago Leguizamón, estipulando un resarcimiento económico para los familiares de la víctima, así como el reconocimiento público de la culpabilidad en el caso. El abogado, activista e hijo del comunicador, Dante Leguizamón, consideró que la sentencia establece un indicio de gran relevancia en términos de reconocimiento de los derechos humanos.
“El mensaje es importante, sobre todo para las autoridades, que las actuales y las futuras entiendan a cabalidad que asesinar a un periodista es un hecho sumamente grave que debe ser investigado y que debe ser sancionado”, declaró este viernes el activista en contacto con la 1000 AM. Agregó que el periodista “debe ser protegido y que se deben de realizar medidas de protección y de prevención para que este tipo de hechos no ocurran, generando así que el Estado paraguayo desarrolle las suficientes políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos”.
“Con relación a las medidas de no repetición, digamos que se debería revisar con más detalle la sentencia porque existen distintas propuestas y se debe analizar la respuesta que se otorgará con relación al tema”, manifestó el hijo del periodista, destacando el necesario control que debe existir en zonas de conflicto para garantizar el derecho de la libertad de prensa y expresión en el país.
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Por otra parte, el hijo del comunicador también explicó que la sentencia no solo guarda relación con la reparación de indemnizaciones, sino que también se encuentra relacionado con distintos tipos de medidas como la reinstalación del premio Santiago Leguizamón, el acto de pedido de disculpas por parte del Estado, lo cual contribuirá a un proceso de reparación integral.
Santiago Leguizamón fue asesinado el 26 de abril de 1991 cuando se dirigía a almorzar y celebrar el Día del Periodista, al concluir su jornada de trabajo en radio Mburucuyá, de la capital del departamento de Amambay, ubicado en la frontera con el Brasil.
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CICSI no brinda asistencialismo, ya que cumple acuerdos y sentencias de organismos internacionales
Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
La directora general de DD.HH de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, defendió el trabajo que lleva adelante la Comisión de Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CICSI), que preside el vicepresidente Pedro Alliana, resaltando que no se trata de asistencialismo a las comunidades indígenas, sino que es el cumplimiento de las sentencias o incluso recomendaciones que brindaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.
En comunicación con La Nación/Nación Media, Peralta explicó que el acompañamiento que brinda el Estado paraguayo a través del CICSI no es asistencialismo, ya que en el caso de las comunidades de pueblos originarios son en el cumplimiento de sentencias, cumpliendo estrictamente lo dispuesto por la Corte Interamericana, así como aquellos que están con acuerdos de solución amistosa.
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Mencionó que, además de las comunicades indígenas también están llevando casos que ya se cerraron el año pasado, así como otros procesos que están en vía de ser cerrados, como el caso Alejandro Nissen Pessolani; el caso del ministro Bonifacio Ríos; el de Goiburú que está pendiente de cierre.
Recordó que el año pasado ya se cerraron el caso de niños soldados, por casos de tortura, en este caso se les sigue brindando asistencia a las víctimas; como también siguen trabajando en el caso del Centro de Educación Panchito López; ya que algunos siguen dentro del sistema penitenciario y otros ya fuera a quienes se les está buscando para continuar con la asistencia por parte del Estado, todos fueron reparados económicamente y con asistencia de salud, educación y formación de mando medios.
“El trabajo que estamos llevando en la CICIS es muy sensible, pero, sobre todo hay que destacar el avance que estamos teniendo en el cumplimiento de las sentencias ya cuerdos, sobre todo desde que asumió la presidencia de la comisión el vicepresidente Pedro Alliana. Sobre todo teniendo en cuenta la decisión política que es del presidente de la República Santiago Peña, que ya en su primer informe ante el Congreso destacó el avance de Paraguay en el cumplimiento de temas de Derechos Humanos en demandas internacionales, los cuales no se pueden señalar como asistencialismo por parte del gobierno”, indicó.
Resarcimiento es prioridad en el PGN
Además, Peralta destacó que existe una reglamentación del Ministerio de Economía y Finanzas, que en la última reunión que tuvo en el consejo asesor consultivo, el representante del MEF indicó que, en el Presupuesto General de la Nación, se está dando prioridad para destinar los casos de resarcimiento en tema de DD.HH en los casos que hubiere.
“Nosotros estamos avanzando en las negociaciones para acuerdo de solución amistosa. Pero en los casos que ya tienen sentencia, obviamente van a ser resarcidos. No obstante, existen otros casos en los que se busca una solución amistosa y se están agilizando y negociando para llegar a un acuerdo con las víctimas para no llegar a la Corte IDH, pero que muchas veces azuzados por organizaciones que buscan llegar a las últimas instancias”, precisó.
Resaltó que continúan llevando adelante el trabajo conjunto del Gobierno, para demostrar la diligencia del Estado, con la presencia permanente que no es asistencialismo, ya que permanentemente están presentes con la Secretaría de Emergencia Nacional viendo todas las necesidades que tienen, llevando los kits de alimentos, en algunas comunidades indígenas incluso ya llega el almuerzo escolar.
“Estamos agilizando todo lo que se pueda con la Ande para que les llegue la energía eléctrica, en muchos casos ya nos piden internet, estamos cumpliendo con las viviendas. Es muy complejo todo, pero se está cumpliendo con todos ellos” remarcó.
Provisión de agua en Xamok Kasek
En cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH, el Gobierno del Paraguay, a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, envió 9.600 metros de caños de PVC a la comunidad indígena Xamok Kasek, en el Chaco Paraguayo. Con la instalación de estas cañerías, unas 125 familias de dicha comunidad tendrán acceso al agua potable.
Este viernes partieron los camiones del Comando de Ejército que transportan las cañerías, desde el Cuartel General del Comando de Ejército, con presencia del Ministerio de Defensa, Oscar González; así como de la directora de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, y el director de Senasa, Fernando García.
Los técnicos de Senasa y el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Gral. Oscar Ferreira recibieron en la comunidad indígena las cañerías que serán instaladas, a fin de facilitar el acceso al agua a las familias de la comunidad Xamok Kasek.
A su vez, el director de Senasa, Fernando García, explicó que, durante la última visita de los miembros de la Corte Interamericana, los líderes solicitaron los caños, teniendo en cuenta que tienen tajamares también construidos por Senasa, que actualmente están con mucha agua por las lluvias caídas y pidieron estos caños para acercar el agua desde el tajamar hasta sus aldeas. Con esto, evitarán el acarreo manual y contarán con agua en sus domicilios, añadió.
En ese marco, la institución que preside envió 9.600 metros de caños, que serán instalados por técnicos de Senasa, con apoyo de la gobernación y la coordinación interinstitucional como el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército.
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Tras once años, Paraguay recupera estatus en defensa de los derechos humanos
Luego de una década, Paraguay obtuvo nuevamente el puntaje más alto por parte de la Red Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (RINDHCA), alcanzando la categoría A en cuanto a defensa de los derechos humanos. Con esto nuestro país puede acceder a una serie de beneficios tanto a nivel local como internacional, explicaron.
“Fueron dos periodos en los que Paraguay estuvo prácticamente sin categoría, en el periodo anterior se solicitó la acreditación, se rindió el examen pero no obtuvo la calificación necesaria y quedó en categoría B. Ahora nosotros hemos solicitado un nuevo examen, rendimos y tuvimos un muy buen examen que nos da la posibilidad de ingresar a la categoría A”, expuso Rafael Ávila, defensor del Pueblo.
En contacto con “Arriba Hoy”, emitido por GEN/Universo 970 AM, Ávila mencionó que el examen ya fue realizado el 1 de mayo del 2024 y recién este 12 de marzo se entregó la certificación. Nuestro país no solo accedió a la categoría más alta, sino que también obtuvo la mejor calificación entre otros países que también fueron sometidos al mismo examen.
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“Esto significa que somos una institución confiable, podemos tener operación internacional, acceder a muchos beneficios para los funcionarios, capacitación para los mismos, existen muchos puntos y podemos ocupar cargos de gobernanza en Naciones Unidas”, manifestó el defensor quien resaltó que son varios los puntos que se tienen en cuenta por esta organización.
Se evalúa el seguimiento a las denuncias, el manejo de recursos de la institución, también acceden a informes sombra recabando información de todas las instituciones civiles respecto a la Defensoría. “Nosotros nos esforzamos dentro de ese cambio de imagen que queremos dar a la Defensoría, que brinde contención a la gente que está necesitando, esa es la Defensoría que queremos”, sostuvo.
Ávila precisó que debido al estatus inferior al que llegó nuestro país, incluso en un momento solicitó retirarse de la RINDHCA, sin embargo, esto no es posible ya que esta organización está conformada por todos los países del continente americano y afortunadamente en la fecha, se ha recuperado la anhelada categoría.
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Guatemala: periodista vuelve a prisión en medio de repudio internacional
- Ciudad de Guatemala, Guatemala. AFP.
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora fue devuelto ayer lunes a una prisión militar, luego de que un juez acató una orden de un tribunal superior que revocó el arresto domiciliario en el que estaba desde octubre pasado.
Zamora, de 68 años, es acusado de un supuesto caso de lavado de dinero y chantaje, en un proceso que organismos internacionales y varios gobiernos consideran un ataque contra la prensa por parte del anterior gobierno guatemalteco y los colaboradores que aún tiene en la Fiscalía.
Tras el fallo del juez Erick García, rechazado por organismos de derechos humanos internacionales, agentes del sistema penitenciario esposaron a Zamora y de inmediato lo llevaron a la misma prisión donde ya estuvo encarcelado por más de 800 días, el cuartel Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala.
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El juez acató una orden de una sala de la Corte de Apelaciones que revocó el arresto domiciliario precisamente por gestiones de la Fiscalía y la querellante en el proceso, la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo.
Tras escuchar el fallo, el periodista, que vestía un traje azul y camisa blanca, insistió en su inocencia y reiteró que seguirá “enfrentando el Estado mafioso, las mafias criminales que manipulan a su capricho, y arbitrariamente la justicia”. “Regreso a prisión. Yo pienso que no soy el único (criminalizado)”, declaró Zamora, quien calificó como “arbitraria” la resolución en su contra de la sala de Apelaciones. En su cuenta de X, la Fiscalía celebró la resolución del juez.
Persecución contra la prensa
La oenegé Reporteros si Fronteras (RSF) hizo “un llamamiento al sistema judicial guatemalteco para que respete el derecho a un juicio justo y deje de abusar de los mecanismos legales para amordazar a los periodistas”. “La comunidad internacional debe seguir presionando a Guatemala para que garantice la libertad de prensa y el Estado de derecho”, subrayó RSF en una declaración enviada a la AFP.
Amnistía Internacional (AI) condenó el fallo debido a que “a todas luces” es arbitraria y se debe por “sus labores periodísticas de investigación y denuncia de la corrupción”.
“Su detención es un atropello más en la larga lista de violaciones a sus derechos humanos. Exigimos su liberación inmediata y el levantamiento de todos los cargos en su contra”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.
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“Rechazamos la revocación del arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora. La arbitraria decisión del Juzgado constituye un grave ejemplo de persecución política y contra la libertad de expresión en Guatemala”, subrayó por su parte la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En tanto, la secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en un pronunciamiento expresó su preocupación por “la continuidad del hostigamiento” contra Zamora y pidió al Organismo Judicial a “retomar el camino de una justicia transparente e imparcial”. El periodista estuvo preso en la cárcel del Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022 hasta octubre pasado.
Zamora fue arrestado tras publicar en su diario El Periódico casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024). El rotativo cerró en 2023, mientras él estaba en prisión. Un tribunal lo condenó el 14 de junio de 2023 a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse.
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Paraguay recibirá reacreditación de categoría A en Derechos Humanos
Paraguay recibirá la reacreditación internacional de categoría A en Derechos Humanos que otorga la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) durante su próxima reunión anual en Ginebra (Suiza), del 10 al 12 de marzo. El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, representará al país en el encuentro de instituciones de derechos humanos de todo el mundo.
Este reconocimiento es otorgado por parte del Subcomité de Acreditación (SCA) de la GANHRI, tras superar la evaluación y el examen realizado el 1 de mayo de 2024. La reacreditación, concedida por un periodo de cinco años, posiciona al Paraguay dentro de la red internacional de instituciones de derechos humanos, otorgándole voz y voto en foros globales y fortaleciendo su imagen como un país confiable tanto en materia de derechos humanos como en el ámbito de la cooperación.
“Este logro es fruto del arduo trabajo de la gestión de turno, que ha permitido al país recuperar un estatus perdido hace más de una década y reafirmar el cumplimiento de los Principios de París, los cuales establecen criterios fundamentales como la independencia, el mandato amplio, la pluralidad, la disponibilidad de recursos adecuados y la libertad para abordar problemas de derechos humanos”, expresa un comunicado del Defensor del Pueblo.
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La presencia del Defensor del Pueblo, quien retornará al país el próximo viernes 14 de marzo con dicho reconocimiento, en Ginebra también responde a su participación en la Conferencia Anual 2025 de GANHRI se llevará a cabo el 12 de marzo de 2025 y se centrará en “Los derechos humanos de las mujeres y las niñas: promoción de la igualdad de género y el papel de las INDH”.
La Conferencia examinará los progresos alcanzados en la aplicación de los compromisos esbozados en la Declaración y el Programa de Acción de Ammán, identificando los éxitos, los desafíos y las prioridades para el futuro. También, debatirá e identificará enfoques innovadores y buenas prácticas de las INDH, creará y fortalecerá la cooperación y explorará estrategias para que las INDH contrarresten las leyes y políticas restrictivas sobre los derechos de las mujeres y las niñas, tanto a nivel mundial como local.