La fiscal Belinda Bobadilla imputó por estafa al concejal oficialista de la ciudad de Yuty (Caazapá=, y exgerente administra­tivo de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) Carlos Alberto Franco Benítez, y ordenó la prisión preventiva del dirigente colorado como una medida cautelar, para luego presentarse a la imposición de medidas.

De acuerdo al informe fiscal, Franco Benítez habría librado órdenes de compra numeradas de créditos mediante un convenio firmado con la firma Fast Credit. El acuerdo bilateral establecía que los créditos debían ser destinados exclusivamente a los funcionarios de la Essap con el fin de asegurar el cobro de las cuotas mediante el descuento de salarios, pero el concejal abdista habría hecho figurar a personas que no cumplían funciones en la institución como los solicitantes de los créditos.

“El hoy imputado habría autorizado créditos para 109 personas que no tendrían vinculación alguna ni con la asociación ni con la Essap. La empresa constató que los datos consignados no se ajustaban a la realidad. La causa es bastante compleja la sospecha inicial era de un bicicleteo porque esta operativa se habría dado con otras 3 casas de créditos, pero el dinero habría sido destinado para su campaña electoral”, sostuvo Bobadilla en una entrevista con la radio digital PDS.

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De esta manera los préstamos concedidos en el año 2012 no estarían siendo abonados, lo que genera un perjuicio económico a la empresa de G. 1.200 millones. Los trámites crediticios habrían sido realizados con normalidad por unos meses, hasta que, en marzo del presente año, la Essap informó que ya no se procedería a realizar las retenciones del salario por cuotas sociales, cuotas de préstamos o cualquier otro concepto.

Ante la decisión institucional, la empresa Fast Credit habría tenido que contactar directamente con los funcionarios de la Essap que adquirieron préstamos para su cobro respectivo, ya sea en ventanilla o por cualquier sistema posible, atendiendo que no estaban recibiendo los importes correspondientes a las cuotas de los préstamos otorgados a través de la asociación.

Sin embargo, al realizar dicha tarea, la firma habría verificado que la mayor parte de las personas que fueron beneficiadas con dichos préstamos no serían funcionarios de la Essap, ni siquiera figuraban en los registros de la institución pública y que el domicilio consignado en los formularios de solicitud de créditos eran en la Essap.

Por otra parte, Bobadilla indicó que ordenó la prisión preventiva de Franco Benítez, ante la posibilidad de fuga. La agente no descartó que en el proceso de investigación surjan nuevas imputaciones como la posibilidad de que el edil haya cometido a la vez el hecho punible de lesión de confianza.

“Yo solicité la prisión preventiva porque justamente el monto del supuesto perjuicio es muy elevado y con las informaciones recibidas él ya no sería funcionario de la Essap, se desconoce que cuenta con un trabajo, una vivienda, incluso familia, entonces todo esto hace suponer que existe una alta posibilidad de peligro de fuga”, refirió.

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