La Fiscalía General del Estado (FGE) o la adjunta puede impulsar una investigación de oficio contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ante las sospechas en su contra de enriquecimiento ilícito mediante su empresa Almacenamiento y Distribución de Asfaltos SA (Aldia SA).
“Podría ser por ambos canales, tanto por la Fiscalía general o la adjunta donde se decida abrir una investigación al respecto. Esta decisión en principio no puede partir de mí, solo en el caso de que reciba alguna denuncia en particular. Ahí recién activaría yo el sistema, pero como digo sí desde la Fiscalía general se podría abrir una investigación de oficio”, refirió el agente fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Al respecto casi US$ 13 millones de dólares (Gs 92.647 millones) ganó solo en el 2021 la empresa de asfalto del mandatario. Dando una cifra de G. 273 millones por día; G. 12 millones por hora. La firma Aldia SA registraba en el 2017 solo G. 6.665 millones de utilidades netas, por lo que el impresionante despegue económico se vuelve sumamente sospechoso.
No obstante, en comunicación con el programa “Así son las cosas” emitido por la radio Universo 970 AM/Nación Media, Coberta manifestó que a su criterio primero se debería contar con un dictamen de la Contraloría respecto a la existencia de inconsistencia en la administración y patrimonio de Abdo.
“Por supuesto de que se toman notas de todas estas circunstancias que son de conocimiento público y de interés nacional, pero tenemos que considerar que para eso están los mecanismos de apertura para las investigaciones. En este caso si nosotros estamos hablando de investigar la figura de un presidente o un expresidente de la República la entidad que debe impulsar una investigación por hechos referentes a enriquecimiento ilícito es la Contraloría”, comentó.
Actualmente la empresa que oferto a contratistas del Estado, asfalto a precios muy elevados durante la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, se encuentra a cargo de su hijo Mario Abdo Díaz Benza. Incluso en el conflicto no se descarta la existencia de tráfico de influencias.
Esto debido a que durante la administración del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones actual aspirante a jefe de Estado por el oficialismo, Arnoldo Wiens, se produjo un aluvión de licitaciones para obras de rutas, razón por la cual todo apuntaría a ser un negociado redondo.
“En todo caso si la Contraloría reporta indicios de hechos punibles debe comunicar al Ministerio Público para que la institución active los demás mecanismos legales y abra una investigación al respecto, pero es importante para la Fiscalía un dictamen de la Contraloría sobre dicha situación”, refirió Corbeta.
El agente insistió que en su caso, cuando se procede a la apertura de una investigación se sujeta a “ciertos requisitos procesales” en especial en lo establecido en el articulo 18 del Código Procesal Penal para evaluar si los hechos podrían ser motivos de una investigación. “Como estado de derecho los fiscales tenemos que marcarnos dentro del contexto de la legalidad”, manifestó.