El proyecto “que compensa a los estibadores marítimos afectados por el cierre del Puerto de Asunción” fue presentado en la Cámara Baja por los diputados Basilio Núñez, Justo Zacarías, Néstor Ferrer, Rodrigo Blanco y Blanca Bargas. Esta iniciativa tiene por objetivo la compensación del Estado a los trabajadores que fueron afectados por el cierre del citado puerto.
El documento menciona una asistencia que consiste en el pago de una suma que representa 20 salarios mínimos que deben ser desembolsados por única vez. Para acceder a este beneficio, los interesados deben comprobar su condición de estibador a través de documentaciones presentadas ante el Ministerio de Hacienda.
“Las documentaciones pertinentes para el desembolso deben ser solicitadas por el Ministerio de Hacienda y serán provistas por los interesados, debiendo justificar su condición de estibador por medio de la documentación habilitante de la autoridad marítima competente”, refiere uno de los artículos del documento.
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En la exposición de motivos, los proyectistas indica que “el cierre definitivo del Puerto de Asunción se basó en varias causas: comerciales; edilicias; de tránsito y la necesidad de convertir el puerto capitalino en un polo de desarrollo, como lo es en varias capitales del mundo, y que ello dejó sin trabajo a los estibadores, que por disposición de las autoridades competentes solo podían desenvolverse en ese lugar”.
Igualmente, se refiere que la Organización Internacional del Trabajo, de la que el Estado paraguayo forma parte, recomienda extremar medidas para atenuar los costos sociales en este tipo de situaciones. “El Puerto de Asunción se encuentra irreversiblemente cerrado, ya solo es parte del casco histórico, un museo. Sin embargo, los más de 60 estibadores que trabajaron allí tienen, en promedio, 30 años de trabajo comprometido en ese lugar, con el cual sustentaban de manera regular sus propias supervivencias y las de sus familias”, menciona la argumentación.
Igualmente, el proyecto refiere que el Estado debe asumir las consecuencias del cierre, teniendo en cuenta que varios trabajadores quedaron sin sustento económico. “Todos los afectados cuentan con muchos años en el ejercicio de su profesión y por la edad que tienen ya no puede pensarse en lo que se denomina ‘reconversión industrial’. Tampoco podrán acceder a los beneficios de la jubilación. Por todo esto se impone que el Estado compense a los estibadores”, finaliza el documento.
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