La Junta Municipal de Puerto Casado aprobó este viernes la intervención de la comuna, representada por Hilario Adorno, luego de un sinfín de denuncias por hechos de corrupción que fungen como principales protagonistas del distrito de Alto Paraguay. De este modo, asume como intendente interino el presidente de la Junta, Claudio Martínez, hasta la finalización de la intervención a ser llevada a cabo.
La Junta de la comuna expresó a través de una solicitud que resulta urgente intervenir la Municipalidad ante el comprobado mal desempeño de funciones por parte del intendente Adorno. El mal manejo de los bienes comunales, que de acuerdo a las denuncias eran utilizados para campañas oficialistas, constituyen una de las principales razones que derivaron en el pedido de los concejales.
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Los concejales señalaron que buscan evitar la complicidad por el aparente mal manejo de fondos públicos. A esto se suma también la falta de conclusión de obras públicas, financiadas por montos millonarios por parte de la comuna, y la reciente denuncia de compra de cédulas de indígenas para utilizarlos en las internas coloradas y así contar con electores suficientes.
La Municipalidad de Puerto Casado ha sido foco de diversas denuncias debido a una serie de irregularidades que envuelven al titular de la comuna, quien es acusado de usar la Municipalidad como brazo articulador de los proyectos del oficialismo. El intendente aparentemente ayuda financiera y logísticamente en la campaña de su hermano y actual gobernador de Alto Paraguay, Mino Adorno, para asegurar votos en las filas del oficialismo.
Otras irregularidades hacen referencia al desvío de dinero, la emisión de cheques sin fondos para el pago a proveedores de la comuna, la adquisición de bienes por parte del intendente, aparentemente con recursos de la municipalidad y la falta de pago del salario a funcionarios y ediles.
Dentro de esa serie de cuestionamientos, la diputada Rocío Vallejo se había hecho eco de las constantes denuncias, solicitando constantemente la intervención del Ministerio Público y la Contraloría General de la República sobre la comuna de Puerto Casado, más aún teniendo en cuenta que las manifestaciones venían de los propios concejales de la municipalidad.