Tras la promulgación de la polémica ley que autoriza al Instituto de Previsión Social (IPS) a celebrar préstamos a largo plazo para el pago de las deudas a proveedores, arriesgando los fondos jubilatorios; los diferentes gremios de trabajadores y asociaciones de jubilados y pensionados llevan adelante un análisis en detalle de las implicancias que podría acarrear esta legislación que entró en vigencia esta semana.
Al respecto, el exgerente de Prestaciones Económicas de la previsional, Pedro Halley, advirtió en comunicación con el diario La Nación/Nación Media que, tras realizar un estudio a fondo de la Ley 7037/2022, al cual pasó a llamar “Ley del cheque en blanco a la mafia del IPS”, se observan efectos que son peores de lo que se imaginaba. En ese sentido, comenzó señalando que cuando se analizaba en el Congreso esta normativa introducida por el diputado oficialista Arnaldo Samaniego, no fue especificado un monto máximo del crédito que se pueda solicitar.
“Como la ley no habla del monto a endeudarse, el IPS podrá endeudarse sin límite, es decir, por US$ 242 millones, o por US$ 408 millones, que es el monto total adeudado; o bien, por US$ 2.200 millones, que es el total de las reservas del IPS. Además, esta ley vigente no se limita a autorizar una operación de endeudamiento, por lo que el IPS podrá realizar varias operaciones sucesivas. Así lo reconoce la misma resolución que hoy sacó el Consejo de Administración”, comentó Halley.
Asimismo, indicó que en la modalidad elegida de Fideicomiso, el capital fideicomitido (US$ 242 millones, o US$ 408 millones, o toda la reserva), con sus Garantías, pasan a ser propiedad del banco fiduciario. Es decir que el IPS transferirá la propiedad de esa reserva por entre 5 y 20 años. “El banco fiduciario puede ser de otro Estado o un organismo internacional (BID, FMI). O sea, el IPS podrá sacar del país parte o toda su reserva técnica (fondos jubilatorios). Cuidado con eso”, advirtió Halley.
Promulgación a tambor batiente
Por otra parte, cuestionó la forma tan acelerada que se llevó adelante el estudio del proyecto de ley, el cual fue sancionado sin que el Congreso, en sus ambas cámaras, se tomaran al menos 30 días para estudiar con detenimiento la propuesta que fue presentada por el diputado Arnaldo Samaniego, cercano al abdismo. Indicó que, una vez sancionada, el presidente Mario Abdo promulgó la legislación en menos de 3 días desde que recibió el documento, y sin tomar en consideración las advertencias y críticas que le presentaron los diversos sectores de trabajadores, jubilados y pensionados.
Asimismo, señaló que, inmediatamente después, el presidente del IPS, Vicente Bataglia sacó la resolución por la cual autoriza la primera operación en 24 horas, ignorando que las leyes del IPS se reglamentan por decreto del Poder Ejecutivo, no por simple acto administrativo. Pero lo más grave indicó que la garantía por la primera deuda es a sola firma.
“Discúlpenme, pero qué banco va prestar US$ 400 millones contra un pagaré de Bataglia. ¿Cuál es el apuro? ¿O hay que cerrar cuentas con quiénes ya anticiparon algunos premios? ¿Qué hay detrás de este plan? ¿Pasar al modelo de capitalización individual (chileno)? ¿O solo vaciar las reservas en beneficio de los amigos banqueros? ¿O financiar un resultado electoral, muera quien muera?”, cuestionó Halley. Finalmente, se preguntó por qué la previsional no cobra al Estado los US$ 600.000.000 que le adeuda, y con eso pagarle a los proveedores.
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