Tras la denuncia de un posible intento de sobrefacturación en el llamado a licitación para la construcción del centro hemato-oncológico por parte del Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo precio referencial está en G. 226.071 millones, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) inició un proceso de verificación para constatar si el valor estimado por la previsional fue inflado y adelantaron que si se detectan irregularidades en este punto, se podría anular el proceso de licitación.

“Si se constata ese tipo de situación, se puede llegar a declarar la irregularidad de la contratación y como está en una etapa reciente, incluso puede anularse el proceso”, explicó Pablo Seitz, director de la DNCP, en comunicación con “Así son las cosas”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media. Agregó que el análisis que lleva adelante la institución respecto a la estimación de costos realizada por el IPS debería culminar en los próximos 10 días.

La denuncia de una posible sobrefacturación fue realizada por el arquitecto Gustavo Masi, exdirector de infraestructura del Instituto de Previsión Social (IPS), quien afirmó que anterior a este llamado hubo un proyecto similar a este, pero incluso con mejores características en cuanto a servicios, dado que iba a ser posible realizar trasplantes de médula ósea y para el mismo se presupuestó G. 125 mil millones.

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El proyecto actual del IPS no supone realizar este procedimiento; sin embargo, el costo estimado supera ampliamente al proyecto anterior. De acuerdo a lo que explicó Seitz, la previsional cumplió con el requisito de publicar su estimación de costos y las fuentes a las que fueron consultados; no obstante, la DNCP deberá verificar si dichos datos se ajustan a los precios del sector privado o a los que maneja el sistema de Contrataciones Públicas.

Así también, Pablo Seitz indicó que la institución cuenta con una ley que no le permite establecer si el precio final ofertado por el IPS es correcto; sin embargo, pueden realizar verificaciones en la estimación de costos propuestos por las convocantes.

“La ley de DNCP no da herramientas a la institución para juzgar el precio ofertado como adecuado o no, la única herramienta que tiene el sistema de Contrataciones Públicas para verificar los precios que se manejan es la estimación hecha por la convocante antes del proceso licitatorio. No obstante, si se detectan problemas, estamos a tiempo de corregir la situación”, explicó.

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