El sometimiento del Consejo de la Magistratura (CM) a los intereses personales y políticos del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, de instar a un titular del Ministerio Público que responda a sus lineamientos, terminará debilitando la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, manifestó el abogado Óscar Germán Latorre.
“Un reglamento de plazos reducidos y decisiones para excluir candidaturas a partir de criterios que no son uniformes para todos y que se asemejan a simples argucias para reducir la lista de los postulantes, parecen estar dirigidos a que el consejo pretende ajustarse a la pretensión del actual presidente de la República de integrar la terna con candidatos que le garanticen impunidad”, sostuvo.
Con una fuerte injerencia dentro del organismo extrapoder, Abdo Benítez apunta a conseguir un fiscal general a su medida con el respaldo del sector de la oposición a cambio de entregarles otro cupo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de una criticada maniobra política.
“Nubes negras se asoman para seguir debilitando la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, la apresurada convocatoria a concurso para cubrir el cargo de fiscal general del Estado sobreviene a 4 años de indisimulados intentos del Poder Ejecutivo y de sus aliados en el Congreso de someter a juicio político a la fiscal general Sandra Quiñónez”, sentenció.
Abdo terminó debilitando al Ministerio Público
Latorre puntualizó también que resulta indudable que “la guerra declarada” por el movimiento Fuerza Republicana, liderado por Abdo Benítez, contra la titular del Ministerio Público terminó debilitando a la institución.
“La Fiscalía General del Estado se ha convertido en un cuerpo de fiscales y funcionarios desprovistos de los necesarios lineamientos sobre la forma de ejercer la persecución penal y de una política criminal claramente establecida”, comentó.
El también exfiscal general del Estado mencionó que la convocatoria para la designación del próximo FGE terminó colocando “en evidencia una vez más que el sistema de nombramientos de magistrados judiciales, fiscales y defensores públicos se ha constituido en un factor gravitante para el progresivo debilitamiento de la independencia del Poder Judicial”.
Agregó que la estructura de conformación del consejo, integrada por un solo ministro de la máxima instancia judicial y los 7 restantes pertenecientes al Ejecutivo, Legislativo, gremios de abogados y de la Facultad de Derecho, impide que las decisiones de la institución se encuentren fuera de la influencia de intereses políticos y personales.
“Se traducen en procesos de selección muy poco transparentes que hacen perder el interés de muchos abogados altamente calificados para acceder a los cargos. La incorrecta conformación del Consejo de la Magistratura no garantiza que la terna sea integrada por candidatos de mayor experiencia dentro del proceso penal, mejores calificados técnicamente y de por lo menos aparente integridad”, dijo a través de sus redes oficiales.
“Negociación de cargos, privilegios y beneficios”
Finalmente, el abogado comentó que los “constituyentes sabiamente” han establecido que el mandato del fiscal general del Estado no es coincidente con el periodo presidencial con la finalidad de evitar que el presidente de la República pueda direccionar el nombramiento del titular del Ministerio Público en circunstancias de un inminente cambio de gobierno.
“Cuando la clase política comprendió el poder real del Ministerio Público como órgano de persecución penal, convirtieron el proceso de designación en una negociación de cargos, privilegios y beneficios en un intento de controlar al representante de la sociedad. De esa manera, la convocatoria a concurso fue postergada en forma sucesiva y el resultado fue la coincidencia entre el principio y el fin del periodo presidencial y del fiscal general del Estado”, detalló.