Los ministros del Poder Ejecutivo que aspiran a ocupar la titularidad del Ministerio Público carecen de “integridad”, afirmó el abogado Blas Daniel Bernal Brítez en la audiencia pública realizada este viernes por el Consejo de la Magistratura (CM), para conocer las propuestas de los postulantes.
“Debemos despolitizar el Ministerio Público, liberarlo de la política partidaria, pero que sea de forma efectiva y real. Actualmente existen postulantes con cargos importantes dentro del Poder Ejecutivo y realmente resulta un contrasentido, una incoherencia de aquellos que están ocupando cargos políticos en función del gobierno ya que será justamente el propio jefe quien tendrá la mayor decisión”, dijo Bernal Brítez.
Con una fuerte injerencia dentro del organismo extrapoder, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, apunta a conseguir un fiscal general a la medida de sus intereses políticos y personales con el apoyo de la oposición a cargo de entregarles otro cupo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Seguro dirán que son las reglas, que se cumplen con los requisitos, pero principalmente considero que por encima de todo esto, uno debe tener la suficiente decencia, delicadeza, ética y moral, esto se llama integridad y es justamente lo que la ciudadanía espera y reclama de sus autoridades”, indicó el también aspirante a la titularidad de la Fiscalía General del Estado.
Los fichados del jefe de Estado que aún ocupan cargos dentro del Poder Ejecutivo son: Carlos Arregui, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP); René Fernández, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y Teresa Rojas, titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Mientras que en la nómina de los favoritos de Abdo Benítez, figuran también Cecilia Pérez, exministra asesora en materia de seguridad de la Presidencia; y Mónica Seifart, exrepresentante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.
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Mayor presupuesto
También se presentaron en la fecha ante los integrantes del consejo, los abogados Santiago Brizuela, Alfredo Barrios, Luz Caballero Villasanti, Gustavo Cáceres Fernández y Carlos Arregui. La mayoría de los aspirante coincidieron en la necesidad de erradicar la injerencia política, aplicar la tolerancia cero a la corrupción interna y sobre todo la urgencia de dotar de mayor presupuesto a la institución para el fortalecimiento de las diferentes unidades.
Añadieron que el trabajo de los agentes fiscales se vuelve más complicado ante las carencias no solo en materia de infraestructura, sino también en equipos tecnológicos argumentando que la condición actual de la institución no es idónea para cumplir efectivamente las labores.
Rechazo de Marito
También indicaron que se vuelve necesario hablar sobre reivindicaciones salariales, capacitaciones. Al respecto, semanas atrás por conflictos políticos Abdo Benítez había tomado la decisión de rechazar el proyecto de ley, que solicitaba una ampliación de 64.707 millones de guaraníes.
Los recursos iban a ser usados para la creación de 49 nuevas unidades fiscales para el fortalecimiento de unidades especializadas en delitos económicos, delitos contra la corrupción, contra el narcotráfico, de lucha contra el abuso sexual en niños y niñas.
Se proyectaba la habilitación de unidades penales en ciudades como Mayor Otaño, Encarnación, San Pedro del Ycuamandyyú, San Lorenzo, Capiatá, Luque, entre otras. Los recursos también iban a ser destinados en gastos de funcionamiento, contratación de médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales, peritos y choferes.
También pretendían la adquisición de detectores de metales, escáneres, equipos de laboratorio para ADN, microscopio comparador, discos duros para pericia forense, unidades móviles con su respectivo combustible, pago de servicio de energía eléctrica y pago de alquileres.