La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados dictaminó por la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que plantea elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses).

Los integrantes del bloque asesor encabezado por Yamil Esgaib durante su tratamiento afirmaron que la propuesta tiene como finalidad modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándose a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

La iniciativa que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal de la previsional se enfoca en adecuar las normativas que regulan las jubilaciones y pensiones con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema y proteger los intereses de los afiliados y jubilados.

La propuesta trabajada conjuntamente entre las autoridades del Ejecutivo y el IPS, también prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Al respecto, para la jubilación ordinaria, se deberá tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salario registrados.

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Mientras que para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.

El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.

A la vez se contempla el fortalecimiento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de 5 años. Con relación a las jubilaciones por invalidez, en el documento se propone un esquema de cálculo ajustado a la situación particular del asegurado, considerando tanto el promedio salarial de los últimos 10 años como los años adicionales de aporte. En caso de accidentes laborales, establece que los beneficios se calcularán sobre la base de una tabla de incapacidades establecida por la previsional.

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El pasado 11 de noviem­bre fue remitido a la Cámara Alta el pedido de desafuero en el marco de la causa caratu­lada: “Rafael Augusto Filiz­zola Serra y Otros s/Lesión de Confianza”.

El proceso judicial es por la compra irregular de cuatro helicópteros y el supuesto daño de más de 50.000 millo­nes de guaraníes cuando se desempeñaba como minis­tro del Interior, en la era del expresidente Fernando Lugo.

Tras la lectura del oficio por parte del presidente del Senado, Basilio Núñez, el senador Filizzola pidió a sus colegas a constituirse en Comisión y dictaminar a favor del pedido judicial. Y adelantó que solicitará la extinción de la causa.”Este es un caso que se refiere a mi administración al frente del Ministerio del Interior. Lo que solicito es que los cole­gas permitan que el pleito se convierta en Comisión para poder dar las explicaciones correspondientes”, indicó Filizzola.

El legislador sostiene que el “caso helicópteros” nació como un ataque político de los colorados para manchar su entonces candidatura a la Vicepresidencia de la Repú­blica. Afirmó que la Fiscalía lo acusó con una mentira y cometió numerosas irregu­laridades.

Filizzola agregó que ya se habían presentado varias acciones de inconstitucio­nalidad sobre el caso. “Yo había planteado una acción de inconstitucionalidad, se habían presentado varias acciones de inconstitucio­nalidad contra las actuacio­nes en este proceso y la Corte resolvió en forma unánime declarar inconstitucionales y nulas todas las acciones, incluyendo la acusación”, manifestó Filizzola.

De acuerdo a las investigacio­nes, también se habría produ­cido un perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción.

El exministro del Interior había aprobado la licita­ción para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.

El parlamentario es recordado principalmente por las cau­sas penales que boicoteó durante años mediante chicanas por casos como la compra de los helicópteros y las comisarías “de oro” que supuestamente implicaron en conjunto un perjui­cio de G. 51.200 millones al Estado.

En la causa por la compra de helicópteros para la Policía Nacional a precios “de oro”, su defensa querelló a los testigos de la Fiscalía por supuestamente haber mentido en sus declaraciones y también denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los fiscales que lle­varon adelante las investigaciones.

Según el Ministerio Público, la empresa Proibérica fue adjudicada para proveer al ministerio, en noviembre de 2010, 4 helicópteros a pesar de no reunir los requisitos del pliego de bases y condiciones de la licitación.

Tras un largo debate, la Cámara de Senadores aprobó ayer miér­coles tres pedidos de préstamos internacionales, con un monto total de 410 millones de dólares, para la Administración Nacio­nal de Electricidad (Ande).

El primer pedido solicitado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas consiste en la apro­bación de un proyecto de ley “Que aprueba los contratos de préstamos suscritos en fecha 26 de enero de 2023 entre la Ande con el Banco Interame­ricano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta 260 millones de dólares, y el Fondo de Desa­rrollo y Cooperación Interna­cional ( Taiwán ICDF) por un monto de hasta 30 millones de dólares”. Según el objetivo, sería para el financiamiento del pro­yecto “Expansión del sistema de tratamiento en alta ten­sión-Fase II, a cargo de la Ande, ampliando su presupuesto del ejercicio 2024″.

El otro pedido del Poder Eje­cutivo aprobado por los sena­dores es el proyecto de ley “Que aprueba el contrato de préstamo suscrito entre la Ande con el Banco de Desa­rrollo de América Latina y el Caribe por un monto de 120 millones de dólares”.

El recurso sería para el financia­miento del programa de apoyo al desarrollo del sector eléctrico del Paraguay, a cargo de la Ande y que amplía su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.

Previo a su tratamiento en el pleno de la Cámara Alta, el pre­sidente de la Ande, Félix Sosa, defendió ante la Comisión de Hacienda sobre la necesidad de estos recursos. Indicó que ser­virá para el desarrollo del sector energético del país.

Durante la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, los miembros aprobaron por unanimidad la aplicación de una Plataforma de Afiliación Digital, respetando todas las consideraciones técnicas que permitan la correcta identificación de los interesados. Además, el pleno acompañó la modificación del Código de Ética partidaria para que se ajusten a las legislaciones vigentes sobre el financiamiento político.

En tal efecto, la apoderada general Magnolia Mendoza pasó a detallar el dictamen emitido por la Comisión de Apoderados, conforme a la propuesta planteada por la Comisión de Afiliaciones. Señaló que la propuesta es viable y no sustituye a las afiliaciones tradicionales previstas en el estatuto partidario. No obstante, remarcó que se deberá prestar especial atención a la no vulnerabilidad del sistema a través de la plena identificación del usuario que accede al mismo.

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“Por lo tanto, es nuestro parecer que, si se cumplen con todas las especificaciones técnicas contenidas en este documento, es jurídicamente viable la implementación de la Campaña Permanente de Afiliación en Línea”, expresó la apoderada sobre la conclusión del dictamen.

Asimismo, el apoderado general Wildo Almirón se refirió al dictamen emitido por la Comisión de Apoderados que aconsejó al pleno la aprobación del proyecto que Incorpora nuevos artículos al Código de Ética partidario, que fue elaborado por el Tribunal de Conducta de la ANR.

Al respecto, señaló que la propuesta del Tribunal de Conducta es incorporar bajo la denominación de: “Título VI del Código de Ética de la A.N.R.. Art. 12°: El afiliado candidato por el Partido que trasgreda las disposiciones establecidas en la legislación nacional sobre el Financiamiento Político, la Prevención de Lavado de Activos, y la Financiación del Terrorismo, será penado con una multa cuya cuantía será determinada por el Tribunal de Conducta del Partido”, explicó.

Agregó, que en caso de que el afiliado que sea candidato a un cargo electivo, vuelva a ser reincidente, conforme al artículo 12° incorporado; será suspendido en sus derechos de afiliado. “El afiliado candidato del Partido que incumpliere la resolución emanada del por el Tribunal de Conducta, así como la reiteración de trasgresión de los arts. 12 y 13, de este Código, será pasible de expulsión de los registros del Partido”, preciso.

Almirón añadió que la recomendación del Consejo de apoderados es que “en el futuro, se debería diseñar un nuevo Código de Ética que incluya la vigente y estas modificaciones, volviéndolo moderno, organizado y con una redacción más ordenada”, acotó.

Los miembros de la Junta de Gobierno, que fueron convocados por su presidente Horacio Cartes, mantuvieron su reunión ordinaria en la sede partidaria donde entre otros puntos aceptaron la renuncia del miembro titular de la Junta de Gobierno, Luis Viedma Vigo, quien argumentó motivos de salud y laborales. Acto seguido convocaron a su suplente Álvaro Lorenzo Scappini, que pasó a ocupar la vacancia y conformar el quórum de la sesión del día.

Posteriormente, el pleno acompañó la aprobación de 14.525 nuevas afiliaciones, así como la solicitud de 260 reincorporaciones de los que han cumplido el pase a retiro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y funcionarios judiciales.

Otro punto analizado por el pleno partidario fue la propuesta de la Comisión de Organización Partidaria, a través de la cual aconsejó la nominación de tres seccionales coloradas. La primera fue la Seccional N° 462 de Puerto Adela de Canindeyú, con el nombre de “Don Amancio Ramiro Mendoza Romero”; la otra es la Seccional N° 232 de San Miguel, Misiones con el nombre de “Don Fredy Cardozo Ramírez”; y la Seccional N° 187 de Itakyry, de Alto Paraná con el nombre de “Ing. Carlos Alberto Aguilera Paniagua”.

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