El exgerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social (IPS) Pedro Halley aseguró que la deuda de la previsional con las proveedoras debe ser saldada en un 75% por el Estado, dado que este compromiso se originó por la atención médica que brindó el IPS a los no asegurados. Señaló que este proyecto genera sospechas dado que el proyectista es el diputado oficialista Arnaldo Samaniego, cuya familia es acusada de tener un clan instalado en el instituto.
“El 75% de esta deuda que se quiere pagar con fondos del IPS corresponde al Estado, de hecho el Estado en virtud de esa ley de emergencia sanitaria del 2020 le pagó al sector privado por el mismo servicio, por qué no le puede pagar al IPS también, por qué hay que hacer un préstamo de más de US$ 200 millones a dos semanas de las internas partidarias, hay demasiadas cosas oscuras en esta cosa”, expresó Halley en comunicación con la 1020 AM.
Explicó que antes de la pandemia la deuda con los proveedores de medicamentos estaba en el orden de los US$ 60 millones, con la crisis sanitaria y mediante el decreto del Poder Ejecutivo se obligó al IPS a prestar atención a los no asegurados y eso ocasionó que la deuda ascienda a US$ 242 millones.
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El diputado oficialista Arnaldo Samaniego presentó un proyecto que pretende que el IPS contrate un préstamo de US$ 233 millones, unos G. 1,6 billones, para saldar esta deuda; sin embargo, Halley afirma que la previsional solo debe hacerse cargo del 25% del endeudamiento. “La deuda con los proveedores es mayoritariamente con empresas vinculadas a esa familia (clan Samaniego), acá hay que hacer une con flecha y ya sabes por dónde viene la mano”, alertó.
Halley indicó que la deuda del Estado con el IPS está en el orden de los US$ 570 millones, y que con estos recursos se debería financiar la deuda con los proveedores. Alegó que el presupuesto de salud no tiene la capacidad de hacer frente al pago del crédito, por lo que se terminará perjudicando al fondo de jubilaciones.
“El presupuesto de salud no puede endeudarse más allá de diciembre de cada año porque es un presupuesto de ejecución anual, no tiene reserva para asumir deudas de largo plazo. Cuando salga esta ley, va a ser el fondo de jubilaciones el que finalmente va a dar garantías y va a ser el que termine pagando”, aseveró.