El proceso de selección de la terna para fiscal general del Estado se va enturbiando por intereses políticos, según cuestionó la abogada Carolina Ferreira Gorostiaga, quien fue excluida del proceso de selección del Consejo de la Magistratura. La profesional señaló el llamativo silencio cómplice que muestran los actores políticos ante los graves atropellos que se están cometiendo en el Consejo de la Magistratura.

Ferreira Gorostiaga, en comunicación con radio 1000 AM, señaló que no solo el gobierno de Mario Abdo Benítez no se pronuncia, sino tampoco el titular del principal partido de la oposición, Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. En ese sentido, indicó que es sabido que Mario Abdo tiene un fuerte interés por lograr un FGE a medida para no ser procesado en el futuro, mientras que Alegre tiene procesos judiciales en su contra, por lo que le conviene que el próximo titular de la FGE sea afín a su sector.

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“Es una verdadera vergüenza, una sesión maratónica hasta las 11 de la noche, cosa que nunca ocurrió. Yo no veo cuál es la urgencia. Nadie, absolutamente nadie, ni del gobierno oficialista, ni de la oposición oficialista que está presidida por Efraín Alegre, están cuestionando este proceso. En el caso de Alegre, él tiene un proceso judicial en curso que seguramente debe ser de su interés que el fiscal general del Estado que ingrese a la institución le favorezca con ese proceso”, cuestionó.

Respecto a los argumentos que utilizaron en el Consejo de la Magistratura para excluirla junto a otros 15 abogados, la abogada señaló que se hizo prevalecer lo político por encima de lo jurídico. Lo único que se puede ver de este proceso es que la única misión “es tener la terna confeccionada antes del 18 de diciembre”, fecha en la que deben realizarse las internas partidarias.

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Asimismo, indicó que los criterios asumidos por el Consejo de la Magistratura para excluir a varios postulantes del concurso para la elección del nuevo fiscal general del Estado estaban basados en un reglamento inconstitucional. Esto al exigir que abogados matriculados sean marginados del proceso solo por el hecho de no contar con el sello del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en el título profesional. Ferreira aclaró que ni la misma Corte Suprema de Justicia exige dicho requisito para otorgar la matrícula a los abogados.

“El Consejo está pasando por encima de cualquier norma de sentido común, y sobre todo de sus actos propios, porque en mi caso, por ejemplo, el año pasado yo estuve en dos ternas para fiscalías y también estuve como defensora pública. Estoy matriculada desde el año 1996 y resulta que ahora no soy abogada. A ese nivel de grosería se está llegando con este Consejo de la Magistratura, y todo porque hay que sacar esta terna antes del 18 de diciembre. Es una locura, por qué, ¿cómo van a evaluar de esa forma a los postulantes? Un proceso para fiscal general del Estado mínimo debería llevar 2 meses”, cuestionó.

Finalmente, Ferreira Gorostiaga anunció que apelará la decisión del CM, pero admitió que la acción será meramente simbólica, dando por hecho que no logrará revertir la decisión.

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