Afirman que existe falta de voluntad política para aplicar la ley de ollas populares y advierten que unas 3.500 personas podrían quedar sin un plato de comida. Foto: Nadia Monges.
“Este gobierno está castigando al sector más carenciado”, dicen desde articulación de ollas populares
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La representante de la articulación de ollas populares Cira Novara habló sobre la falta de aplicación de la ley de ollas populares, que está pendiente de reglamentación. Según explicó, a pesar de que el proyecto ya fue aprobado en julio de este año, a la fecha aún no se han desembolsado los recursos que estipula la legislación y advierten que no saben cuánto tiempo más podrán sostenerse sin ayuda estatal. “Lastimosamente, este gobierno está castigando al sector más carenciado porque las políticas y leyes se aprueban, pero no se ejecutan”, expresó.
Novara detalló que además de la reglamentación, tampoco se ha diseñado el manual operativo por el cual debe regirse la ley, lo que ocasiona que no se realicen los dos desembolsos de G. 11.000 millones que dispone el marco normativo. “Hasta la fecha no tenemos novedades de que se haya realizado el desembolso desde el Ministerio de Hacienda”, indicó en comunicación con la 650 AM.
Sostuvo que están convencidos de que la falta de aplicación de esta ley se debe a la carencia de voluntad política, ya que aseguró que existen los recursos. “Paraguay es un país sumamente rico, solamente que la distribución no es equitativa y existe mucha malversación de recursos en el Gobierno”, lamentó.
Agregó que unas 3.500 personas dependen de las ollas populares y que se vienen sosteniendo con donaciones y ciertas actividades, pero que resultan insuficientes ante la alta demanda, la que va en aumento, según señaló Novara. “La conclusión que sacamos es que estamos ante un sistema que nada le interesa mejorar la situación de la población carenciada, de hacer políticas públicas para este segmento y de transformar esta realidad mediante la aplicación de leyes que puedan contribuir a esta mejora”, cuestionó.
Aseguró que el desinterés de este gobierno no solo radica en la falta de aplicación de esta ley, sino también en la incapacidad de generar fuentes de trabajo y de impulsar proyectos para emprendedores, productores, entre otros. “Hay cada vez más familias que están con escasos recursos, por más de que encuentren trabajo, el ingreso que llega a las familias va disminuyendo”, explicó Novara.
En medio de las inundaciones por las incesantes precipitaciones en el Departamento de Ñeembucú, el Gobierno Central en forma conjunta con la gobernación departamental hasta la fecha distribuyó cerca de 3.000 kits de alimentos de 25 kilos cada uno, brindando asistencia a 2.715 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El fin de semana la asistencia llegó a la comunidad de Potrero González, distrito de Tacuaras, donde unas 28 familias recibieron ayuda inmediata, incluyendo la entrega de una canoa a remo para uso comunitario, facilitando así el acceso a sus hogares en medio de las inundaciones.
El despliegue de asistencia se extendió a lo largo y ancho del departamento, abarcando comunidades en Pilar, Tacuaras, Guazucuá y San Juan de Ñeembucú. En Pilar, se brindó ayuda a 510 familias, en Tacuaras a 649 familias, en Guazucuá a 575 familias, y en San Juan de Ñeembucú a 961 familias. Además, se prestó atención específica a grupos vulnerables como la comisión de chatarreros y la comisión de yuyeros ambulantes.
Los datos preliminares de la Secretaría Departamental de Gestión y Riesgos resaltan la magnitud de las lluvias registradas en el departamento de Ñeembucú en los primeros cuatro meses del año. Los distritos como Guazucuá y Tacuaras experimentaron niveles alarmantes de precipitación, alcanzando el 76 % y el 60 %, respectivamente, de la media anual de lluvias. En las últimas lluvias caídas la semana pasada superaron los 190 milímetros.
En Pilar, la situación no es menos preocupante, con el registro del 45,3 % de la media anual en tan solo cuatro meses.
El MIC y empresas avanzan en reglamentación de la ley de reciclaje plástico
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En el marco de la mesa de trabajo que se creó para analizar la reglamentación de la Ley 7014, del reciclaje PET (polietileno tereftalato) y el etiquetado frontal, el Ministerio de Industria y Comercio, la Unión Industrial Paraguaya y referentes del sector privado mantuvieron una primera reunión para establecer las implicancias de la aplicación de la normativa e ir pensando en cómo diseñar sus límites para beneficio del consumidor final y el medioambiente.
Fue la viceministra Lorena Méndez quien encabezó la reunión e hizo énfasis en la gran amplitud de la ley, que conlleva envases plásticos para alimentos y domisanitarios. De ahí, a criterio de Méndez, la importancia de diseñar una reglamentación aplicable, bien práctica, que tenga en cuenta al consumidor final, como también al medioambiente.
El sector de los envases plásticos en el país genera un total de 135.000 empleos y moviliza alrededor de USD 450 millones al año. Varios de sus referentes, al igual que otras instituciones públicas como Dinavisa y Sedeco, se sumaron a la primera reunión de la mesa de trabajo que busca la reglamentación de la Ley 7014, del reciclaje plástico y el etiquetado frontal.
La Ley 7014 tiene por objeto promover la reutilización a través del reciclaje de los residuos plásticos de polietileno tereftalato para su posterior aprovechamiento como materia prima. Esta normativa data del año 2022 y busca escalonadamente pasar hasta un 40 % de uso de resinas recicladas en la producción de embalajes plásticos.
A partir de la reglamentación de la ley se busca promover el desarrollo de la industria de alimentos y bebidas en el país y la economía de mercado, garantizando la seguridad alimentaria, la información al consumidor y el bienestar general de la población.
El intendente Fernando Ramírez indicó que el Gobierno nacional, departamental y municipal están realizando un trabajo coordinado para asistir a las familias afectadas.FOTO: ARCHIVO
El intendente de Pilar, Fernando Ramírez, mencionó que la ciudad ya se encuentra hace más de 20 días en situación de inundación, que afecta a más de 150 familias de la zona de Valle Apu’a. El jefe comunal indicó que están trabajando de manera coordinada entre el Gobierno nacional, departamental y municipal para atender las familias.
“Hace más de 20 días estamos atravesando por una situación bastante complicada, concretamente en el distrito de Pilar identificamos más de 150 familias que hace más de 20 días han sido afectadas por la lluvia, por zonas inundadas”, dijo en entrevista al programa “Arriba hoy”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ramírez detalló que tanto el Gobierno, la gobernación y la municipalidad están trabajando en varios frentes, por un lado, el desagüe con maquinarias proveído por las tres administraciones. “Un esfuerzo articulado de desagotar las aguas en la medida de las posibilidades con maquinarias de gran porte, maquinarias gestionadas por el Gobierno municipal, departamental, nacional, las binacionales también. Por ese tiempo lo hicimos y continuamos haciendo”, afirmó.
Por otro lado, se está trabajando en la asistencia humanitaria que consiste en la entrega de alimentos a las familias afectadas. “En el caso concreto del distrito de Pilar, prácticamente una vez que se ha observado el impacto de la naturaleza en la zona, específicamente de Valle Apu’a, en menos de 24 horas la Secretaría de Emergencia Nacional, el Gobierno nacional ya se hizo presente”, apuntó.
DEFENSA COSTERA
Por otra parte, el intendente se refirió sobre la obra de infraestructura y la defensa costera que servirá para paliar las inundaciones. En estos momentos el Gobierno está trabajando en el financiamiento de estas obras, específicamente para la fase b y la fase c. Estas fases se estarían iniciando ya en el segundo semestre de este año y el tiempo estimado para la conclusión de la misma sería de dos años.
“Según el pliego de bases y condiciones, la fase b, que es una fase más complicada del sistema de alcantarillado sanitario, los desagües tienen un plazo de hasta 24 meses; y la fase c tiene un año de plazo para la ejecución. Estas fases se pueden llevar adelante al mismo tiempo, pueden iniciar al mismo tiempo porque son obras complementarias, y estimamos que una vez iniciada la obra en dos años pueda concluirse”, sentenció.
“Prioridad del Gobierno es llevar líquido vital a región Occidental”
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El senador Basilio Núñez, uno de los proyectistas de la iniciativa “”Agua para el Chaco”, indicó que la prioridad del Gobierno es llevar el líquido vital a la región del Chaco paraguayo. El legislador sostuvo que, de no contar con la cooperación de cooperativas o empresas para la financiación, el Gobierno se podría hacer cargo de su financiamiento.
“El acueducto para el Chaco es una prioridad para el Gobierno, y nosotros no vamos a depender de otra empresa, es una cuestión de Gobierno. No podemos depender del humor ni de un legislador o una legisladora que retira su firma”, refirió en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Reiteró que en este proyecto el Gobierno podría conseguir una fuente de financiamiento para llevar adelante la iniciativa presentada en el Legislativo. “Claro que puede, es cuestión de tiempo, de tratar de hacer bien los deberes, que lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a tener agua permanentemente para el Chaco”, apuntó. Con respecto a los cuestionamientos de algunos sectores, en el Senado, sobre algunos puntos del proyecto, indicó que el primer paso ya fue tomado, presentarlo y en el transcurso de su tratamiento se podrá ir incluyendo las modificaciones.
“Tenemos que ver el lado positivo, se presentó un proyecto, está la problemática. Si hay una base, un proyecto de ley de 12 artículos, ¿para qué le damos entrada?, para que sea modificado, enriquecido, hasta la fuente de financiación podemos ver, si encontramos fuente de financiación para construir kilómetros y kilómetros de asfalto, que no se toma y que no es vital, por qué no vamos a encontrar financiación”, refirió el senador. Indicó además que el proyecto se encuentra en las comisiones asesoras para su estudio previo, antes de ser puesto a consideración del pleno y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que sean necesarias.
“Está en la comisión y nosotros mismos también vamos a sugerir modificaciones, ese proyecto de ley fue una iniciativa legislativa. Yo estuve en comunicación con el presidente de la República, el Ejecutivo va a dar sus sugerencias también a través de la bancada oficialista y nosotros por sí como senadores también”, sentenció.
“Debe ser abarcativo e integral”
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, instó a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para marcar diferencia en los departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población. “Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto ‘Agua para el Chaco’. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
Dirigente pide no poner trabas
Líder Amarilla, senador y dirigente del PLRA
El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner.
El dirigente y legislador liberal puntualizó que acompañará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la importancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.
“Seguiré apoyando este proyecto, independientemente de la salida del senador Penner del partido Patria Querida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferentes medios de prensa.
Remarcó así que las cuestiones políticas o ideológicas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Sentenció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acceder al líquido vital y los parlamentarios poseen la obligación de garantizar dicho aspecto.
“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera deberíamos poner trabas a esta propuesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.
“El proyecto de agua es necesario para el Chaco”
Éver Villalba, senador opositor
El senador liberal pidió también una revisión del proyecto.
El senador Éver Villalba sostuvo que el proyecto “Agua para el Chaco” es necesario para los pobladores del país; sin embargo, destacó que existen varios puntos que deben ser revisados antes de ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores. “El proyecto en sí es necesario para esas comunidades. Ahora, sí yo tengo algunas reservas que estoy analizando con mi equipo asesor, primero es la adjudicación directa que prevé el proyecto”, comentó el legislador.
Como segundo punto que debe ser revisado, se refirió al monto que se había hablado inicialmente. “Se hablaba de 120 millones de dólares, pero en el proyecto presentado va a 250 millones de dólares”, indicó al hablar con periodistas acreditados en el Senado.
Reiteró que existe una gran necesidad de este tipo de proyecto, principalmente, para los pobladores de esa región del país. Mientras tanto, indicó que uno de los puntos que le preocupa y debe ser discutido es que el proyecto habla de agua cruda y no de agua potable.
“Es necesario. Los compatriotas que viven en esa zona del país necesitan tener agua. Otro punto que el proyecto no prevé, porque dice que, a través de un canal a cielo abierto, van a llevar agua, pero no se compromete en la provisión de agua potable. Entonces, finalmente esa carga va a quedar sobre el Estado o la comunidad. Dice agua cruda, no agua potable”, refirió.