El exministro Euclides Acevedo opinó sobre los cuestionamientos que se hacen al Congreso, y en este sentido, dejó en claro que toda crítica es válida, pero no así apelar a la eliminación o supresión del Poder Legislativo, puesto que este permite sostener la democracia y evitar el autoritarismo.

“No podemos reprochar a la institución Parlamento, podemos criticar algunos arrebatos de ignorancia, pero no podemos cuestionarlo porque el día en que el Parlamento desaparezca, allí sí habrá dictadura entonces si uno no quiere que eso suceda y que no haya autoritarismo, no se puede reprochar al Parlamento”, manifestó.

A esto añadió, “creo que la crítica es saludable, pero el ataque despiadado a una institución del Estado nada más y nada menos que a mi juicio, dentro la teoría de la Constitución, la institución más importante desde el punto de vista del equilibrio republicano es el Parlamento”, sostuvo ante la 650 AM.

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Para Acevedo no es cierto que exista una “crisis de representación”, y afirmó que el Congreso actual es el reflejo de una sociedad que está degradada y el mayor signo de esto es que existan referentes de la ciudadanía alegando que no todos deberían tener derecho a votar, queriendo suprimir la igualdad de sufragio que es un fundamento republicano.

“La gente dice que va a respetar la ley en la medida que haya un orden, pero ese orden supone consenso, el consenso supone diálogo, el diálogo supone debate, el debate supone manejo conceptual de los hechos y de las instituciones, por lo tanto, no se puede juzgar de que este Parlamento es mejor que el otro, ha sido el resultado de la decisión ciudadana y la sociedad es la que está representada”, aseveró.

El exministro indicó que desde hace décadas habla de la necesidad de un pacto democrático, pero que esto requiere del diálogo y la deposición de actitudes intransigentes y descalificadoras entre los actores políticos, de modo a construir un proyecto común.

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“Si uno quiere construir un proyecto de desarrollo hay que sentarse y escucharse mutuamente, yo creo que ahí está la incapacidad o ignorancia política de aquellos que hablan de dictadura, de autoritarismo, de libertad y a la hora de la verdad no son capaces de sentarse a hablar porque aquel le parece antipático”, enfatizó.

La Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos tratará el caso del operativo Pavo Real II, que tuvo el objetivo de desarticular la organización de Jarvis Chimenes Pavão, que derivó en el allanamiento del domicilio del diputado Eulalio Gomes, el pasado 19 de agosto, situación en que se produjo su deceso.

El representante legal de la familia, el abogado Óscar Tuma, indicó que acudirán a la convocatoria de la CBI donde estarán presentando documentaciones de las operaciones realizadas por el extinto diputado y su hijo. “La convocatoria es exclusivamente sobre la causa de lavado de dinero. Nosotros tenemos todas las documentales, nosotros tenemos pericias realizadas donde claramente se determina de que no existe lavado de dinero”, expresó el abogado Tuma.

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Aseguró que todas las operaciones realizadas fueron autorizadas por las entidades bancarias. “Todas las operaciones financieras que hizo el diputado Lalo Gomes, que hizo su hijo Alexandre Gomes, se hizo dentro del sistema financiero del país, bajo los controles del BCP y los controles de la Seprelad. No existieron alertas y todas las operaciones fueron aprobadas”, aseveró.

Por otra parte, indicó que aprueba la convocatoria, ya que será una oportunidad para demostrar todos los documentos con que cuenta la familia y los representantes legales. “Nosotros vemos con buenos ojos, nosotros queremos que se sepa la verdad. Lo que yo estoy diciendo en cuanto a lo que dije, se sostiene con documentos, no son solamente manifestaciones, sino tenemos los documentos que muestran que todas las operaciones se hicieron dentro del sistema financiero de nuestro país”, dijo el abogado.

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El ministro del Inte­rior, Enrique Riera, habló sobre la insta­lación de un grupo de policías municipales en el distrito de Yaguarón, Paraguarí, que está generando reacciones encontradas. Riera explicó que la única fuerza pública habilitada constitucional­mente es la Policía Nacional.

Adelantó que convocarán al intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez, para con­versar y aclarar en qué condi­ciones fue instalada la Policía Municipal, y también aclarar las limitaciones de la misma.

“Con este precedente, para que no se repita en todos los municipios, y para que no ten­gamos un conflicto innece­sario, vamos a elaborar un dictamen sólido, que se está preparando. Vamos a convo­car al intendente o nos iremos a hablar con él allá y encon­traremos la forma de resol­ver el problema y limitar sus funciones dentro del marco de la Constitución y las leyes, con mucho respeto”, dijo en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

El dictamen que está siendo elaborado por el Ministerio del Interior será presentado a la propia intendencia, soli­citando y explicando los lími­tes que tienen las competen­cias municipales en relación al tema de la seguridad.

Critican acción del intendente al intentar curar un síntoma sin conocer la raíz de la enfermedad.

• HOY.COM.PY

La reciente decisión del intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez Lugo, de estable­cer una Policía Municipal en la ciudad desató un intenso debate sobre la legalidad y constitucionalidad de esta medida. La nueva fuerza de seguridad, que operará con agentes uniformados y pasa­montañas, tiene como obje­tivo principal combatir la cre­ciente inseguridad en la zona.

La abogada y especialista en Derechos Humanos Diana Vargas criticó esta acción, advirtiendo que se trata de una violación a la Constitu­ción. Vargas afirmó que la creación de una policía local carece de fundamento legal, ya que solo la Policía Nacional tiene la atribución de ejercer la fuerza pública en el país.

El ministro del Interior, Enrique Riera, habló sobre la instalación de un grupo de policías municipales en el distrito de Yaguarón, Paraguarí, que está generando reacciones encontradas. Riera explicó que la única fuerza pública habilitada constitucionalmente es la Policía Nacional.

Adelantó que convocarán al intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez, para conversar y aclarar en qué condiciones fue instalada la Policía Municipal, y también aclarar las limitaciones de la misma.

“Con este precedente, para que no se repita en todos los municipios, y para que no tengamos un conflicto innecesario, vamos a elaborar un dictamen sólido, que se está preparando. Vamos a convocar al intendente o, nos iremos a hablar con él allá y encontraremos la forma de resolver el problema y limitar sus funciones dentro del marco de la Constitución y las leyes, con mucho respeto”, dijo en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El dictamen que está siendo elaborado por el Ministerio del Interior será presentado a la propia intendencia, solicitando y explicando los límites que tienen las competencias municipales en relación al tema de la seguridad.

Sin embargo, si no se llega a un acuerdo con la intendencia, Riera adelantó que se podría recurrir a la justicia. “Esa es la última carta, yo creo que hay que agotar el diálogo y si finalmente no se entienden razones, recurrir a la justicia, porque no se puede hacer justicia con manos propias”, aseveró.

El ministro sostuvo que existe una sola policía nacional, y es la única que tiene el monopolio de las fuerzas públicas, y que tiene la aplicación y la posibilidad como auxiliar de la justicia de hacer desalojos, aprehensiones y detenciones. Mientras que la policía municipal tiene sus limitaciones.

“Las policías municipales tienen sus límites, tienen competencia en tránsito, tienen competencias muchas veces, pero a través de inspectores no de policías, de establecer cumplimiento de ordenanzas, pero de ahí a que estén armados, con cara cubierta y cumpliendo funciones propias hay una superposición con la función de la Policía Nacional”, aclaró.

Por otra parte, Riera indicó que probablemente la decisión del intendente fue en buena fe, sin embargo, existen otras alternativas para que la intendencia pueda coadyuvar en el ámbito de la seguridad ciudadana.

“En el caso de la intendencia hay un trabajo en otros casos de mucha colaboración, porque seguridad en su amplio espectro es muchas veces, iluminar una plaza, generar actividades culturales, deportivas, generar actividades lúdicas, encontrar la fórmula de construir para apoyar a la Policía casetas, instalación de cámaras. Hay muchas cosas que podamos hacer conjuntamente”, sentenció.

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