El Ministerio Público, encabezado por Sandra Quiñónez, ordenó el inicio de una investigación en torno a las denuncias periodísticas realizadas contra el abogado Amílcar Fretes Escobar, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, quien habría establecido un millonario negociado con el ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi con la finalidad de evitar su extradición a Estados Unidos.
Al respecto, la resolución 4903 emitida por la fiscal general del Estado (FGE) argumenta que existirían en el conflicto hechos penalmente relevantes. El documento menciona también que la apertura de la investigación surge tras las informaciones proporcionadas por la fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Alicia Sapriza, quien tomó conocimiento del hecho mediante los medios de prensa, rechazando de esta manera las informaciones que apuntan a sostener que desde la Fiscalía se tuvo un conocimiento previo del pedido de coima.
Por otra parte, menciona que en atención a la situación mencionada, “resulta oportuno” conformar un equipo de trabajo conformado por agentes fiscales para realizar las providencias necesarias e intervenir en los procedimientos de investigación para el esclarecimiento del caso.
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Los fiscales designados son María Luján Estigarribia, Nathalia Silva y Luz Analía Guerrero. De acuerdo a publicaciones periodísticas, Fretes Escobar recibió un supuesto pago equivalente a un total de 368.000 dólares para dilatar la extradición de Hijazi, vinculado a organizaciones terroristas como el Hezbolá.
Antecedentes
Hijazi fue procesado por lavado de dinero y narcotráfico. Finalmente fue extraditado el 8 de julio del presente año al país norteamericano. Fue capturado en agosto del 2021 en Paraguay en un operativo liderado por el fiscal Marcelo Pecci, asesinado en una playa en Colombia el 10 de mayo pasado por sicarios en plena luna de miel.