La Cámara de Senadores acompañó el rechazo al veto total del Ejecutivo al proyecto de ley que amplía el presupuesto de año vigente 2022 para la Secretaría Nacional de Cultura, y otorga mayores recursos para continuar con la restauración de la Iglesia de Yaguarón. La Cámara de Diputados también había rechazado el veto, por lo que el siguiente paso es comunicar al Poder Ejecutivo que ya no le queda otra salida que promulgar y ejecutar el presupuesto.
La propuesta contempla una ampliación presupuestaria de G. 2.048.900.000, para la Secretaría Nacional de Cultura, a fin de dotar de créditos presupuestarios a la citada secretaría, a los efectos de realizar los trabajos de restauración en la sacristía de la Iglesia San Buenaventura la cual, según la exposición de motivos, es considerada una joya del Arte Barroco Hispano-Guaraní.
Destacan además que la iglesia es de estilo franciscano, construida entre los años 1755 y 1772, por José de Sousa Cavadas y los carios guaraníes de Táva Jaguarú. Fue declarada Patrimonio Nacional desde el año 2002. “Esta iglesia reúne todos los requisitos para ser el Primer Patrimonio de la Humanidad propio de nuestro país a ser declarado por la Unesco”, dice parte de la exposición de motivos.
Al respecto, el senador liberal Fernando Silva Faccetti explicó que la razón de esta ampliación obedece a que la restauración de la sacristía de la iglesia de Yaguarón no estaba contemplada dentro del presupuesto de obras, como sí están incluidas otras, porque viene siendo postergada. Es por ello, que a iniciativa parlamentaria se planteó proveer a este proyecto de restauración los fondos necesarios.
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Opaci considera justa las modificaciones a la ley de patentes vehiculares
El Congreso sancionó sin modificaciones el proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) celebraron lo resuelto por el Parlamento y aguardan el visto bueno por parte del Ejecutivo.
“Por fin pudimos culminar el ciclo en el Congreso de este proyecto que habíamos presentado la Opaci, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y Diputados, después de una serie de reuniones para modificar nuevamente la ley n.° 7.447″, manifestó Nelson Peralta, director ejecutivo de la mencionada institución.
Para Peralta, el texto sancionado es mucho más justo, dado que deja atrás el porcentaje que estaba fijado inicialmente que ascendía 0,5% sobre el valor impositivo y que posteriormente fue modificado fijándose en el jornal mínimo diario. El porcentaje del 0,3% sobre el valor imponible que, entraría en vigencia si el presidente Santiago Peña promulga esta ley, permitiría que lo abonado por los contribuyentes se adapte a un monto cercano a lo que ya se venían pagando.
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“Se planteó que para ayudar y bajar el costo y adaptar a lo que se venía cobrando, creímos prudente que el impuesto se calcule sobre el valor impositivo, pero al 0,3%, eso haría que los vehículos más económicos estén pagando entre G. 100.000 y 170.000, pero a eso hay que cargar los costos de las tasas que las respectivas municipalidades vienen cobrando”, explicó Peralta a la 780 AM.
El valor imponible lo determina la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNIT) y será la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la encargada de recolectar esta información y realizar el cálculo para el costo de las patentes por cada categoría de vehículos, información que a su vez será entregada a las municipalidades una vez que esta ley tenga la promulgación de la Presidencia.
“Hay un nuevo punto importante que dice que el intendente será multado por cada habilitación mal concedida con un jornal mínimo diario por cada habilitación, la responsabilidad es personal porque los jefes comunales son los responsables de lo que ocurre en su oficina”, enfatizó. Uno de los objetivos de estas modificaciones también apuntaba a evitar la fuga de contribuyentes, quienes terminaban acudiendo a otras municipalidades debido a la diferencia abismal entre comunas para el pago de patentes.
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Por mayoría, Senado aprueba proyecto Letrina Cero en las instituciones educativas
El proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, Ministerio de Educación y Ciencias”, conocida como “Letrina Cero en las escuelas” fue aprobado por la Cámara de Senadores y ahora pasa a la Cámara de Diputados para cumplir con el circuito legislativo. La ampliación presupuestaria para la cartera educativa es de G. 48.000.000.000, para el rubro de construcciones en el ejercicio fiscal del 2025.
El senador Silvio Ovelar, impulsor del proyecto, indicó que con este programa finalmente se logrará erradicar las letrinas en las instituciones educativas del país. “Este es un proyecto que va a devolver la dignidad a esos niños en las localidades más vulnerables del país. Ya fue ampliamente debatido, por consiguiente, solicito el acompañamiento de los colegas”, expresó el legislador.
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Ovelar también expuso un listado de los departamentos del país con que cuenta con letrinas en las instituciones educativas, entre los cuatro primeros lugares, va desde 42 a 78 que aún cuentan con este tipo de baño común, afectando a 15.350 alumnos.
“Esto va a abarcar a todos los departamentos del país. El departamento de Presidente Hayes (Chaco) es el que tiene mayor cantidad de letrina común, y que no tiene, son 78 en total, el siguiente departamento es el de Canindeyú con 47, el tercero de es Caazapá con 47 y en el cuarto lugar está el departamento de Boquerón con 42, después todos los departamentos tienen una cantidad que oscilan entre 5 a 20 aproximadamente”, detalló.
Esta iniciativa fue acompañada por la mayoría de los miembros del pleno del Senado para su aprobación, y la misma será analizada en la Cámara Baja, de ser sancionada, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto correspondiente. El proyecto ya había sido incluido en el orden del día de la sesión del pasado miércoles, sin embargo, no se llevó adelante su tratamiento por falta de quórum.
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Senado aprueba declarar en emergencia el Chaco paraguayo por inundaciones
A propuesta del senador Orlando Penner, la Cámara de Senadores analizó y aprobó por unanimidad un proyecto de Ley que declara en situación de emergencia los tres departamentos del Chaco: Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. La iniciativa fue presentada ante la grave situación que están pasando muchas comunidades chaqueñas por las constantes lluvias, que los deja prácticamente aislados.
La propuesta del senador Penner fue analizada sobre tablas, y para el efecto, el plenario se constituyó en comisión para dictaminar y plantear algunas modificaciones al proyecto. Tras un breve debate y la consideración de algunas propuestas para su modificación, el pleno aprobó por unanimidad y el documento, con media sanción, ahora pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.
El senador Penner explicó ante sus colegas que la zona del Chaco, en toda su extensión, constantemente está dando de qué hablar, ya sea por problemas de extrema sequía, y en otros casos, como se vive actualmente, el problema de las inundaciones a causa de las constantes lluvias que se registran en esta época del año.
“En medio de estas cuestiones climáticos existen muchos problemas de salud que atender con urgencia, también hay problemas en educación, porque los niños y niñas están perdiendo días de clases. Pero, sobre todo, la alimentación y la salud no puede faltar a las comunidades nativas y chaqueñas”, comentó.
Agregó que una declaración de emergencia ayuda a evitar largos procesos burocráticos al Ejecutivo, para que la ayuda pueda llegar a las comunidades chaqueñas que están desesperados por contar con soluciones concretas. La declaración permite al Ejecutivo disponer que los helicópteros de las Fuerzas Aéreas para que lleguen a la zona donde hay mujeres embarazadas, que no tienen salida a un hospital ni centro sanitario.
Designación presupuestaria
A su turno, el senador Natalicio Chase destacó que una declaración de emergencia es la herramienta que facilita al Estado paraguayo hacerse presente en el lugar que le necesite. Pero la forma de llegar más rápida a las comunidades más alegajas es asignarles los recursos necesarios a las gobernaciones del Chaco para que puedan llegar con mayor efectividad a las zonas más necesitadas.
Por ello propuso la inclusión a la propuesta de ley, la asignación presupuestaria por un valor de 5.000 millones de guaraníes a cada una de las tres gobernaciones del Chaco. También sugirió que, cumplido el plazo de tres meses, deberá rendir cuentas ante la institución pertinente sobre el uso de estos fondos.
El titular del Congreso, Basilio Núñez, comentó que está en permanente comunicación con los gobernadores, quiénes les mantiene al tanto de la situación que están atravesando; por lo que expresó su apoyo total a la propuesta.
El senador Sergio Rojas mocionó instar al Ejecutivo a la instalación de un aeropuerto en Bahía Negra, ya que de todas las ciudades chaqueña esta zona es la peor de todas, ya que actualmente existen dificultades para llegar ya sea por tierra, agua o incluso aire, al no contar con un aeropuerto. Pero, explicaron que este tipo de propuesta debe ser presentado a través de otro proyecto de Ley.
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Ley de Patente Vehicular: esperan que quede promulgada antes del 31 de marzo
El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.
En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.
“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.
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Conformes con la media sanción
Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.
“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.
Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.
Prevén sanciones
Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.
“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.
Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.
Reducción de tarifas
El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.
“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.
Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.
“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.
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