La Sala Penal de la Corte Suprema de Justi­cia integrado por los ministros Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander rechazó las últimas dos chicanas que presenta­ron Arnaldo Giuzzio y Daniel Farías, imputados por siete hechos punibles que tienen relación con el caso conocido como filtración de informa­ción de Seprelad donde tam­bién está imputado el expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez.

Los abogados Emilio Fuster, defensor de Giuzzio; y Enri­que Kronawetter, represen­tante legal de Daniel Farías, presentaron una apelación contra la resolución del Tri­bunal de Apelación que había otorgado seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que pueda presentar su requerimiento conclusivo.

La Corte declaró inadmisibles los recursos planteados por los dos imputados argumentando que “corresponde declarar inadmisible el recurso de ape­lación interpuesto atendiendo a que, si bien se trata de una resolución originaria del Tri­bunal de Apelación, el mismo no ha fundado debidamente su recurso, ya que se ha limitado a expresar como motivo de agra­vio que la resolución apelada es infundada”.

Asimismo, menciona el fallo judicial que “tampoco el ape­lante ha establecido cual es el agravio que le ocasiona la concesión de la prórroga extraor­dinaria, y por lo tanto no es posible para esta Sala Penal realizar el análisis de lo invo­cado”, indica parte de la reso­lución de la Corte que rechazó las dos apelaciones de los dos imputados.

Ahora el expediente deberá bajar al Juzgado Penal de Garantías a cargo de la jueza Cynthia Lovera, quien tendrá que fijar la fecha para la realiza­ción de la audiencia de imposi­ción de medidas cautelares así como resolver las doce chica­nas más que aún faltan definir.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arre­gui y René Fernández; los fun­cionarios Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene, además del exsecre­tario privado del mandamás Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato presi­dencial Santiago Peña.

Según el acta de imputación, existen suficientes elemen­tos de convicción que hacen sospechar la existencia de los siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Tras haber recusado a la jueza, la camarilla del expresidente Mario Abdo Benítez pre­sentó otras chicanas contra la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magis­trada sigue o no con la causa, todo esto con el objetivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtracio­nes de la Seprelad.

Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desbarataron este jueves un gran esquema que formaría parte del clan Rotela en la ciudad de Asunción. Durante allanamientos que realizaron en simultáneo lograron decomisar miles de dosis de cocaína, crack, varias armas, y lograron detener a una decena de personas.

Según el reporte de la Senad, los procedimientos se realizaron en cuatro viviendas de la capital de país, donde lograron incautarse de drogas, armas y la detención de un total de 10 personas que estarían ligadas al narcotráfico. Se presume que trabajarían para el grupo criminal denominado clan Rotela, que se mantiene con la venta de sustancias ilegales. La operación denominada Sudamericana se realizó en el marco del Plan Sumar que busca enfrentar a la comercialización, tráfico y microtráfico de sustancias ilegales en el país.

“Sería una estructura bastante organizada, no cualquiera tiene esta cantidad de drogas. Son cuatro allanamientos simultáneos los que se desarrollaron en la jornada. El líder de este clan, Armando Javier Rotela, tenía una estructura bastante grande, estando fuera, sus lugartenientes continúan operando”, explicó el ministro Jalil Rachid, en conferencia de prensa.

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Resaltó que la droga estaba siendo preparada para comercializar entre los hinchas de fútbol que estarían en nuestro país, de cara a la final de la copa sudamericana a disputarse este sábado entre los clubes Racing (Argentina) y Cruzeiro (Brasil), en la olla azulgrana de barrio Obrero de Asunción.

“Son cuatro kilos de cocaína, cada ladrillo de cocaína está cerca de USD 8.000 que fácilmente son 30.000 dólares de perjuicio más las demás dosis que fueron incautadas. Es un trabajo muy grande y un resultado bastante positivo, que fue un trabajo de inteligencia. Esto es microtráfico, es una estructura que maneja cantidades considerables de drogas y se vende por zona”, aseguró Jalil Rachid.

Los investigadores sospechan que los soldados del Clan Rotela estaban preparando entre 60 mil a 80 mil dosis para la venta de la mercadería ilícita durante el encuentro deportivo internacional.

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Pedro Juan Caballero (Emerson Dutra, corresponsal)

El operativo de destrucción de más de tres toneladas de marihuana se desarrolló durante un sorpresivo allanamiento que agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron en una propiedad rural perteneciente a la empresa Alpasa, ubicada en la ciudad de Bella Vista Norte, distante a unos 100 kilómetros de Pedro Juan Caballero.

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Durante la incursión, unas 30 personas que trabajaban en la preparación para el embalaje de la droga lograron escapar huyendo hacia el cerrado bosque que existe en el lugar.

Datos revelan que los agentes de la Senad ingresaron en el lugar ante informaciones que, en el sitio, un grupo narco estaba preparando el envío de una importante cantidad de marihuana al mercado brasileño.

Al ingresar el sitio, encontraron seis campamentos con luz eléctrica que le proporcionaba un generador, agua corriente cuyo líquido era extraído de un arroyo cerca del lugar, y abundante alimento.

Al costado divisaron más de 1.200 kilos de hierba maldita prensada, 900 kilos de esa droga picada y 35 bolsas arpilleras que, en su interior, contenían 70 kilos de marihuana cada una.

Así también, los antidrogas encontraron 7 prensas de gran porte, 4 gatos hidráulicos, 3 motocicletas e, inclusive, bebidas alcohólicas.

Informes de inteligencia revelan que la droga pertenece a una peligrosa facción criminal que, desde la zona de frontera, envía gran cantidad de drogas al mercado brasileño.

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La Senad está en la zona realizando trabajos de inteligencia con la finalidad de dar con el paradero de los miembros de ese grupo delictivo.

Por disposición del fiscal Celso Morarles, quien acompañó todo el operativo, la droga, además de los campamentos y otros objetos más, fueron incinerados en el sitio.

“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.

“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.

En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

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La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.

Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.

“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.

Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.

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