El Estado sigue sin saldar la deuda millonaria que posee con el sector de la construcción y ante esto el presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), Daniel Díaz de Vivar, sentenció que la situación que se está registrando es una consecuencia directa de que el Ministerio de Hacienda y el de Obras Públicas se tiran la pelota. “Es increíble cómo entre dos carteras del Estado no se pueden poner de acuerdo cuando hay una cantidad de dinero tan importante en juego”, reclamó Díaz de Vivar.
“Vos hablás con Hacienda y te dicen que desde Obras Públicas no le mandaron el listado de deudas y cuando te comunicás con ellos, afirman haber entregado el detalle completo de las deudas y los depósitos que deben ir realizando”, contó el presidente de la Cámara en contacto con la 650 AM.
Recordó que se aprobaron créditos por US$ 240 millones, pero hasta el momento solo se pagaron US$ 60 millones, ante lo cual no entienden por qué no se está abonando lo correspondiente, a sabiendas de la existencia de un entredicho entre Hacienda y el Congreso. Mientras, las deudas están venciendo y no poseen una información real para entender las razones de Hacienda para no liberar los fondos correspondientes.
Sin respuesta
“Ya nos reunimos con el BCP para explicar nuestra situación manifestando que cargamos con una deuda que realmente no es nuestra, sino del Estado paraguayo. Mostramos la cantidad de deudas vencidas con el sector de la construcción y ya no obtuvimos respuestas”, refirió además Díaz de Vivar.
Sobre el punto, el presidente de la Cámara lamentó que nadie responda ante la endeble situación en la cual se encuentra el sector de la construcción. Sentenció que constantemente llevan a cabo gestiones que no les corresponden para tratar de solucionar la problemática financiera existente para los trabajadores y ante esto solo reciben excusas para no buscar una verdadera solución a la crisis.
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Gobierno anunció la pavimentación de 1.000 km de caminos urbanos
“Nos vamos a encontrar con municipios colorados, liberales e independientes y no vamos a hacer distinción en ninguno de los casos”, dijo el presidente de la República, Santiago Peña, al anunciar este jueves la pavimentación de 1.000 kilómetros de caminos mediante la firma de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y la entidad binacional Itaipú.
“Este plan es la combinación de lo técnico con lo político, esta es la combinación que permite que el Paraguay pueda progresar. La conectividad vial es fundamental, esto genera un desarrollo y progreso, principalmente para el sector más vulnerable. La teoría nos dice que las grandes rutas son fundamentales para la exportación y acceso a mercados”, sostuvo el mandatario.
El proyecto vial demandará la suma de USD 100 millones y será financiado mediante los recursos económicos que obtiene el país a través del histórico acuerdo concretado con Brasil el pasado año, consistente en el establecimiento del costo de la tarifa de Itaipú a USD 19,28 por kilovatio/mes para los próximos tres años.
El precio fijado genera alrededor USD 280 millones de ingresos por royalties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, totalizando USD 1.250 millones anuales.
“Estos 1.000 kilómetros es una medida focalizada y direccionada para aquellos distritos más vulnerables. En el Paraguay 30 ciudades tienen el 60 % de la población, entonces yo solo podría haber sido populista y concentrarme simplemente en esas localidades y darles más recursos, sin embargo dijimos vamos a ir hasta el último distrito, no importa el tamaño que tenga”, dijo.
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Desde Obras Públicas detallaron que el plan de alcance nacional tiene como principal finalidad sacar del aislamiento a distritos vulnerables y promover el desarrollo de dichas comunidades. La iniciativa vial generará alrededor de 10.000 puestos de trabajo.
“Esta es una política pública que trasciende los números en la ejecución, que trata de unirnos como nación y sociedad, de tratar de transformar este país, no tengo ninguna duda que este proceso ya se está concretando”, puntualizó.
El acto se realizó en la explanada de Palacio de López y contó con la presencia del vicepresidente de la República, Pedro Alliana; el titular de Itaipú, Justo Zacarías; la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, entre otras autoridades nacionales.
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Metrobús: gobierno abdista destruyó proyecto impulsado por cinco administraciones en 20 años
Pagos validados en torno al proyecto del metrobús, durante la administración del extitular de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, exponen que al ambiciosa obra de transporte público, destinada a pobladores de la Capital y del área metropolitana, terminó siendo paralizada a consecuencia de la política del odio demostrada por el anterior gobierno, encabezado por el mandatario Mario Abdo Benítez y su leal ministro en el MOPC, Arnoldo Wiens.
De acuerdo a la línea del tiempo del proyecto, los procesos administrativos y financieros que permitieron a la obra vial alcanzar una ejecución del 18,5 % durante la gestión de Jiménez Gaona fueron avalados tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encargado de financiar el proyecto, y el consorcio internacional de empresas fiscalizadoras conformadas por las firmas Typsa, Incosa y Ingeneg.
El metrobús, cuya construcción trascendería varias administraciones municipales y cuatro periodos presidenciales teniendo en cuenta su magnitud, fue entregado para su continuidad al gobierno abdista en agosto del 2018, con pólizas de seguro y contratos vigentes, sin embargo, el proyecto vial fue suspendido apenas dos meses después, en octubre de 2018, y totalmente enterrado en febrero del 2020.
La consecuencia inmediata del revanchismo político ocasionó que la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudicada como encargada de la obra en el año 2016, impulse una demanda ante tribunales internacionales, exigiendo una compensación millonaria por la suspensión.
La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue condenado en un laudo arbitral a pagar alrededor de 19 millones de dólares. No obstante, mediante las gestiones encaradas por la Procuraduría General de la República, bajo el gobierno de Santiago Peña, el monto fue reducido finalmente a 16 millones de dólares.
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Interventor recomendó su continuación
De acuerdo a los antecedentes, la administración presidencial de Abdo Benítez ya había intentado el 24 de octubre del año 2018, obstaculizar el desarrollo de la obra, cuyo fin principal radicaba en beneficiar a unos 300.000 usuarios del transporte público de forma directa.
En ese entonces, se ordenó la suspensión e intervención del proyecto vial, designando al economista Sixto Morínigo como interventor. En junio del 2019, el funcionario técnico del Banco Central del Paraguay (BCP) recomendó la continuación del proyecto, sugerencia que terminó siendo ninguneada por Abdo Benítez y sus colaboradores en el 2020.
Además de este antecedente, el peritaje hecho por el ingeniero Luis Giménez expuso que todas las obras ejecutadas, con Jiménez Gaona al frente de Obras Públicas, fueron realizadas conforme a lo pagado, razón por la cual los defensores legales del exfuncionario de Estado mencionan que no existen argumentos suficientes para sostener una imputación por lesión de confianza contra su cliente, a la par de indicar que el perjuicio fue provocado en la gestión de Mario Abdo.
Incluso la pericia impulsada por la Fiscalía concluyó que no hubo daño patrimonial durante la administración de Jiménez Gaona, quien el pasado 6 marzo fue sobreseído provisionalmente durante la audiencia preliminar. La medida judicial otorga un año a los agentes fiscales del caso para realizar una serie de diligencias, debido a que la insuficiente investigación no justificaba la acusación.
Línea de tiempo
- 1998: Elaboración del Plan Maestro CETA 98 (administración municipal de Martín Burt).
- 2009: Actualización del proyecto (Administración municipal de Evanhy de Gallegos).
- Octubre de 2010: Firma del contrato de préstamo con el BID (Gobierno de Fernando Lugo).
- Enero de 2012: BID aprueba el préstamo (Gobierno de Federico Franco).
- Junio de 2012: Gobierno de Federico Franco solicita al Congreso aprobación del préstamo.
- Setiembre de 2012: El Congreso solicita a la Facultad de Ingeniería (UNA) dictamen sobre viabilidad del proyecto.
- Agosto de 2013: La FIUNA recomienda la ejecución del proyecto.
- Diciembre de 2013: Congreso aprueba préstamo con mandato de ejecución.
- Noviembre de 2014: Firma española TAINER Consultores dictamina viabilidad del proyecto. El MOPC había solicitado al BID una revisión (Gobierno de Horacio Cartes).
- Enero de 2017: Inicio de obras frente a la Universidad Nacional (Gobierno de Cartes).
- Agosto de 2018: Entrega al gobierno entrante con 18,5 % de ejecución.
- Octubre de 2018: Gobierno de Mario Abdo suspende obras y ordena intervención.
- Junio de 2019: Interventor recomienda la continuación del proyecto (Gobierno de Abdo Benítez).
- Abril de 2020: Gobierno de Mario Abdo inicia la destrucción de las obras ejecutadas.
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Acusan al gobierno de Mario Abdo de haber “matado” el Metrobús
Tarek Tuma, abogado del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, responsabilizó al gobierno de Mario Abdo Benítez de haber privado a 300.000 ciudadanos de la capital y del área Metropolitana la posibilidad de contar con un servicio de transporte público eficiente.
“El perjuicio es que no existe el metrobús, pero la pregunta crucial es por qué no se continuó y terminó las obras. Esto es sencillo, la administración posterior decidió no hacerlo, no es tan difícil de entender. Como ciudadano digo que esto realmente nos perjudicó a todos ya que cualquier obra que implique el transporte masivo de personas cambia a una ciudad”, indicó al programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo Tuma acotó: “La obra debía continuar por varios periodos presidenciales. En la gestión de Jiménez Gaona se entregó una obra funcionando, con un 18,5 % de ejecución. Por culpa de que no se continuo con esta obra, estamos entre 5 a 6 horas manejando en el tráfico”.
Cegados por un odio político y sin fundamentos técnicos, en febrero del 2020, Abdo Benítez junto con su ministro Arnoldo Wiens a la cabeza del Ministerio de Obras Públicas, decidieron dar por terminado el contrató con la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudicada como encargada de la obra en el 2016.
“Si yo compro un perro, le cuido, le doy de comer, le entreno y después de un año le entrego al vecino el perro y si este no le da de comer durante dos meses, muere. Esto fue lo que pasó con el proyecto del metrobús. La obra empezó, se le alimentó durante 5 años, absolutamente todo lo que se pagó, se construyó, la obra estaba en perfecto funcionamiento”, refirió.
El abogado siguió argumentando que “claro que hubo problemas, pero es propio de cualquier obra. En la gestión de Jiménez Gaona se realizaron los trabajos más difíciles ya que eran obras bajo tierra, pero al final la administración posterior decidió no darle de comer más al perro”.
Por otra parte, Tuma se refirió sobre la decisión del juez penal de garantías, Humberto Otazú, en decretar el sobreseimiento provisional a su defendido. “La justicia se puso los pantalones largos, lo que pasó ayer, debió haber sucedido años antes, pero celebro esto”, comentó.
La medida judicial, que impide por el momento la realización de un juicio oral y público, también se extiende para la exviceministra de Administración y Finanzas de la citada cartera estatal, Marta Regina Benítez Morínigo.
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Metrobús: ordenan sobreseimiento provisional para exministro de Obras
El juez Humberto Otazú decretó este jueves el sobreseimiento provisional para el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), Ramón Jiménez Gaona, acusado por el hecho punible de lesión de confianza en el caso conocido como Metrobús. La medida judicial, que impide por el momento la realización de un juicio oral y público, también se extiende para la exviceministra de Administración y Finanzas de la citada cartera estatal, Marta Regina Benítez Morínigo.
La decisión del magistrado penal de garantías surge tras la propia pericia encargada por el Ministerio Público posteriormente a la acusación, la cual descartó un daño patrimonial para el Mopc durante la administración de Jiménez Gaona. La defensa del exsecretario de Estado, ejercida por el abogado Ricardo Preda, manifestó que bajo la gestión de su cliente la obra vial fue entregada al gobierno de Mario Abdo Benítez, en agosto de 2018, con una ejecución del 18,5 %, razón por la cual considera que no se sustenta la imputación.
Al tratarse sobre la indagación de un delito, el Ministerio Público dispone como plazo un año para requerir la reapertura del procedimiento, en caso de que lo considere pertinente. Asimismo el juzgado considera que el órgano extrapoder tiene incoherencias en cuanto a la existencia o no de daño patrimonial, por lo que se debería realizar una serie de 14 diligencias en dicho lapso.
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“Las diligencias deben ser precisas y exactas, no podemos dejar abiertas esta puerta, ya que deben versar sobre los hechos que ya fueron investigados para esclarecer la investigación y tener la certeza de que la hipótesis inicial es correcta o no”, sostuvo Otazú ante los medios de comunicación.
En la acusación formulada el 11 de abril del 2024 por la actual fiscal adjunta María Estefanía González y ratificada por sus colegas Giovanni Grissetti, Yeimy Adle y Natalia Silva, se hace mención a un supuesto daño patrimonial equivalente a USD 23.000.000. Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow, el 28 de mayo del 2018.
La imputación fiscal también fue impulsada contra el entonces encargado del ambicioso proyecto de transporte público que tenía como finalidad garantizar un servicio de calidad para los ciudadanos de la capital y el área Metropolitana, Guillermo Alcides Alcaraz, quien falleció el 12 de julio de 2024. Entre las inconsistencias de la investigación fue señalada la polémica decisión política del gobierno abdista, a través de su ministro Arnoldo Wiens, de suspender el proyecto en perjuicio de la ciudadanía.
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