A raíz de una publicación hecha por la Unidad de Investigación de Nación Media, en la que se desvelaban datos sobre el sospechoso crecimiento patrimonial del agente de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Carlos Francisco Chamorro Portillo y su esposa, que asciende a 518 millones de guaraníes en concepto de propiedades y vehículos de alta gama, la mencionada institución salió al paso con un comunicado dirigido a los medios de comunicación y la opinión pública.

En el documento hacían hincapié en que la información de los funcionarios y de la entidad es resguardada por cuestiones de seguridad y que esta se debe de tener en cuenta a la hora de investigar y revelar datos de los mismos, si bien las normas de seguridad son respetadas, las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos son de acceso libre, justamente para salvaguardar la transparencia en las instituciones.

En el mismo día de la publicación coincidentemente se vio actividad sospechosa en las inmediaciones de la residencia de la periodista que trabajó en el caso, aparentemente serían personas que vigilaban el lugar, todo esto quedó documentado en videos de seguridad. Ante estos incidentes, en comunicación con La Nación/Nación Media, José María Costa, coordinador de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, reprochó que la actividad periodística se vea amedrentada de esta manera.

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“Considero que la actitud y la actuación de la Senad choca evidentemente con las garantías constitucionales, la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo, más aún porque están invocando una normativa que no puede ser aplicada en esta situación y que evidencia claramente que hay una intención institucionalizada de encubrir posibles investigaciones sobre posibles hechos de corrupción o irregularidades”, criticó Costa.

El periodista fue claro al señalar que una institución del Estado no se puede amparar con interpretaciones antojadizas de normativas y de leyes para tratar de evitar la claridad, la transparencia y la rendición de cuentas, y menos aún para tratar de encubrir casos de posible corrupción, haciendo además fuerte hincapié en el derecho de las personas de informarse a través de los medios de comunicación.

“Qué mal queda que una institución del Estado trate de evitar que el periodista haga su trabajo de manera libre y segura y, por otro lado, que aparezcan casos como el que está señalando la periodista, que es una vigilancia con la fuerte sospecha de intento de intimidación que hay de parte de la gente que estaría siendo investigada por esta supuesta corrupción”, aseguró José María Costa.

En la misma línea, el secretario del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Santiago Ortiz, en comunicación con el programa “Pase lo que pase”, de Universo 970 AM/Nación Media, sentenció: “No pueden utilizar una ley como esa para impedir el acceso a información de carácter público como lo son las declaraciones juradas de los funcionarios”, refiriéndose al comunicado publicado por la Senad.

El comunicador también repudió el hecho de que una institución como la Senad pueda seguir usando un elemento de seguridad nacional para tratar de impedir la labor del periodista, al tiempo de hacer un hincapié en que la transparencia debería ser la base de todas las instituciones de carácter estatal.

Tanto José María Costa, coordinador de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, como el secretario del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Santiago Ortiz, coincidieron que el Estado debe ser coherente con las obligaciones que tiene con respecto a la protección de la tarea periodística como son la de prevención ante cualquier tipo de violencia, protección y la procuración de justicia.

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