Este miércoles, desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) indicaron que el último censo realizado en Paraguay señala que el 28,3 % de las viviendas presenta al menos una carencia, según la medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Además, hicieron un comparativo de las últimas cuatro décadas.

Los resultados dados por el INE se basan según el censo del 2022, en el que se señala sobre las necesidades que son consideradas básicas, con indicadores y niveles mínimos, de manera a determinar el nivel de insatisfacción en cada una de ellas. Estos resultados son usados a nivel mundial. “En el año 2022, de acuerdo a la información recabada por el censo nacional, es posible saber que 28,3 % de los hogares presenta carencias en al menos una NBI”, resaltaron desde la institución.

Según el desglose de los datos, el 6,4 % presenta necesidades en la calidad de sus viviendas; mientras las carencias en cuanto a infraestructura sanitaria llegan a un 10,4 %. Existen hogares con necesidad en cuanto a acceso a la educación, representando un 10,6 % y los que tienen NBI en capacidad de subsistencia representan el 8,3 %.

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Desde el INE apuntaron a que las necesidades básicas insatisfechas es el conjunto de necesidades consideradas básicas, con indicadores y niveles mínimos. Estas se definen en cuatro dimensiones: calidad de la vivienda, infraestructura sanitaria, acceso a la educación y capacidad de subsistencia.

En el año 1982 el 87,8 % de los hogares del país tenía carencias en al menos una NBI. En el siguiente censo en 1992 el porcentaje llegaba al 76,7 %. En el año 2002, las necesidades insatisfechas en las familias bajaron a 59,0 %, mientras que en el año 2012, la cifra llegó al 43,0 %.

En la actualidad (censo del 2022), uno de los distritos con menos carencias es Fernando de la Mora, con 14,1 %; por otro lado, el distrito de Teniente Irala Fernández presenta el porcentaje más alto con un 94,3 %. Santa Rosa del Monday la dimensión de calidad de vivienda tiene el porcentaje más bajo y el más elevado se encuentra en Puerto Pinasco, con 24,3 %.

En cuanto a infraestructura sanitaria, los distritos Tebicuarymi y General Delgado presentan el porcentaje más bajo con 2,8 %, pero en Loma Plata el 90,1 % de los hogares tiene carencias sanitarias. En el sector educación, Fernando de la Mora solo presenta necesidades en un 4,5 % y en Puerto Pinasco tiene el valor más alto con un 42,6 %.

La dimensión de capacidad de subsistencia, Lambaré es la localidad que concentra menos familias con carencias con 3,8 %. Lo que no se refleja en el distrito de Puerto Pinasco donde llegan al 38,8 %. Recordaron que se trata de una medida utilizada para ofrecer una mirada integral a la pobreza estructural para la formulación de políticas públicas con mayor focalización.

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El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que la tasa de desempleo disminuyó de un 6 % a 5,3 % entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo periodo de este año. Los sectores que registraron mayores aumentos en el empleo fueron: las industrias manufactureras, servicios comunales, sociales y personales; comercios, restaurantes y hoteles.

“Lo que se está viendo es una paulatina formalización de la mano de obra”, manifestó Norma Medina, directora de Producción Técnica y Estadística del INE a la 920 AM. A eso, mencionó que la cantidad de ocupados en el tercer trimestre del año 2024 fue alrededor de 2.906.475 personas, 66 % de la población de 15 y más años de edad. En términos absolutos, se registró un aumento de aproximadamente 6.483 personas ocupadas.

Durante el tercer trimestre del 2024, las personas clasificadas como desocupadas fueron alrededor de 164.000 personas, de las cuales, cerca de 68.353 fueron hombres (41,7 %) y 95.647 mujeres (58,3 %). También contó que la desocupación afecta a más del 5 % de la población que compone a la fuerza de trabajo de 15 años en adelante.

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Datos del INE indican que el aumento del número de ocupados se dio en los trabajadores asalariados en alrededor de 37.253 personas ocupadas, producto del aumento en los empleados/obreros privados (alrededor de 37.394 personas), mientras que los trabajadores independientes registraron una disminución de 31.244 personas aproximadamente, producto de la disminución del trabajador por cuenta propia y trabajador familiar no remunerado.

Al respecto, el Equipo Económico Nacional (EEN) mantuvo una reunión este jueves donde se analizó y debatió sobre los datos relacionados al empleo en el país. El equipo liderado por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, se comprometió a seguir impulsando la creación de empleo de calidad para promover mejores oportunidades a la ciudadanía.

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Este lunes el contralor general de la República, Camilo Benítez, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y otros parlamentarios para analizar el tratamiento del anteproyecto de ley que crea el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. El contralor explicó que se trata de una de las iniciativas que tiene la estrategia nacional de combate a la corrupción en el sistema público.

“Hace un año fue suscripto por todos los poderes del Estado y los organismos extrapoder, este es uno de los elementos para la Contraloría más importante, que es tratar de complementar el enfoque que tenemos en la lucha contra la corrupción y cumplir con los estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción”, expresó tras la reunión en la Cámara Baja.

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Benítez indicó que el objetivo no es tratar de prevenir y estandarizar los criterios en todos los poderes del Estado, en materia de integridad y prevención, en el cual existe una disparidad, de acuerdo al contralor. Además se establece criterios para transparentar la administración pública, criterios para el acceso a la función pública, ya que no existe un criterio unificado.

“Nosotros creemos que a través de esta ley se podría trabajar con todos los poderes del Estado para que exista una ley unificada. Nosotros fuimos lo que propusimos en esta mesa de diálogo que se había conformado”, apuntó.

Esta normativa también regula el Centro Nacional de Denuncias de corrupción contra funcionarios públicos. “Todos los principios mundiales en materia de denuncias contra la corrupción dice que el órgano que debe administrar esta denuncia debe ser independiente de las personas a quienes se le denuncia”, de acuerdo a la explicación del contralor.

Por otra parte, Benítez resaltó que la postura de la Contraloría es que una secretaría anticorrupción que dependa del Poder Ejecutivo, que forme parte del gabinete del Poder Ejecutivo, mal podría administrar este portal de denuncia contra funcionarios del Poder Ejecutivo.

“Por eso decíamos en su momento que debería ser la contraloría, que es un órgano constitucional, un órgano independiente, autónomo y distante al poder administrador y los otros poderes del Estado, quien administre este portar de denuncias”, sentenció.

Por su parte, el presidente de la Cámara Baja indicó que existe un fuerte compromiso de llevar adelante este proyecto. “Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Compartimos una reunión sobre la Ley de integridad, que busca fortalecer las capacidades del Estado de lucha contra la corrupción y la impunidad, con la presencia del contralor general de la República”, aseveró.

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El caso elevado al Ministerio Público por parte de la Contraloría acerca de la deuda del Instituto de Previsión Social (IPS) a proveedores, que llega a más de G. 1 billón, durante la administración de Vicente Bataglia, designado por el expresidente Mario Abdo Benítez, podría ser archivado. Los fiscales que investigan esta causa solicitan la desestimación alegando que la Fiscalía sí recibió los documentos por parte de la previsional, mientras que la CGR afirma que no tiene conocimiento sobre tales documentos.

Para hablar sobre esta situación, el director jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), Dario Ortega, y el jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica de la previsional, Edgar Giménez, participaron del programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El director jurídico de la Contraloría explicó cómo se dio la auditoría que se inició ya a finales del 2022 y las trabas que puso el IPS para no brindar los detalles y las documentaciones de la deuda al órgano contralor. El informe que elevaron al Ministerio Público en su momento habla de un posible daño patrimonial.

“Es un tema ya remanido que venimos hablando hace un tiempo, pero conviene recordar, pues va ser el sustento de nuestra objeción, o la falta de concordancia que tenemos con la Fiscalía para haber arribado esa conclusión. Tengo que decir que esta es una auditoría financiera y de cumplimiento llevada a cabo por la Contraloría para el ejercicio fiscal 2022″, explicó.

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Agregó que se habla de un monto de G. 1 billón, equivalentes a más de USD 100 millones de dólares, y que la Contraloría encontró una observación que primero trató de averiguar en el propio IPS, pero la previsional mintió. Esto tenía que ver con una falta de composición de saldo pendiente de pago a proveedores.

“Nosotros iniciamos la auditoría en el 2022, finales del 2022 y se prolonga hasta julio del 2023, durante ese un año nosotros recibimos evasivas, las evasivas hicieron que tengamos que iniciar una acción judicial, luego de la acción judicial vinieron los camionazos (de documentos), pero incluso ahí encontramos falta de cooperación por parte de IPS y mentiras”, explicó.

El director jurídico de la Contraloría indicó que no se cuentan con los documentos respaldatorios de la composición de saldo, a pesar de la insistencia y varias acciones no se han remitido los documentos respaldatorios de la deuda. La conclusión de la CGR ante esta observación fue que no se puede emitir una opinión razonable sobre el estado contable.

“En materia de auditorías, no solamente en Paraguay, en el mundo, concluir así lleva consigo una sospecha de fraude, porque si un ente obligado a llevar una contabilidad limpia, y no lo tiene, algo raro está pasando”, apuntó Ortega.

Sin embargo, el planteamiento de la desestimación de la Fiscalía se sustenta que la institución sí recibió tales documentaciones. “Entonces nosotros le remitimos eso a la Fiscalía, eso y otros puntos, ¿y dónde está ahora nuestro descontento con la Fiscalía? que para sustentar la desestimación de esta observación dice que la Fiscalía sí pudo obtener la conciliación y sí pudo tener facturas de pago relativas a los fondos obtenidos en virtud a la ley 7037″, expresó.

Por su parte, Edgar Giménez, jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica del IPS, dio detalles de la reunión que mantuvieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. En este encuentro participó el equipo jurídico del Instituto de Previsión, también las autoridades de la parte contable, de auditoría y también asesores externos de la previsional, además del director jurídico, en relación a este caso.

“Manifestamos nuestras preocupaciones, le hicimos saber las incoherencias, las contradicciones que tenían los argumentos del requerimiento fiscal y también le manifestamos la preocupación en relación al equipo de trabajo que está llevando a cabo las investigaciones del IPS”, dijo Giménez.

Mientras tanto, el fiscal general se comprometió con una colaboración entre instituciones, seguir con las investigaciones y cumplir con todas las diligencias en el marco de esta causa.

“Se manifestó a rasgos generales, también nos manifestó su intención de colaborar más que nada entre instituciones, eso es lo que nos dijo y que va a tratar de conformar un equipo de trabajo en relación a las causas del IPS para poder llevar adelante las investigaciones y cumplir con todas las diligencias que se solicita por parte del IPS, que participa como víctima en estos casos”, dijo Giménez.

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