La Dirección de Contrataciones Públicas no tiene competencia para auditar el uso de los 43 millones de dólares otorgados en préstamo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Instituto Nacional de Estadística (INE). Así lo aclaró el director de Contrataciones, Pablo Seitz, y a su criterio la Contraloría General de la República es el ente que debe fiscalizar esos fondos así como el organismo crediticio internacional.
“La Contraloría conserva sus atribuciones de control, supervisión y vigilancia porque es un órgano a nivel constitucional que está por encima del tratado internacional de préstamos con el BID. Pero la Dirección de Contrataciones Públicas no, por estar creada por una ley nacional que se encuentra en un rango inferior en relación al tratado internacional”, afirmó Seitz a la 680 AM.
Afirmó que el BID también tiene “ciertas atribuciones” de control según sus reglas internas, pero en relación al control de autoridades paraguayas es “la Contraloría que conserva íntegramente todas sus atribuciones”.
El director de Contrataciones Públicas manifestó que sobre las compras realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el censo poblacional esta institución no tiene competencia, puesto que todas las adquisiciones fueron fondeadas con el citado préstamo internacional.
“Cuando se aprueban los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo la ley que aprueba ese préstamo tiene una cláusula que especifica que los fondos provenientes de ese préstamo se ejecutarán a través de los canales del BID y no de la Ley Nacional de Contrataciones”, remarcó.
El senador Blas Llano presentó el proyecto de resolución “que encomienda a la Contraloría General de la República efectuar auditorías financieras y de gestión sobre el uso de los recursos destinados para la realización del Censo Nacional, de Población y Viviendas del año 2022″.
El parlamentario liberal realizó esta presentación luego del fallido operativo censal del miércoles 9 de noviembre, día en que hubo una deserción masiva de censistas que impidió recoger los datos de las viviendas, pese a que las familias cumplieron a rajatabla lo dispuesto en la ley que estableció el feriado nacional.