El director paraguayo de la Itaipú Binacional, Manuel María Cáceres, pidió al Senado aceptar el veto del Poder Ejecutivo sobre la ley que prevé un pago de compensación a exobreros de empresas contratistas de la hidroeléctrica. Advirtió que una ley interna no puede modificar el tratado y ratificó que se apelará a una acción de inconstitucionalidad en caso de no frenar la promulgación de la legislación.
Cáceres participó este lunes de una reunión con miembros de la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara Alta, en la que alertó a los senadores del impacto que tendrá el pago de los US$ 940 millones para el Estado paraguayo. Una vez más manifestó que es inviable la aplicación de la ley.
“Para nosotros hay varias cuestiones, primero que la ley no puede modificar un tratado”, indicó Cáceres al insistir en que no corresponde el pago de la millonaria indemnización.
Aclaró que el lado brasileño efectivizó el pago, pero era a exobreros de la Itaipú y no de empresas contratistas, como es el caso planteado en el lado paraguayo. El director de la binacional pidió a los senadores aceptar el veto del Poder Ejecutivo, puesto que corresponde a la Cámara Alta el tratamiento en plenaria del controvertido proyecto de ley.
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El 5 de octubre, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, comunicó la decisión del Poder Ejecutivo de vetar totalmente el proyecto de ley que pretendía establecer una compensación especial para los extrabajadores paraguayos de la Itaipú Binacional “en cumplimiento a los reclamos laborales, de derechos y beneficios no percibidos”, tal como menciona el texto.
“Con esto estamos precautelando el manejo binacional de la Itaipú. El Ejecutivo considera que este proyecto es inconstitucional”, había fundamentado el jefe de Estado. La propuesta sancionada a finales del mes de agosto por el Congreso Nacional fijaba el pago de US$ 940 millones para 15.000 personas aproximadamente que trabajaron en la margen derecha de la entidad
Los exobreros alegan que se trata de una compensación y no de indemnización o prescripción, pues se trata de trabajadores que colaboraron en la construcción de una parte de la Itaipú Binacional. En tanto, desde el Gobierno se menciona que los 940 millones que pretenden distribuirse entre 15.000 personas obligarían a suspender transferencias al Estado paraguayo, inversiones sociales y otros ítems.