En una nota fechada este jueves 10 de noviembre, el senador del PLRA Blas Llano solicitó elevar al pleno de la Cámara Alta el proyecto de resolución “que encomienda a la Contraloría General de la República a efectuar auditorías financieras y de gestión sobre el uso de los recursos destinados para la realización del Censo de Población y Viviendas del año 2022″.
El legislador argumenta que, como es de conocimiento público, ayer 9 de noviembre se llevó a cabo el Censo en todo el territorio nacional y para la realización de la trascendental tarea, “el Estado paraguayo suscribió un contrato de préstamo el 8 de julio del 2021 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento del Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional de Paraguay, por un monto total de hasta cuarenta y tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 43.000.000), a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE)”.
Para Llano, no se pueden pasar por alto “las múltiples denuncias ciudadanas realizadas a través de las redes sociales, en donde manifiestan en su mayoría que pese a cumplir estrictamente con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 6987/2022, de permanecer en sus hogares a fin de ser censados, no pudieron formar parte del Censo porque los censistas nunca aparecieron”.
“La explicación dada en conferencia de prensa por el director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda, del porqué muchas personas quedaron fuera del Censo, simplemente son insatisfactorias, porque no puede atribuir el fracaso a la deserción masiva de voluntarios (que según denuncian lo hicieron por falta de viáticos)”, refirió Llano y agregó que Ojeda, como máxima autoridad, debió declarar “carga pública” la participación de todas las personas que sean convocadas por el INE para cumplir las actividades propias del Censo. “Los funcionarios y empleados de la administración central y entes descentralizados están obligados a prestar su concurso al Censo 2022″, acotó.
Por otro lado, el senador destacó el compromiso de la ciudadanía y lamentó que este haya sido despreciado una vez más por el gobierno de turno, “que haciendo gala de su poco patriotismo y de una mediocridad grosera, no es capaz de estar a la altura de las circunstancias nuevamente, esta pobre gestión ya la vimos a la hora de las negociaciones del Tratado de Itaipú y ni que decir en el manejo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia”.
Llano insiste que conocer el uso dado a estos recursos es de suma importancia para la transparencia que exigen los actos públicos, y teniendo en cuenta que la Constitución Nacional, en su artículo 281 define a la Contraloría General de la República como el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, es que propone que el Senado, resolución mediante, encomiende a la Contraloría efectuar una auditoría en forma urgente al uso que se le dio a los recursos destinados al Censo.
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