El Semáforo de Eliminación de Pobreza, ideado en Paraguay por Martín Burt, continúa expandiéndose a nivel global. En México, la metodología será implementada no solo por empresarios, sino también con el respaldo de la Iglesia Católica, generando cambios profundos en las comunidades vulnerables.

Durante el reciente Encuentro Nacional de Obispos con Empresarios en México, se presentó una versión del Semáforo adaptada a las necesidades locales, el “Semáforo de Desarrollo Inclusivo”. Esta herramienta se enfocará en temas de paz y combate a la pobreza multifactorial, centrándose en las parroquias como puntos de acción comunitaria. Así, la Iglesia, los empresarios y otros sectores se unen para crear un cambio significativo, demostrando que cuando distintos actores sociales trabajan en conjunto, los resultados son más efectivos y duraderos.

Actualmente, el Semáforo está siendo aplicado en más de 60 países, esta innovadora tecnología ayuda a familias a mejorar su calidad de vida con objetivos claros y prácticos; promoviendo la educación financiera, el acceso a servicios básicos y el fortalecimiento familiar, elementos fundamentales para construir una vida digna y sostenible.

La metodología de la Fundación Paraguaya, demuestra además cómo las iniciativas que están basadas en alianzas entre distintos sectores pueden transformar vidas, pero también subraya la importancia del trabajo de la sociedad civil que, en colaboración el sector público y sector privado, ha sido fundamental en fortalecer el tejido social de sociedades prósperas y democráticas.

La Fundación Paraguaya sigue creciendo internacionalmente, prestando asistencia técnica a gobiernos locales, empresas privadas y organismos multilaterales, en países como EE.UU., Inglaterra, Tanzania, Brasil, y otros 56 países, y busca que en Paraguay se afiance la metodología que brinda la motivación, acompañamiento y paquetes de soluciones prácticas para la resolución de problemas socioeconómicos de familias en situación de vulnerabilidad.

El Semáforo desglosa el concepto de pobreza en dimensiones e indicadores que pueden ajustarse al contexto local. Cada indicador utiliza los colores convencionales de un semáforo para indicar diferentes niveles: pobreza extrema (rojo), pobreza (amarillo) y sin pobreza (verde). Utilizando la aplicación móvil o la plataforma web, las familias o los encuestados realizan su autoevaluación.

Este proceso permite que ellos mismos diagnostiquen su propio nivel para cada indicador, reflexionando sobre su situación y haciendo visible las manifestaciones invisibles de pobreza. El objetivo final de la mentoría es la eliminación de la pobreza multidimensional.

Durante una reunión de trabajo, autoridades de la Justicia Electoral y del Instituto Nacional de Estadística (INE), coordinaron gestiones para desglosar datos estadísticos de paraguayos que residen en el exterior.

De acuerdo al informe oficial de la institución electoral, el objetivo del trabajo fue recopilar datos estadísticos de paraguayos que residen en el exterior, con el fin de optimizar la producción de información demográfica y electoral relacionada con los ciudadanos residentes fuera del país.

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El fin es dar cumplimiento a la Ley 6951, aprobada recientemente y que establece la inscripción automática de ciudadanos paraguayos residentes en el exterior en el Registro Cívico Permanente para el pleno ejercicio del derecho al voto.

En la oportunidad, los técnicos de INE presentaron a los representantes del TSJE los números actualizados de paraguayos residentes en el exterior, de acuerdo a los datos proveídos por el INDEC de Argentina, Registro de Población de España, números preliminares de paraguayos en Brasil, referencias de Estados Unidos, Chile y otros países.

A partir de este trabajo conjunto, el INE proveerá al TSJE volúmenes actualizados de paraguayos que viven en otros países, distribución territorial de los mismos, de modo a que la institución electoral pueda gestionar con las embajadas y consulados respectivos el cumplimiento de la referida ley.

Integraron la comitiva de la Justicia Electoral César Sánchez; José Loreto Ovelar y Blas Torales, miembros del Departamento de Electores Residentes en el Extranjero. Así también, miembros del INE a cargo de Norma Medina, directora general de Producción Técnica Estadística; Mirian Graciela Llano del Puerto, directora DED; Milciades Brítez Díaz, director de la Dirección de Difusión y Comunicación.

Asimismo, señalaron que participó Nelly Aurora Ullón, jefa del Departamento de Producción de Información Demográfica y Leticia Rosalía Garrido Colman, jefa del Departamento de Planificación y Monitoreo Censo Población.

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Actores de la oposición han salido al paso para expresar su rechazo hacia el proyecto de ley que busca impulsar un mayor control sobre las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Entre ellos se encuentran el senador Eduardo Nakayama, Agustín Carrizosa y el exintendente de Asunción, Martín Burt.

Los detractores cuestionan la búsqueda de transparencia con la iniciativa legislativa y alegan persecución sobre organizaciones privadas con el proyecto. No obstante, cada uno ya había sido expuesto a través de una serie de publicaciones por sus vínculos con alguna ONG.

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En el caso del senador Nakayama, la Unidad de Investigación de Nación Media detalló la manera en que Celsa Rodríguez, funcionaria de confianza del parlamentario que había sido colocada en su despacho, forma parte de la Fundación de Apoyo a la Educación Tecnológica (Fundatec).

Dicha ONG había firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo para cursos de capacitación durante la administración de Carla Bacigalupo. Recibió transferencias por G. 1.822 millones entre el 2022 y 2023 y el clan familiar de su presidente se constituía como operadores políticos favorecidos con sueldos y honorarios.

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En cuanto a Carrizosa, uno de los asiduos opositores al control para las ONG, se presenta como presidente de la organización Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD). Esta había sido expuesta por rapiñar fondos públicos en pandemia con sueldos para el clan del presidente de la organización.

Así, instalando un esquema de repartija de millones de dólares, publicado por la Unidad de Investigación de Nación Media, entes estatales llegaron a destinar la suma de G. 6.093 millones para el CIRD.

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Esto mientras la ONG actuaba como una agencia de empleos para los familiares de Carrizosa y Francisco Alcaraz, coordinador del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”, una de las iniciativas encaradas por la ONG.

Por otra parte, el exintendente de Asunción, Burt, es titular de la ONG Fundación Paraguaya y acudió el lunes hasta el Congreso con el objetivo de expresar su rechazo hacia el proyecto de control a las oenegés que busca estudiarse en la Cámara de Senadores.

Burt alegó una presunta persecución a las organizaciones, cuando la iniciativa busca aplicar un mayor control sobre el origen del dinero de las ONG, así como el concepto del gasto de las mismas. Esto aparte de aplicar un registro integral sobre cada una de las organizaciones, para tener un detalle específico de cada una.

El senador Gustavo Leite, uno de los proyectistas de la ley que busca aplicar mayor control sobre las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), indicó que todos quienes arremeten contra la aplicabilidad de la propuesta, no deberían preocuparse atendiendo que solo se busca la transparencia.

“Lo único que hemos escuchado de la gente que quiere defender la no transparencia es seguir manteniendo esto en la oscuridad, mientras que nosotros queremos sacar todo ahora a la luz. Hay una diferencia abismal entre un argumento y el otro”, expresó el parlamentario.

El exintendente de Asunción y titular de la ONG Fundación Paraguaya, Martín Burt, había manifestado su rechazo sobre el proyecto de ley, alegando que no se buscará la transparencia alegada y solo se busca censurar a organismos contrarios al gobierno. Al respecto, Leite elaboró una serie de acotaciones.

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Relató así que Burt lo había llamado hace meses para conversar sobre el proyecto de ley, asegurándole que no había nada sobre qué preocuparse, ante lo cual el exintendente respondió que la iniciativa le parecía excesiva. “Pero eso es justamente nuestro objetivo, pues hablamos de organizaciones manejando dinero público”, expresó.

“Yo sé que Martín Burt estuvo diciendo algunas cosas, pero son absolutamente falsas”, refirió el parlamentario sobre los cuestionamientos en torno a la medida legislativa, reiterando la necesidad de contar con una rendición de cuentas más precisa sobre las ONG.

Aclaró además que la propuesta legislativa no responde a ningún tipo de persecución política sobre las ONG, sino todo lo contrario: garantizar la transparencia de las mismas y contar con un mayor control tanto de sus fondos como de los gastos realizados por las organizaciones.

“Lamento mucho que el fin de la carrera política de un amigo como Martín Burt se desdibuje en este tipo de situaciones que no le hacen bien a él, no ayuda a nadie y mucho menos ayuda al debate”, sentenció el congresista a la 1020 AM, lamentando las aseveraciones del exintendente de Asunción.

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